Muere el fiscal que enjuició a los líderes de la dictadura argentina

“Señores jueces: nunca más”, fue la frase más célebre del fiscal federal Julio César Strassera, que acusó a los integrantes de las juntas militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983. Y los magistrados condenaron en aquel juicio histórico de 1985 a prisión perpetua al dictador Jorge Videla (1976-1981) y al exjefe de la Marina Emilio Massera, además de otras penas menores a tres cabecillas del régimen. Aquel fiscal nacido en Buenos Aires en 1933 falleció este viernes en la misma ciudad a los 81 años.

En los últimos 12 años de gobiernos kirchneristas, se mostró como un férreo opositor y crítico de lo que él consideraba un avance del poder político sobre la justicia. Estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires, donde también fue profesor. Casado y con dos hijos, ingresó en la década del 60 en la carrera judicial. En la última dictadura que sufrió Argentina, fue fiscal y, como tal, fue de los pocos que presentó 'habeas corpus' para pedir al Estado por el paradero de desaparecidos. No obstante, como reacción a sus críticas al kirchnerismo, la presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, recordó cierta vez que algunos familiares de víctimas del régimen se habían quejado de Strassera porque en otros oportunidades se había negado a presentar esos recursos ante la justicia.

En 1983 regresó la democracia a Argentina y el entonces presidente, el radical (centrista) Raúl Alfonsín, nombró a Strassera como fiscal del tribunal que dos años después juzgaría a las juntas militares. Este abogado seleccionó para su acusación a los jerarcas 300 de los numerosos casos de violaciones de los derechos humanos mencionados en el informe llamado ‘Nunca más’ que elaboró la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas (Conadep) entre 1983 y 1984. En un juicio celebrado en tiempos en que los militares aún conservaban mucho poder, Strassera pidió la condena de Videla y sus secuaces: "Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: nunca más”.

Strassera se opuso después a las leyes impulsadas por Alfonsín para perdonar a los mandos medios e inferiores de la represión dictatorial, las de punto final (1986) y obediencia debida (1987), en medio de la agitación militar. Esas dos normas fueron derogadas por impulso del Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y es así que 370 responsables de delitos de terrorismo de Estado han sido condenados desde entonces.

Pese a su crítica a Alfonsín, aquel presidente argentino nombró en 1987 a Strassera como embajador ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Allí permaneció hasta el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), cuando renunció al cargo como rechazo a los indultos que este líder peronista de derecha otorgó a los condenados del juicio contra las juntas militares.

Se mostró como un férreo opositor del Kirchnerismo

Desde entonces, Strassera trabajó como abogado y fue activista de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), una ONG argentina que combatió contra el régimen. Se afilió a la Unión Cívica Radical (UCR) en 2003. Reapareció en la escena pública al año siguiente después de que el peronista de izquierda Kirchner pidiera perdón a los ciudadanos, "en nombre del Estado argentino, por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades”. Strassera le respondió: "Me parece de una injusticia notoria, porque si algo se hizo, si algo marcó un inicio, fue el juicio a las juntas militares. Entonces eso no es hacer silencio”. El exfiscal acusó a los Kirchner de “adueñarse” de la causa contra la dictadura y de haberse enriquecido como abogados en aquellos años de plomo.

Pero el enfrentamiento sería más duro contra las reformas judiciales que ha emprendido Fernández. “Pretenden colonizar el Poder Judicial”, decía Strassera. "Vivimos en un gobierno de ladrones y con el nuevo Código Procesal Penal quieren garantizar su impunidad”, lamentaba Strassera el año pasado.