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Políticas sobre drogas: evidencias y transición

Se dieron en los últimos tres años virajes en las tradicionales políticas antidroga

La VII cumbre de las Américas en Panamá giró en torno a la reconexión entre EE UU y Cuba y, en menor medida, sobre la situación en Venezuela. En esta versión de las cumbres, el problema de las drogas ocupó un espacio menor, a diferencia de la VI Cumbre en Colombia hace tres años.

Si bien la cumbre colombiana viene más a la memoria por el escándalo de las prostis en el hotel Caribe que por otra cosa, lo cierto es que en Cartagena 2012 se dijeron cosas serias e importantes sobre el problema de las drogas ilícitas en el espacio interamericano. En su discurso de bienvenida y apertura el presidente Santos planteó derechamente una “discusión abierta, sin sesgos ideológicos, sin sesgos políticos, rigurosa, y basada en la evidencia sobre los costos y beneficios de cada alternativa”. Si bien el camino recorrido desde esa fecha está lleno de luces y sombras, destacan algunos desarrollos positivos.

El cambio más profundo, rápido y trascendente viene ocurriendo en la política interna estadounidense

Así, se pusieron en blanco y negro un conjunto de análisis y de opciones creativas que iban más allá de un clásico y aburrido “más de lo mismo”. El innovador informe Escenarios para el problema de las drogas en las Américas de la OEA, y la discusión que siguió luego en la asamblea extraordinaria de setiembre del 2014 en Guatemala, no fueron un paso atrás sino un avance hacia una discusión descarnada, realista y más abierta por rutas distintas de la trillada —y fracasada— “guerra contra las drogas”.

Paralelamente, al interior de algunos países se dieron en los últimos tres años enormes virajes en las tradicionales políticas antidrogas. Si bien lo más llamativo puede haber sido el paso hacia la legalización de la marihuana en Uruguay y en tres estados de los EE UU, en realidad el cambio más profundo, rápido y trascendente viene ocurriendo en la política interna estadounidense.

Así, el viraje decisivo en la política de la Fiscalía General —impreso por Eric Holder— fue concentrar la persecución penal con cárcel en los “peces gordos” y no en consumidores o micro comercializadores. Por primera vez en décadas la inmensa población penitenciaria estadounidense disminuye. Paralelamente, mucho más recursos y prioridad a programase salud para tratar el problema de las drogas como un problema de salud y no como uno policial-judicial.

Esto es un proceso que avanza por “aproximaciones sucesivas”. Pues, así como el cambio en la real politik sobre drogas al interior de EE UU viene siendo de trascendencia y profundidad, está aún pendiente su traducción en la política exterior y en la posición de su diplomacia en los foros internacionales.

Por primera vez en décadas la población penitenciaria en EEUU disminuye

En un sentido inverso, en el proceso colombiano, mientras, de un lado, la posición es innovadora y clara en la política exterior, muchos analistas llaman la atención sobre asuntos pendientes en el plano interno. Cierto, que el contexto interno es actualmente indesligable de lo que se pueda avanzar en las conversaciones de paz con las FARC en las que, entre otras cosas, ya se acordó un Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Paralelamente, sin embargo, continúan las aspersiones aéreas con el herbicida glifosato; polémicas, tanto por razones de salud como de costo-beneficio.

La decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de elevar este herbicida a la categoría de posible cancerígeno es el antecedente inmediato de la reciente recomendación tanto del ministro de salud, Alejandro Gaviria, como del Fiscal General Montealegre, al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) de dejar de usarlo. El 14 de mayo se reúne el CNE y se espera que allí se avance en la discusión formal entre ministerios sobre el tema.

A la vez, se cuestiona la “rentabilidad” del glifosato en la destrucción de cultivos de coca.

Un grupo de investigadores de la Universidad de los Andes demostró que para eliminar una hectárea con coca es necesario fumigar 30 hectáreas lo que tiene un costo aproximado de 72,000 dólares; eso parecería tener poco sentido cuando el valor de mercado de la hoja sembrada en esa área apenas alcanza los 400 dólares.