Los campus de Estados Unidos acotan la libertad de expresión

El rapero Big Sean se ha convertido en el último orador de una universidad que se enfrenta a la censura de los estudiantes. Los alumnos de Princeton han pedido el boicot contra su discurso en una de las ceremonias de graduación que se repiten por todo Estados Unidos a lo largo de esta semana. Big Sean puede quedarse sin su oportunidad en Princeton como antes se cerraron las puertas de Brandeis a la activista somalí Ayaan Hirsi Ali, las de Rutgers a la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice, rechazada por su papel en la guerra de Irak, y las de Smith College a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, por las políticas de la organización a las economías más pobres.

Tehila Wenger fue una de las estudiantes que protestó en el diario universitario The Daily Princetonian contra la elección de Big Sean. “Me sentí decepcionada por la decisión de Princeton y enfadada porque los dólares de mi matrícula patrocinen una actuación que como mínimo normaliza y como máximo celebra la misoginia y la homofobia”. Wenger denunció que el rapero retrata a las mujeres en sus canciones como “putas” y su importancia depende de si se han acostado o no con él, “como todas las mujeres de las que habla”.

El llamamiento al boicot de Big Sean en Princeton ha reabierto el debate sobre hasta qué punto los estudiantes pueden rechazar a un orador, sin pisar la raya que separa la censura de la libertad de expresión, y cuál es el papel que deben jugar las universidades. Éstas son las instituciones que marcan el ritmo intelectual del país, pero en los últimos años se han visto acusadas de ceder ante las exigencias de los estudiantes, limitando su exposición a opiniones opuestas.

Desde 1987 se han retirado 145 oradores en EE UU, pero más de 100 casos han ocurrido en los últimos cinco años

La Fundación para los Derechos Individuales en la Educación (FIRE, por sus siglas en inglés) denunció en 2014 que el 59% de las instituciones universitarias cuenta con normas que violan la libertad de expresión. Otro 35% “regula en exceso” este derecho. Ese abuso de regulación justifica el aumento de la censura a oradores por presión estudiantil: desde 1987 se han retirado 145 oradores en EE UU, pero más de 100 casos han ocurrido solo en los últimos cinco años.

Ruth Simmons, expresidenta de la Universidad de Brown y primera afroamericana en liderar una institución de la Ivy League, sustituyó a Lagarde en Smith College el año pasado. “Nuestras voces se ven reforzadas cuando nos enfrentamos a opiniones contrarias”, dijo al recordar que en su etapa universitaria presionó para que mantuvieran a un orador “cuyas afirmaciones eran tan peligrosas como profundamente ofensivas”. El elegido entonces defendía que los afroamericanos hubieran estado mejor si no hubieran abolido la esclavitud, pero de no haberle escuchado, Simmons afirma que “hubiera elegido mi comodidad por encima de una libertad cuyo valor es tan grande que evitar ese discurso hubiera significado pagar un precio demasiado alto”.

El debate sobre la falta de libertad de expresión en nombre de la ‘comodidad’ de los alumnos ha llegado a los pasillos de las universidades, donde los escándalos recientes por la incidencia de abusos sexuales entre estudiantes ha inspirado la creación de “espacios seguros”. Mientras una víctima detalla su experiencia en el auditorio para reivindicar más protecciones, el aula contigua ofrece un refugio ante palabras o posturas que puedan resultar ofensivas o traumáticas para otros.

Nuestras voces se ven reforzadas cuando nos enfrentamos a opiniones contrarias” Ruth Simmons, primera afroamericana en presidir un centro de la Ivy League

“Los espacios seguros son una expresión de la idea, cada vez más prevaleciente entre los universitarios, de que las escuelas deberían prevenir que sean ‘bombardeados’ con puntos de vista incómodos o inquietantes”, explicó Judith Shulevitz en una tribuna para The New York Times. Según la escritora, esos espacios son el equivalente a las notas que algunos profesores incluyen en los programas de sus asignaturas para avisar del contenido de los libros que deben leer los alumnos.

En el nombre de esa protección, sin embargo, las universidades que ceden ante las peticiones de los alumnos podrían estar recortando libertades. “Las universidades tienen una obligación especial de proteger la libertad de expresión, el espacio para la conversación y el valor de la protesta”, dijo Simmons el año pasado. “El choque de opiniones e ideologías forma parte del ADN de las instituciones académicas”.

“Los esfuerzos para garantizar la seguridad y la comodidad de los alumnos -reconocidos por su valor económico como clientes que necesitan ser satisfechos- están subyugando el lenguaje y el pensamiento en favor de sus propios fines”, denunció Joan Scott, profesora de historia de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en un discurso titulado ‘La nueva policía del pensamiento’ y publicado por la revista The Nation.

Scott recuerda que, además de la censura a los oradores, en EE UU también ha habido profesores como Angela Davis, miembro del Partido Comunista que perdió su puesto en la Universidad de California por sus declaraciones en una manifestación en 1970. En los últimos años han sido secretarios de Estado norteamericanos, directores de organismos internacionales, escritores y activistas los que han cedido su lugar a académicos, empresarios y artistas cuyas voces están lejos de ofender a los estudiantes y no empañan ni su fiesta ni el nombre de la Universidad.