La ‘metida de mano’ en la Corte Interamericana

"¿Dónde esta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? En Washington. ¿Quién la financia? Estados Unidos. Pero Estados Unidos no ha firmado la Convención. Paga para controlar a los delincuentes que somos los latinoamericanos".

En esos términos Rafael Correa, se refiere al sistema interamericano. Pero en la práctica, estas descalificaciones no son solo rabietas de un momento, sino parte de todo un andamiaje que ha montado para cubrir su retirada. Al polémico mandatario le preocupan los juicios que en su contra han emprendido y emprenderán varios activistas, estudiantes, indígenas, periodistas, opositores, perseguidos, encarcelados y allanados.

En efecto, el correísmo está de salida y en esa línea quiere dejar un sistema interamericano propio para evadir a la justicia internacional y controlar la andanada de juicios que se le vendrán por serias acusaciones de violaciones a derechos humanos que solo están encubiertas momentáneamente tras el poder que ostenta. El ALBA, la CELAC y otros organismos apuntan en esa línea. No por nada recientemente se inauguró al norte de Quito el edificio de la UNASUR -bautizado con el nombre de Néstor Kirchner- cuyo costo de construcción fue de 43,6 millones de dólares, pagados con dinero de los contribuyentes ecuatorianos y cuya recuperación proporcional del resto de países aportantes, es incierta.

"Dicen que vamos a meter las manos a las cortes...por supuesto que las vamos a meter". Esta es la frase emblemática de Correa con la que advirtió que se tomaría la justicia en el Ecuador, como en efecto lo hizo. Así dio inicio al desmantelamiento constitucional y consolidó la cooptación de todos los poderes del Estado en sus manos.

Necesita controlar el sistema interamericano para erigirse como el nuevo líder del chavismo en la región ante la ineptitud de Maduro

De igual forma, ahora quiere exportar el sistema de control judicial de Ecuador al sistema interamericano. Lo necesita. Para erigirse como el nuevo líder del chavismo en la región ante la ineptitud de Maduro, la decadencia de Cristina y la decrepitud de los Castro; y desde luego para mantener impunes las violaciones a los derechos humanos, persecución a periodistas y empresarios, solo le falta asegurarse que ninguna corte internacional lo juzgará. Por eso es que ahora pretende meter las manos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, postulando como Juez a Patricio Pazmiño, un fiel servidor de Carondelet, que desde su silla de Presidente de la Corte Constitucional del Ecuador no ha hecho más que complacer todos y cada uno de los pedidos del Presidente.

Si muchos argentinos objetan al candidato que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner postuló a la Corte IDH —Eugenio Zaffaroni, sobre quien pesan acusaciones de un oscuro pasado durante la dictadura y una red de rentables burdeles— los ecuatorianos nos horrorizamos de Patricio Pazmiño, quien ha convertido a la Corte Constitucional en un comisaría de segundo orden. La corte ha sido estigmatizada bajo su mandato por atender de inmediato y favorablemente cuanta pretensión ha tenido el poder Ejecutivo, sin importar la violación a la Constitución que, paradójicamente y en teoría, deberían defender. No obstante, miles de otras demandas duermen el sueño de los justos y los jueces no se inmutan siquiera del acumulado que pesa sobre las estadísticas de esa Corte.

Pero hay mas: Pazmiño llegó a la Corte designada por el Congreso Nacional en 2007, órgano parlamentario que fue disuelto en noviembre del mismo año. Aprobada la Constitución en 2008, se irrespetó el "régimen de transición" que se había aprobado junto a la Constitución en referéndum y la Corte entonces en funciones se "autodesignó" para erigirse como la primera Corte al amparo de la nueva Constitución y lo hizo entre gallos y medianoche, sin base constitucional ni legal alguna.

Además, fue Pazmiño quien le hizo juego al régimen y sacramentó la "Ley Mordaza" o Ley Orgánica de Comunicación, que califica a la información como servicio público y que desde su puesta en práctica ha sido utilizada para multar medios de comunicación, censurar periodistas y llevarlos a la justicia cuando fuere necesario, conforme el diseño persecutorio del correismo. Dicha Ley entraña una singular forma de "administrar justicia" por fuera de los órganos de la función judicial, impulsando sobre todo causas de oficio para imprimir su marca intimidatoria en los medios de comunicación independientes y la inmensa mayoría de sus "fallos" son mamotretos sin sustento alguno.

La Fiscalía General, Pazmiño y los jueces de la Corte Constitucional, son quienes como apéndice del Ejecutivo se encargan de darle "forma legal" a la persecución a opositores, periodistas, incluso caricaturistas, disidentes o a quienes denuncian la corrupción, mediante sus acomodados fallos.

Con el control total de la justicia ecuatoriana, a los ciudadanos no les queda otro camino que recurrir al sistema interamericano con la legítima aspiración de que jueces independientes y neutrales juzguen los hechos sometidos a su conocimiento.

Con el control total de la justicia ecuatoriana, a los ciudadanos no les queda otro camino que recurrir al sistema interamericano 

"Desde que el mundo es mundo, el que financia es el que pone las condiciones". Otra de las máximas de Correa que devela su objetivo oculto tras la reciente e insólita donación de 1 millón de dólares a la Corte IDH. Es sospechoso, por decir lo menos, que quien ha cuestionado con tanta rabia e ironía al sistema interamericano súbitamente aparezca a hacer una donación tan cuantiosa que quizá le permita imponer sus "condiciones" -parafraseando sus propias expresiones-.

Justo dos días antes de la curiosa donación, Patricio Pazmiño se reunió con Humberto Sierra (actual juez de la Corte IDH) y con el pleno de la corte para anunciarles la decisión del mandatario y su notable generosidad -con dinero de nuestros impuestos- es decir, generoso con lo ajeno. Pero lo mas grave y criticable es la genuflexión que Humberto Sierra hace al mandatario ecuatoriano en la carta de invitación en la que destaca "reconocer la trayectoria del señor presidente en la defensa y promoción de los derechos humanos".

¿Cómo se explica que un juez que potencialmente tendrá en sus manos causas contra Correa, se anticipe a declararlo en una condición que ni de lejos ostenta? Como dice el viejo refrán, "por la plata baila el perro y por el oro, el perro y la perra". Pero además Sierra adelanta criterios que lo inhabilitan y despojan de cualquier credencial ética para pronunciarse en casos de violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Correa.

El control de la Corte IDH es clave para Correa, indudablemente. Con Pazmiño, y un millón de razones que recibió Humberto Sierra, ¿podrá lograrlo?

Andrés Páez Benalcázar es Legislador de la Asamblea Nacional de Ecuador