Una ley que da más poderes a la policía divide a Turquía

Dice mucho de la polarización que vive Turquía que un debate sobre una nueva ley de seguridad acabe con varios heridos. Así ocurrió la semana pasada en las primeras jornadas de tramitación parlamentaria del proyecto presentado por el Gobierno del islamista moderado Ahmet Davutoglu: los diputados se liaron a puñetazos y cinco de la oposición terminaron en el hospital.

Sin embargo, pese a las peleas y a las críticas que el texto ha cosechado en casa y en el exterior, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha avisado de que el llamado “paquete legal para proteger las libertades” se aprobará “de un modo u otro”. Este fin de semana, la mayoría absoluta de la que goza el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) permitió que los primeros artículos recibieran el visto bueno del hemiciclo, mientras los restantes serán votados en los próximos días.

El Gobierno del AKP considera necesario reforzar a la policía dado el incremento de manifestaciones violentas, pero la oposición denuncia que se trata de un paso más hacia el autoritarismo, en línea con lo acontecido en Turquía desde las multitudinarias protestas de Gezi, en verano de 2013, que pusieron contra las cuerdas al Ejecutivo hasta que éste decidió emplear mano dura para acabar con ellas. Desde entonces, al Gobierno no le ha temblado la mano a la hora de ordenar el cierre de redes sociales o páginas web cuando desde estas se atacaban las políticas oficiales o incrementar la presión sobre los medios de comunicación.

“Estoy muy preocupado por la propuesta”, escribió recientemente el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks: “La reforma de la policía resulta imperativa desde hace tiempo en Turquía (…) pero el proyecto de ley parece incrementar los poderes de la policía sin reforzar los necesarios controles independientes sobre sus acciones”. En varias ocasiones, el Tribunal de Estrasburgo ha llamado la atención sobre este punto y, de hecho, la mayoría de muertes de manifestantes a manos de la policía en los últimos años han quedado impunes.

Entre las cuestiones más polémicas de la nueva ley destaca el hecho de que la policía no necesitará órdenes judiciales para llevar a cabo registros, ordenar la detención de un sospechoso durante 48 horas —sin que pueda contactar con su abogado o un médico— o llevar a cabo escuchas telefónicas durante dos días. Los delegados provinciales del Gobierno asumirán ciertos poderes que ahora corresponden a la Fiscalía y podrán ordenar investigaciones policiales, así como decretar la suspensión de derechos básicos en determinadas situaciones.

Además, a los agentes se les permitirá usar armas de fuego en caso de que se intente atacar edificios públicos. En cuanto a los manifestantes, se incrementan las penas de cárcel para aquellos que se cubran la cara o lleven insignias de organizaciones ilegales, y se equipara el uso de cócteles molotov, tirachinas o petardos al de armas letales. La normativa “no ha sido consultada con la sociedad civil”, explica Andrew Gardner, de Amnistía Internacional, y “empeorará la actual situación” en cuanto a la negación del derecho de reunión o la falta de control sobre la policía.

En las últimas semanas miles de personas —muchos de ellos juristas— se han manifestado en varias ciudades de Turquía para reclamar que el Ejecutivo dé marcha atrás en una ley que, según la Asociación de Abogados Contemporáneos, pretende “convertir el Estado de derecho en un Estado policial”. En los últimos años y a medida que desarticulaba al Ejército como actor político, el Gobierno del AKP ha incrementado los poderes de la policía, una institución en la que, al contrario que en la primera, los islamistas sí han encontrado cabida.