“Ojalá que esto no se venga abajo”

La mexicana Diana Guillén lleva 14 años esperando para ser una persona con derechos. Ella creía que la espera terminaba en mayo de este año, cuando iba a presentar los papeles para ser admitida en el programa del presidente Barack Obama que la protege de la deportación. El martes por la mañana se despertó con la noticia de que eso puede no suceder, o sí, o a medias, o no cuando ella pensaba. Guillén, inmigrante indocumentada de 36 años y con cuatro hijos norteamericanos entre 1 y 11 años, reflejaba la confusión que se cierne de pronto sobre más de cuatro millones de personas que cumplían los criterios del programa de protección contra la deportación para padres de ciudadanos (DAPA).

“Ojalá que esto no se venga abajo”, decía Guillén por teléfono el martes por la mañana, nada más conocer la noticia. “No es solamente obtener un estatus legal, es que me gustaría salir del país y ver a mi familia en el DF. Hace 15 años que no los veo. Me gustaría que mis hijos conozcan a su familia, porque ellos están en este país solos. Si me pasa algo a mí, quién va a ver por ellos”, decía, resumiendo la situación de millones en este país.

Las organizaciones de apoyo a los inmigrantes y de derechos humanos se esforzaban ayer por transmitir la idea de que esto es solo un contratiempo pasajero y animaban a los inmigrantes a seguir preparando su documentación para acogerse a este programa en algún momento. “Esto es temporal y la comunidad tiene que seguir preparándose”, dijo en conferencia telefónica Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center. Sin embargo, el martes por la mañana no estaba claro si un eventual recurso se decidiría antes de mayo, si las solicitudes se pueden presentar igual aunque no se tramiten o cuánto tardaría una decisión final.

Guillén vive en el centro de Los Ángeles, la región con más inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. Las administraciones de la ciudad y el Estado, dominadas por el Partido Demócrata, habían abrazado con entusiasmo la reforma migratoria de Obama. Se calcula que un 25% de todos los inmigrantes sin papeles de EE UU viven en California. El Ayuntamiento de Los Ángeles cree que 1,1 millones de los beneficiarios de la reforma viven en el área metropolitana de la ciudad. El alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, junto a su homólogo de Nueva York, Bill de Blasio, presentó en el tribunal de Texas un informe apoyado por una treintena de ciudades a favor de la reforma migratoria basado en el beneficio económico que traería sacar de las sombras a personas como Diana Guillén.

Los Ángeles, donde se celebran sin parar seminarios y charlas informativas, había comprometido 10 millones de dólares en recursos para informar a los inmigrantes y facilitar el proceso. La fiscalía se había puesto a disposición de los sin papeles para protegerlos de posibles estafas. Todo esto quedó momentáneamente en el aire el martes. “La política del presidente se centra en gente trabajadora cuya participación plena en la vida cívica reforzaría los barrios y las economías de nuestras ciudades, y yo voy a continuar haciendo todo lo que pueda para apoyarla”, dijo ayer Garcetti en una primera reacción.

El principal reto de la administración es no perder la confianza de millones de indocumentados a los que lleva meses intentando convencer de que no pasa nada por entregar todos sus datos para este programa. “Lo más importante antes de que yo pueda confiar en la Administración es informarme bien de todos los detalles. El problema con los inmigrantes es que se informan por la televisión y esa es una información muy general”, decía Diana Guillén. Sin embargo, en estados como California, donde desde enero los inmigrantes indocumentados ya están dando todos sus datos para pedir licencias de conducir, hay mucho avanzado. “Si el Gobierno quisiera deportarnos, ya lo habría hecho”.