Grecia pide 1.900 millones urgentes a cambio de acelerar siete reformas

Europa exige reformas a cambio de dinero. Y Atenas reclama ese dinero para ya mismo a cambio de acelerar las primeras reformas, entre ellas alguna tan llamativa como la constitución de una “misión especial no permanente” de “testigos” o vigilantes fiscales reclutados entre “amas de casa, estudiantes e incluso turistas en las áreas donde más se defrauda”, esto es, el sector servicios. El Gobierno griego presentará el lunes al Eurogrupo un paquete de siete medidas —entre ellas la citada— a cambio de que los socios liberen con rapidez un primer tramo de ayuda financiera de hasta 1.900 millones de euros, procedentes de los beneficios de las operaciones con deuda griega efectuadas por los bancos centrales.

Grecia pagó la semana pasada un vencimiento de deuda al mecanismo de rescate europeo, y este viernes 310 millones al FMI en concepto de primer tramo de marzo, del total de 1.600 millones pendientes este mes. Pero el dinero se acaba.

Ante ese escenario, el Ejecutivo de Alexis Tsipras cambia de estrategia: acelera la presentación de las reformas e inicia una nueva gira diplomática —el primer ministro visitará el miércoles y el jueves próximos Bruselas y París— para que la eurozona acuda al rescate con dinero fresco. El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha sugerido en público que se puede adelantar parte del dinero de los beneficios de los bancos centrales, los citados 1.900 millones. “Grecia le ha tomado la palabra y presenta de forma acelerada esa lista de reformas para que se haga el pago cuanto antes”, explicó a este diario un ministro del Eurogrupo. El Gobierno griego no ha confirmado ni desmentido esta información.

Nada de eso va a ser fácil. El ministro de Finanzas heleno, Yanis Varoufakis, envió este viernes una carta con las reformas que pretende aprobar Grecia de inmediato, pero “el imprescindible trabajo técnico no está hecho y los ministros del Eurogrupo no pueden tomar una decisión política sin esos deberes hechos”, indicaron fuentes europeas ayer en Bruselas.

El Eurogrupo da por hecho que Varoufakis hará una oferta el lunes. Pero el grupo de trabajo previo a esa reunión —a nivel de secretarios de Estado o directores del Tesoro— se ha reunido para estudiar las propuestas de Atenas y concluyó que son aún demasiado difusas. Son siete, una más de las previstas inicialmente. La primera, dar más poderes al Consejo Fiscal, una autoridad independiente que examine el gasto público (y a cuya creación había instado el FMI hace un año, pero que nunca llegó a entrar en funcionamiento). Dos: preparar un presupuesto y aprobarlo con una nueva ley orgánica, con el objetivo de un techo de gasto anual. Tres: poner en marcha una agencia que se haga cargo de la lucha contra la evasión fiscal. Cuatro: modificar la legislación relativa a los retrasos en los pagos de deuda. Cinco: regular el juego online mediante la venta de licencias (con lo que se espera recaudar al menos 500 millones al año). Seis: reducir la burocracia y mejorar el clima económico con una mejora de los servicios públicos. Y siete: combatir la crisis humanitaria con una tríada de medidas de gasto (comida, techo, luz) anunciadas en la campaña electoral, con un coste de 200,29 millones de euros que se esperan sufragar con recortes en los gastos de la Administración.

Atenas quiere el dinero obtenido por los bancos centrales en operaciones con bonos griegos

Con todo, uno de los puntos más sorprendentes de esta lista de reformas es la constitución de un “equipo especial no permanente” de ojeadores o testigos de los fraudes en el pago del IVA en el sector servicios, según figura en la carta de 11 folios en inglés que el ministro Varoufakis envió ayer a Dijsselbloem. Sin embargo, la lista de reformas en lengua griega divulgada ayer en Atenas por fuentes gubernamentales omite los detalles relativos a la constitución de este cuerpo especial de inspectores o vigilantes amateurs, que se reclutarán entre estudiantes o amas de casa, e incluso entre turistas en aquellas zonas donde se elude de manera generalizada el cobro del IVA. Tras recibir una formación básica, estos testigos, que serán contratados por un periodo no superior a dos meses y cobrarán por horas, se harán pasar por consumidores y podrán recurrir a grabaciones de audio o vídeo para documentar los fraudes.

Precisamente para incentivar el pago del IVA, desde 2011 es obligatoria la emisión y entrega de una factura o tique por cada transacción en el sector servicios, uno de los más proclives al fraude. La constitución de un grupo de inspectores “sin carácter permanente” había sido adelantada esta semana por los medios locales pero, según varios expertos consultados, “constituye una verdadera incógnita, sin saber cómo funcionará y de qué mecanismos se valdrá para lograr su objetivo”.