La reforma sanitaria de Obama vuelve a dividir al Tribunal Supremo

La reforma sanitaria del presidente Barack Obama volvió a ser este miércoles el centro de las deliberaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos. La resolución del último de los casos judiciales relacionados con la ley más ambiciosa del mandatario demócrata, aprobada hace ya cinco años, puede dejar sin seguro médico a cerca de siete millones de ciudadanos que pudieron contratarlos gracias a las subvenciones públicas.

La demanda que ha llegado hasta los nueve jueces de la máxima instancia judicial del país representa un nuevo intento del Partido Republicano para impedir el funcionamiento de la reforma. Desde 2010, los conservadores han respaldado diferentes recursos para llevar ante la justicia el texto de la legislación. En 2012, sufrieron una importante derrota cuando el Supremo reafirmó la constitucionalidad de la ley. Dos años después, los magistrados aceptaron un caso que vuelve a tener posibilidades de derribar la reforma por completo.

Los nueve jueces escucharon este miércoles los argumentos de la Administración Obama, en defensa de la ley, y los cuatro demandantes en su contra. Son ciudadanos del Estado de Virginia que consideran que sin acceso a las subvenciones creadas por la legislación, no podrían costear el precio de una póliza médica y por lo tanto quedarían exentos de comprarla -como les obliga la ley-, como de pagar la multa que deben abonar los ciudadanos sin seguro.

La reforma sanitaria de 2010 implementó dos medidas para garantizar que los estadounidenses tenían cobertura médica. La primera, conocida como el mandato individual, obligaba a los ciudadanos a contratar una póliza o enfrentarse a una penalización en forma de impuestos. La segunda establecía la creación de mercados de seguros a nivel estatal para abaratar su coste. El Gobierno federal se comprometía además a proporcionar esos mercados de pólizas en aquellos estados que se negaran a participar en el sistema. Es el caso de 34 estados de todo el país, donde el sistema federal ha ayudado a contratar cobertura médica a nueve millones de ciudadanos.

¿Qué deberá decidir el Tribunal?

La clave de este caso está en apenas cuatro palabras escondidas en las 2.700 páginas de la legislación. La ley estipula que los subsidios para comprar pólizas solo se pueden proporcionar a los ciudadanos que las adquieran a través de los mercados “creados por los estados”. Los denunciantes aseguran que, dado que Virginia ha implementado el sistema federal, no el de los estados, no deberían tener acceso al subsidio y el seguro sería demasiado caro para su nivel de ingresos, por lo que no deberían estar obligados a comprarlo y quedarían también exentos de abonar la multa.

¿Qué han declarado los jueces?

Los nueve miembros del Tribunal se mostraron divididos ante los argumentos. Mientras que los más progresistas parecen respaldar a la Administración Obama, alertando de las posibles consecuencias “desastrosas” -en palabras de Ruth Ginsburg-, si se anulan los subsidios, los conservadores defendieron la interpretación más estricta de la ley. El voto clave puede depender, una vez más, del presidente del Tribunal, el juez John Roberts, quien ya decidió la constitucionalidad de la reforma en 2012. Tres años después de aquel caso, la juez Elena Kagan calificó las demandas contra la ley como “una saga interminable”.

¿Qué defienden los demandantes y la Administración Obama?

Los jueces deberán decidir si se debe interpretar la ley de la manera más estricta, proporcionando los subsidios en los mercados estatales, pero no cuando éstos sean sustituidos por uno federal; o si hacerlo dentro de un contexto, como defiende la Administración Obama. El abogado del Estado defendió este miércoles que la legislación estableció que los mercados federales actuarían en sustitución de los de los estados, cuando éstos se negaran, por lo que son equivalentes y deben regirse por las mismas condiciones y los subsidios son legales.

¿Qué consecuencias puede tener el caso?

La sentencia del Supremo, que llegará el próximo mes de junio, determinará si casi siete millones de personas con pocos recursos económicos seguirán recibiendo los subsidios que les permitieron adquirir seguros médicos. La decisión puede tener un efecto dominó, ya que gran parte del éxito de la reforma radica en que cuantas más personas compran una póliza, más se abarata su coste. Si siete millones de ciudadanos pierden la subvención y dejan de pagar esa póliza las empresas aseguradoras pueden subir el precio al resto de los asegurados, que a su vez podrían darse de baja.

¿Qué ocurrirá si los subsidios son considerados ilegales?

“Si la Corte decide en nuestra contra, estudiaremos nuestras opciones, pero no quiero anticiparme”, declaró el presidente Obama el pasado lunes. De considerar ilegales los subsidios, la Administración y el Congreso deberán responder a cuestiones como cuál es la vía para devolver los subsidios que ya se han abonado o cómo facilitar que millones de personas recuperen el seguro médico al que accedieron gracias a la reforma sanitaria.