El negocio del juego irrumpe en la pugna presidencial de Argentina

Es medianoche de un jueves en Buenos Aires y en un restaurante un comensal pide una parrillada completa. Trabaja en una de las grandes compañías de juegos de azar que han expandido en las últimas tres décadas este negocio en Argentina. Confiesa lo que periodistas y políticos sospechan o saben: parte de lo recaudado por las tragaperras en casinos, bingos y otras salas de juego escapa al control del Estado y una porción de ese dinero financia supuestamente campañas electorales.

Accionistas y ejecutivos de juegos de azar suelen aparecer en la lista de donantes oficiales de políticos de casi todos los colores. "Pero también hay dinero negro que financia a la política. Los casinos mueven todo en efectivo, les pueden dar plata ya a los políticos para organizar mañana un acto", asegura el periodista Ramón Indart, que junto con su colega Federico Poore publicó el libro El poder del juego. El gran negocio de la política argentina (Aguilar).

El exdiputado Walter Martello, autor del libro No va más. Los vínculos entre el juego y la política en la provincia de Buenos Aires, opina: "El problema no es cuánta plata ponen, sino la íntima relación que tienen los actores poderosos del juego con los políticos". Empleados de estos grupos acaban en cargos públicos. En Argentina, el 85% del juego se reparte a los apostadores; en España, no más del 65%

El periódico La Nación contó que los equipos de recaudación de fondos de los tres principales candidatos presidenciales para las elecciones de octubre, el kirchnerista moderado Daniel Scioli, el peronista opositor Sergio Massa y el conservador Mauricio Macri, "se acusan de recibir bolsas semanales del juego” e “incluso deslizan los nombres de los supuestos valijeros”, es decir, los que llevan las maletas con dinero no declarado al fisco. Massa, no obstante, ha sorprendido con una propuesta para estatalizar el juego. "Necesitamos un país con más educación y menos timba", dijo.

También Gabriela Michetti, rival interna de Macri en el partido Propuesta Republicana (Pro), defendió este fin de semana que "hay que poner absoluta restricción al juego". Candidata a suceder a Macri en la alcaldía de Buenos Aires en las primarias del próximo día 26, Michetti advirtió: "Si no, vamos a tener, por un lado, a los narcotraficantes; por otro, a los empresarios del juego. Cada uno va a tener fortunas impresionantes y el nivel de competencia con el Estado va a ser brutal".

En Argentina, la ley exige que el 85% de lo recaudado en juegos de azar revierta en los premios. El 15% restante se reparte entre las empresas concesionarias de salas de juego y los Estados nacional o provincial, en proporciones que cada distrito establece. En España el máximo que puede repartirse en premios es el 65%, aunque algunas comunidades autónomas solo permiten el 54%. En Italia y México los apostantes solo pueden llevarse el 75%. "La gran clave del negocio es ese 85%", sospecha Martello, que pertenece al Frente Renovador de Massa.

La Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos se defiende de las acusaciones. "No hay industrias con controles similares a la nuestra. Siempre hay oportunidades de mejoras, pero en la provincia y la ciudad de Buenos Aires se avanzó un montón", afirman fuentes de la patronal, que añaden que si hubiese fraude o financiación ilegal de políticos, "habría evidencias en la justicia".

Argentina es el cuarto país del mundo en pérdidas de la población por apuestas en relación con el PIB, solo detrás de Filipinas, Armenia y Australia, según el libro de los periodistas Indart y Poore. Tiene una tragaperras por cada 570 habitantes, frente a una máquina por cada 1.569 en Chile, 644 en Uruguay y 453 en EE UU. Brasil prohíbe el juego. En España, la empresa local Codere cuenta con un 58% más de máquinas que en Argentina, pero factura un tercio que aquí. En México tiene el doble de tragaperras que en territorio argentino, pero sus ventas suponen el 69% de las de aquí.

El empleado de uno de los grandes grupos del juego en Argentina cuenta en la parrila de Buenos Aires que estas empresas tienen diversos métodos para hacerse de las apuestas sin control estatal. “Una es declarar que tenés 200 máquinas, pero en realidad tenés 300”, cuenta el informante en la parrilla porteña. El Estado nacional, la ciudad autónoma de Buenos Aires y diversas provincias controlan en línea todas las tragaperras, que se han convertido en el negocio principal de hipódromos, casinos y bingos. “¿Pero quién controla que todas las máquinas estén controladas online? Las autoridades están arregladas con las empresas para hacer la vista gorda”, responde el empleado infiel. “Hay menos máquinas declaradas que las existentes”, coincide el periodista Indart.

Otro método de fraude, según el empleado del sector, radica en alterar el sistema informático de las máquinas. “Desenchufan las máquinas y las vuelven a enchufar en el medio del día y así alteran su programación y terminan entregando menos premios de lo establecido”, cuenta Indart.

“Cada distrito tiene su arreglo para controlar la recaudación”, explica Indart. “Algunas provincias se llevan un porcentaje y controlan ‘online’ las máquinas. Pero hay otras que solo le piden un canon fijo mensual a las empresas y entonces se desentienden del control. A su vez, en estos casos las empresas hacen una declaración jurada de sus ingresos y a partir de eso pagan el impuesto a las ganancias (renta)”, alerta el periodista. El canon fijo impide que la recaudación se actualice por inflación o por el crecimiento de la pasión de los argentinos por el juego. Indart tampoco confía en los controles en línea. Sin embargo, un juez desestimó a finales de 2014 irregularidades en el monitoreo de las máquinas del hipódromo de Buenos Aires, entre cuyos accionistas figura un empresario que ya era grande antes del kirchnerismo pero creció mucho más en los últimos 11 años, Cristóbal López.

En la provincia de Buenos Aires, donde gobierna el kirchnerista Scioli, la que controla es la Universidad Nacional de La Plata y por eso Indart opina que constituye un “oasis” dentro del universo de las salas de juego. Pero Martello opina que este distrito no es la excepción: “La Universidad de La Plata nunca ha encontrado ni una sola irregularidad… Scioli convocó a la Universidad de Buenos Aires a hacer el control en conjunto, pero ésta desistió de hacerlo”.

Martello señala que hasta la sentencia de 2014 solo conocía una pericia que la justicia hacía hecho a una tragaperras. Había sido por la denuncia de una mujer que ganó en 2012 unos 3,7 millones de dólares en un bingo bonarense, que le respondió que se trataba de un error de la máquina y le ofreció abonarle solo 480 dólares. “La pericia judicial determinó que esa máquina no estaba bajo el control ‘online’, había sido apagada y le habían retirado dinero sin avisarle a Lotería de la Provincia (ente regulador)”, denuncia el dirigente opositor.