Martinelli pierde el fuero y será juzgado por presunta corrupción

En medio de la avalancha política que vive la capital panameña como sede la VII Cumbre de las Américas, una noticia ha sacudido al país: el Tribunal Electoral de Panamá le quitó el fuero electoral al expresidente Ricardo Martinelli y autorizó que sea juzgado por presuntos delitos de corrupción con un negocio de alimentos para escuelas pobres.

El Tribunal anunció este miércoles que había acogido una solicitud de la Corte Suprema de Justicia de Panamá para juzgar al expresidente por presuntas irregularidades en el manejo de 45 millones de dólares en contratos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), dedicado a la asistencia alimentaria a centros educativos públicos. 

El que fue presidente de su país entre 2009 y 2014—que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 28 de enero—, ya había sido notificado a través de sus abogados. Sin embargo, el exmandatario replicó y, en una gestión de su abogado defensor, el panameño Sidney Sittón, demandó al Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington.

Martinelli solicitó este miércoles a la Comisión que se le concedieran medidas cautelares de protección y alegó que los procesos desarrollados en la Corte y el desafuero dictado por el Tribunal "violan el derecho a la doble instancia debido a la inexistencia del derecho de recurrir a un ente superior", según explicó el abogado. Hay un "doble juzgamiento" por una misma causa, ya que un caso se ventila en la Corte y otro en una fiscalía anticorrupción.

El exjefe de Estado, un próspero empresario de las cadenas de supermercados, entre otros negocios, ha alegado reiteradamente en su cuenta de Twitter que es inocente: "Por persecución política y odio me quieren meter en un lío, a sabiendas de que nada tengo que ver". Asimismo, repetidamente ha acusado a su sucesor, el presidente panameño Juan Carlos Varela, de ser responsable de la campaña de hostilidad judicial en su contra, de violar sus derechos humanos y de ser "más perseguidor que el Gobierno de Venezuela".