El opositor Leopoldo López cumple un año preso de la justicia chavista

El 18 de febrero de 2014, miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas vestidos de blanco y ondeando banderas tricolor para apoyar al político opositor Leopoldo López, tras conocerse que había una orden de captura en su contra. Entre gritos y lágrimas, algunos de sus seguidores le rogaban que no se entregara. “Yo me presento ante una justicia injusta”, gritó por megáfono, antes de presentarse voluntariamente ante la Guardia Nacional, que lo llevó en una tanqueta blindada.

Desde entonces, López ha estado recluido en la prisión militar de Ramo Verde y solo le permiten salir cuando tiene que asistir a las audiencias del juicio en su contra. El político está acusado de ser el responsable intelectual de la violencia del 12 de febrero, cuando una manifestación pacífica terminó en actos vandálicos contra la sede de la Fiscalía General, la quema de vehículos oficiales y la muerte de dos manifestantes a manos de agentes de seguridad del Estado. Aunque López ya se había retirado del lugar cuando sucedieron los hechos, le imputan los delitos de conspiración, incitación a delinquir, intimidación pública, incendio y daño a la propiedad pública, homicidio agravado premeditado y terrorismo. Al poco tiempo de empezar el proceso, le fueron retirados los cargos de homicidio y terrorismo. Aunque se supone que las audiencias son públicas, la entrada ha sido vetada a todos los medios de comunicación. Tampoco pueden asistir algunas figuras políticas de la oposición que apoyan a López. El padre del político intentó utilizar unas lentes espía para grabar una de las sesiones, pero fue descubierto y ahora también tiene prohibida la entrada al juicio.

Hasta el momento, según Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López, han presentado declaración 38 testigos, todos funcionarios públicos de la policía judicial o de la Fiscalía, que se constituye como acusador y víctima en el proceso. La juez no ha admitido ninguno de los testigos de la defensa. “Todas las evidencias son de parte de la Fiscalía, es un monólogo probatorio, porque no hay una correlación de argumentos y de pruebas”, denuncia. A pesar de ello, Gutiérrez asegura que ninguno de los funcionarios ha señalado a López como responsable de los hechos violentos del 12-F.

En los próximos días, deben presentarse dos lingüistas que han hecho un análisis del discurso del líder político. Según Gutiérrez, ambos son de tendencia oficialista. Dentro del Gobierno, hay funcionarios que sostienen que López es el autor intelectual de las guarimbas (manifestaciones con disturbios) porque tiene poderes de convencimiento incluso “subliminales”. Para el presidente Nicolás Maduro, López es el “rostro del fascismo” y lo llama “el monstruo de Ramo Verde”. El pasado 23 de julio, Maduro condenó a López en un discurso televisado: “Tiene que pagar, y va a pagar, así de sencillo”. De ser condenado, López puede cumplir hasta 14 años de cárcel.

El Gobierno ha hecho caso omiso a las peticiones internas y externas para liberar a López. Un fallo del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas determinó el año pasado que no hay razón para mantener a López preso y que el Estado venezolano estaba violando sus derechos humanos, civiles y políticos. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ratificó públicamente que el Gobierno tiene la obligación de acatar el dictamen de la organización internacional.

Tintori denunció que López había sido víctima de una requisa violenta en su celda

La esposa de López, Lilian Tintori, otrora una deportista y presentadora de televisión, se ha convertido en la vocera de su causa dentro y fuera del país. “La vida me ha cambiado por completo, tengo muchas responsabilidades. Estoy criando a los niños de la mejor manera posible para resistir y no cansarnos”, cuenta Tintori, que va de la cárcel a actos políticos locales donde lleva la voz de su marido, y a reuniones de alto nivel internacional para buscar apoyo. Recientemente, estuvo con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. También ha tocado las puertas de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y de expresidentes y presidentes extranjeros, entre ellos, el español Mariano Rajoy.

Dos antiguos dirigentes latinoamericanos, el colombiano Andrés Pastrana y el chileno Sebastián Piñera, fueron invitados a Caracas e intentaron visitar a López en la cárcel. La visita no fue permitida y generó roces diplomáticos con Chile y Colombia. El Gobierno colombiano, a través de un comunicado de Cancillería, dijo que esperaba que López recuperara pronto la libertad, un gesto que ningún país de la región se ha atrevido a hacer de manera oficial, en solidaridad con el líder opositor.

Tintori denunció la semana pasada que López había sido víctima de una requisa violenta en su celda, donde lo mantienen aislado. Según ella, fue una represalia por sus reuniones de alto nivel en el exterior. EL PAÍS le había enviado un cuestionario a López, pero según la familia y el abogado, los documentos que tenía López en la celda fueron destruidos. El Gobierno ha negado los señalamientos recurrentes de la familia, que afirma que López es castigado con el aislamiento.

Hace unos meses, la fiscal Luisa Ortega publicó unas fotos donde se veía a López asistiendo a misa junto con otros alcaldes de la oposición que también están detenidos. Según el abogado Gutiérrez, la última persona que vio a López hace dos días, la cárcel ha fortalecido al líder político, quien se ha dedicado a leer, a escribir, y a seguir preparándose políticamente. López tenía una inhabilitación para desempeñar cargos públicos que venció el 12 de diciembre, y que le había hecho retirar su aspiración como candidato presidencial y apoyar a Henrique Capriles en la contienda de 2012. En las encuestas políticas locales, es hoy López quien le disputa a Capriles el protagonismo dentro de la oposición, que ha convocado hoy un acto público en solidaridad con Leopoldo López.