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Un caso de presunta financiación ilegal abre en Chile una grave crisis

La fiscalía investiga a una empresa de un exyerno de Pinochet por pagos a políticos

Michelle Bachelet en Guatemala el pasado mes de enero. Ampliar foto
Michelle Bachelet en Guatemala el pasado mes de enero. AFP

Mientras los líderes de los partidos buscan a contrarreloj una salida política a la crisis institucional más profunda que Chile ha enfrentado en las últimas décadas, la opinión pública observa con atención los nuevos capítulos de las tramas que investiga la Fiscalía y que han puesto en jaque al Gobierno, el Parlamento y los conglomerados de derecha y centroizquierda. El ministerio público ha citado a declarar para el miércoles al hijo y la nuera de la mandataria socialista Michelle Bachelet, en el marco del caso Caval, por los negocios millonarios que la pareja gestionaba ante en medio de la campaña presidencial 2013. En paralelo, las esquirlas de la investigación sobre la trama Soquimich —la supuesta financiación irregular de campañas por parte de la empresa del exyerno de Augusto Pinochet— todavía tiene consecuencias insospechadas y parece ser la punta del iceberg de una crisis sistémica que ataca a diferentes sectores.

El Servicio de Impuestos Internos (SII), encargado de aplicar la normativa tributaria en Chile, denunció el pasado jueves ante la Fiscalía a los representantes de la firma minera Soquimich, cuyo principal controlador es Julio Ponce Lerou, un ingeniero que estuvo casado con Verónica Pinochet Hiriart y que en la dictadura (1973-1990) se benefició del proceso privatizador del régimen de su suegro.

El organismo denunció “la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía, al registrar como gasto de su contabilidad 846 documentos tributarios falsos por un monto superior a los 4.340.000.000 de pesos chilenos” (unos 6.455.000 euros). Para respaldar la acción judicial, el SII entregó al ministerio público una lista donde se observan nombres de políticos, familiares de dirigentes, militantes, asesores y funcionarios públicos de esta Administración y de las anteriores que entre 2009 y 2013 emitieron boletas y facturas presuntamente irregulares a esta empresa.

La denuncia indica que por lo menos cinco personas entregaron facturas de honorarios por trabajos que nunca realizaron, que otros tres contribuyentes emitieron documentos a nombre de Soquimich aunque prestaron servicios para una empresa distinta, que existen 144 que dieron facturas de honorarios “presumiblemente falsas” y que 24 sociedades o empresas facturaron a nombre de la minera sin que el SII haya podido encontrar un respaldo.

En este listado —donde se pueden identificar innumerables conexiones con políticos de distintas tendencias y sociedades vinculadas a diferentes partidos— aparece la empresa Servicios y Publicidad La Clínica Limitada que prestó servicios a la campaña de Bachelet en 2013, aunque el Gobierno ha señalado que la factura con que se pagaron esos trabajos no es investigada y fue aprobada por el Servicio Electoral. En la nómina también se observan dos empresas —Administradora Bancorp S.A. y Vox Populi S.A— vinculadas al expresidente Sebastián Piñera (2010-2014).

Al margen de los efectos políticos de la noticia de que el centroizquierda haya sido supuestamente financiado por la empresa del exyerno de Pinochet, las 173 personas y sociedades nombradas en esta denuncia no necesariamente son culpables de algún delito. La Fiscalía deberá investigar estos nuevos documentos, que se suman a los que el SII les hizo llegar el pasado 24 de marzo, que también contenían algunos nombres de políticos.

Pero aunque el ministerio público deberá separar los trabajos que están en regla de los fraudulentos, y recibir eventualmente información adicional que podría afectar a otros dirigentes, los antecedentes dan cuenta de que existen casos en el que el dinero presuntamente llegó a los partidos.

“No presté ninguna contraprestación a Soquimich”, declaró al SII Trinidad Subercaseaux, nuera del exparlamentario Cristián Leay, del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI). “El dinero sí lo recibí mediante un vale vista por 5.000.000 pesos (unos 7.400 euros) y luego se lo entregué a mi suegro”.

La clase política parece inmovilizada ante la crisis desatada por Soquimich, una de las aristas del caso Penta sobre financiación ilegal de campañas y evasión de impuestos, que afecta sobre todo a la derecha y tiene a importantes empresarios en prisión preventiva desde el 7 de marzo. Sin embargo, los líderes de los partidos han comenzado a sostener conversaciones para alcanzar un acuerdo transversal que permita una solución política para enfrentar la investigación del ministerio público, según publicó el periódico La Tercera este fin de semana.

Mientras los salpicados por el caso Soquimich se han apurado en aclarar públicamente que los pagos de la minera se efectuaron por trabajos realizados, portavoces de la Nueva Mayoría de centroizquierda y la Alianza de derecha han criticado las filtraciones y el trabajo de los fiscales. “Tenemos que evitar todo lo que significa el fusilamiento de las personas de personas en la plaza pública”, señaló al diario El Mercurio el presidente democristiano, Ignacio Walker. En la misma línea, el líder de la UDI, Javier Macaya, indicó: “Hemos visto cómo el trabajo del ministerio público tiene a Chile haciendo metástasis política”.

Estas posturas se contraponen a una posición de minoría: la de los dirigentes que abogan por que se investigue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga.

El respaldo a Bachelet se desploma

Cuando a finales de enero el Gobierno chileno cerró con éxito su primer período legislativo y la opinión pública tenía su mirada puesta en el caso Penta, el escándalo de financiación ilegal que afecta sobre todo al partido de derecha UDI, resultaba impensable que en pocas semanas el escenario político se transformaría y la presidenta, Michelle Bachelet, debería enfrentarse a un escándalo en el seno de su intimidad por los negocios millonarios de su primogénito, Sebastián Dávalos.

Elegida por segunda vez en diciembre de 2013 con un 62% de los votos, el caso Caval ha hecho descender el respaldo a la socialista a un 31%, según la última encuesta Adimark, ocho puntos menos que el mes anterior. Su desaprobación, de un 61%, es una de las peores cifras de popularidad de la jefa de Estado en sus dos Administraciones.

En un país presidencialista como Chile, donde Bachelet gozaba incluso de mayor margen individual que el de sus antecesores, el Gobierno ha entrado en una crisis política profunda y en un inmovilismo que no consigue superar. Desde que a comienzos de febrero la prensa hizo públicos los millonarios negocios de especulación inmobiliaria de su hijo y su nuera, que el miércoles deberán declarar por primera vez ante la fiscalía, el Ejecutivo parece haber perdido el control de la agenda apenas un año después de haber asumido el poder. El liderazgo de Bachelet y el objetivo de su segundo período, la lucha contra la desigualdad, se han visto dañados con esta trama, lo que resulta especialmente complejo para un Gobierno reformista que pretende realizar transformaciones estructurales profundas en solo cuatro años (2014-2018).

La principal incógnita no es el daño que el caso Caval produce a Bachelet, sino si este daño es o no reversible. Mientras el ministerio público indaga los delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en los negocios de su hijo y su nuera, a Bachelet se le critica que hasta ahora no haya realizado una condena explícita y directa de los hechos.

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