Humala decreta el estado de emergencia en una zona minera

El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia por 60 días en la provincia de Islay, en la costa de la región Arequipa, cinco horas después de conocerse en la capital que durante un enfrentamiento entre policías y manifestantes opuestos al proyecto minero Tía María, murió este viernes un hombre, de 54 años, por un disparo en el pecho. Como reacción, otro grupo atacó la comisaría de Cocachacra, el centro de las movilizaciones de los agricultores que temen el impacto de la actividad extractiva en el valle del río Tambo.

Por la noche del viernes, el primer ministro Pedro Cateriano, acompañado del ministro de Interior, José Pérez Guadalupe, anunció la medida de excepción, que era contemplada desde el 23 de abril por el presidente Ollanta Humala cuando se produjo la primera muerte de un civil por causa de este conflicto, debido a disparos de un policía.

"Conforme lo establece la Constitución y de acuerdo al decreto que establece el estado de emergencia, la Policía Nacional con el respaldo de las Fuerzas Armadas se encargará del mantenimiento del orden público", dijo Cateriano.

Durante el estado de emergencia, quedan restringidos el derecho de interponer habeas corpus o acción de amparo, y quedan restringidas las libertades de reunión, de tránsito, la inviolabilidad de domicilio y la libertad y seguridad personales.

En su administración, Humala ya recurrió al estado de emergencia en 2012, para intentar sofocar el conflicto minero de Conga en Cajamarca -un proyecto de más de 5.000 millones de dólares de inversión para extraer cobre y oro- y que causó cinco muertes de civiles durante las protestas.

El conflicto ligado al proyecto Tía María, emprendimiento de la empresa Southern Copper del Grupo México, inició en 2011, cuando la compañía pretendía usar agua del río Tambo para la operación minera: en aquel año las protestas y enfrentamientos con la policía dejaron como saldo tres muertos civiles. Con el fallecimiento de Collque este viernes, suman tres víctimas civiles en el último mes, además de Alberto Vásquez, un policía de 51 años que murió el 10 de mayo tras varios días de agonía a causa de golpes que recibió y por la falta de equipos de protección.

El viernes 15, en un mensaje a la Nación, el presidente Humala argumentó que el Gobierno no podía suspender el proyecto minero pues el Estado podría enfrentar demandas legales internacionales, y solicitó a la empresa manifestar con claridad su voluntad y “ejecutar acciones concretas” en la zona del conflicto. Minutos después, el presidente ejecutivo de Southern Copper, Oscar Gonzalez Rocha, anunció una pausa de 60 días: “Un intervalo que beneficie a la población, un paréntesis que permita a todos presentar sus inquietudes y temores, identificar las soluciones, convenir el camino y definir las responsabilidades que cada uno debe asumir en un plazo razonable”. El Gobierno espera que la empresa difunda el estudio de impacto ambiental del proyecto y convenza a la población local de que no dañará la actividad agrícola.

Sin embargo, el clima de tensión no amainó. Los medios de comunicación difundieron un audio entre un exconsultor de Southern y uno de los líderes de la protesta, Pepe Julio Gutiérrez, en el cual el abogado ofrece dinero al dirigente para que deponga las movilizaciones. Este viernes, Gutiérrez asistió a una audiencia en la que se decidiría su detención preventiva por posible extorsión, en tanto que Gonzales Rocha declaró el jueves en la Fiscalía y, según el informativo regional El Búho, reconoció que estaba al tanto de las tratativascon el dirigente opuesto a Tía María.