Una propuesta indecente

El Gobierno de Santos lidera en el Congreso una reforma de equilibrio de poderes, que tenía por objetivo principal acabar con la reelección presidencial y de todos los altos cargos, lo que en el fondo ha sido la razón de la perversión institucional en los últimos años. Pero el caso del magistrado Jorge Pretelt, presidente de la Corte Constitucional colombiana investigado por acusaciones de soborno, logró un consenso liderado por la congresista Claudia López en torno a la necesidad de crear un tribunal con dientes que reemplazara a la ineficaz Comisión de Acusación para investigar, juzgar y castigar a los altos funcionarios del Estado. La reforma que, además plantea nuevas exigencias para ser magistrado y castiga la indignidad, cayó bien entre quienes lograron un fuero especial y muy mal entre quienes lo pedían.

Las Cortes y el Fiscal General, cobijados en el pomposo nombre de Comisión Interinstitucional, argumentaron que el proyecto en cuestión no resolvía los problemas estructurales de la justicia y propusieron la convocatoria de una asamblea constituyente. Cierto es que la reforma no resuelve temas como la congestión y el acceso, pero el temor fundamental de algunos miembros de esa comisión es que este tribunal sí los puede juzgar. La propuesta es una pataleta de los magistrados para no perder los privilegios, el status quo.

Solo el 15 % de los colombianos aprueba la gestión de las altas cortes, según un estudio

Esta reforma sí resuelve y hace avances porque pone límites a situaciones como las de Pretelt. Los jueces se mantienen autónomos y en los casos de indignidad y de delitos crea mecanismos como la comisión de aforados con control posterior del Congreso y de la Corte Suprema para cada caso. Mejora también la gerencia y la administración de la justicia y en eso tiene razón el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo al acabar con el Consejo Superior de la Judicatura. Hay que evitar sí que se concentre el poder en el proceso de elección de jueces como han advertido el uribismo y las mismas cortes.

La propuesta o pataleta muestra una degradación que explica por qué se mantienen en sus cargos los corruptos, porque vuelven los mismos a las mismas. Hay además otras razones como la de un verdadero cartel de abogados que ayuda a alimentar a sueldo un sistema de complicidades. Y los medios. Una especie de histeria periodística que se levanta por dos semanas tras cada ladrón o corrupto, luego desaparece y el victimario se vuelve víctima, de acusado pasa rápidamente a acusador.

Las cortes hacen su propuesta en momentos en que las encuestas y la opinión consideran que la corrupción es enorme en el sistema judicial. Solo el 15 por ciento de los colombianos aprueba la gestión de las altas cortes según la organización Ipsos Napoleón Franco, que además pide la renuncia de los magistrados.

La intencionalidad al pedir una asamblea constituyente parece que va más allá de buscar un escenario para reformar el sistema judicial. En más de 200 años Colombia ha tenido 7 constituciones. Proponer un cambio constitucional para un tema particular como este, que puede solucionarse por la vía de un acto legislativo genera inestabilidad institucional y desconfianza internacional. Que magistrados con una debilidad moral conocida propongan la constituyente, que también ha pedido el uribismo, en medio de un proceso de paz con las Farc podría cerrar por la vía jurídica espacios que necesitan abrir en el campo político. Es después cuándo se requerirán los ajustes institucionales. O no fiscal?

Ojalá los magistrados entiendan que se ganarán el respeto de los colombianos cuando sean dignos de él así como los guerrilleros deberían saber que no es posible perdonar a quienes mutilan a nuestros hijos y exponen sus piernas como tesoro. Para eso no hay que cambiar la constitución, para eso solo hay que aplicar la ley actual que castiga con más de 40 años de cárcel tras barrotes al criminal.