Nuestro pobre federalismo

El sistema federal mexicano fue muy simple en sus orígenes. En el texto constitucional de 1917, la Federación sólo podía hacer lo que expresamente se le asignara, mientras que los Estados, todo aquello que no hubiere sido establecido en favor de ella. Este modelo estuvo en vigor hasta 1934, cuando a fin de implantar la educación socialista, se facultó al Congreso de la Unión para emitir las leyes en las que se determinaran las competencias de la Federación y de los Estados. En 1976 volvió a alterarse el modelo original, esta vez para facultar al Congreso a expedir las leyes que permitieran la concurrencia entre Federación, Estados y municipios en materia de asentamientos humanos. A partir de ese momento, el sistema federal mexicano entró en constante proceso de transformación. Al Congreso se le han seguido asignando materias para regularlas en vía de concurrencia, pero también mediante la coordinación y, más recientemente, con base en leyes generales.

Repasando rápidamente la situación actual de nuestro sistema federal, de una parte hay materias exclusivas de la Federación y propias de las entidades federativas y municipios. Adicionalmente están las llamadas concurrentes, donde la distribución de competencias entre Federación, Estados, Distrito Federal y municipios corresponde a un órgano federal (asentamientos humanos, protección al medio ambiente, deporte o pesca, por ejemplo). También las de coordinación, en las que la Federación prevé las bases para que esos mismos niveles de gobierno convengan el ejercicio de competencias propias (protección civil, turismo, seguridad o salud). Finalmente, están las competencias que se ejercen con base en lo previsto en las leyes generales emitidas por el Congreso (protección de datos, archivos, elecciones, secuestro o trata de personas, entre otras).

Un sistema abigarrado como el mexicano no coadyuva a la solución de los problemas

Me he detenido a señalar estos aspectos técnicos del actual sistema federal mexicano, pues es la única forma de comprender que mucho de lo que en el país sucede, y más allá de errores o corrupciones, se debe a que la manera de asignar competencias entre los órdenes normativos (Federación, Estados, Distrito Federal y municipios) por sí misma genera confusión, parálisis e ineficiencias. Hay muchas maneras de relación normativa, cada una de ellas con sus peculiaridades propias y sus diversas maneras de gestión. Uno es el modo de ordenar los servicios de salud, otro, el medio ambiente; otro, la cultura. En realidad no contamos con un sistema federal, sino con diversas modalidades de éste. En la complejidad existente, hay situaciones donde distintas autoridades hacen lo mismo, donde ninguna puede hacer algo esencial, o donde quien debiera controlar o vigilar no cuenta con facultades para hacerlo.

El país atraviesa por una grave crisis de seguridad. La pregunta es cuánto de ella tiene que ver con la manera en la que están identificadas y repartidas las competencias en la materia. ¿En qué y por qué debe actuar la Federación? ¿De qué manera esta debe actuar sobre Estados y municipios? ¿Cuál es la racionalidad del sistema de seguridad pública en general? Más allá de la dolorosa visibilidad de esta materia, en todas las demás cabe formular preguntas semejantes. Sin duda alguna llegamos a este momento por decisiones que en su momento parecieron inteligentes o al menos provechosas para quienes las tomaron. Hacer del deporte, la acuicultura o los delitos electorales objeto de regulación común debe haber parecido una gran decisión. Sin embargo, considerado el tema a la distancia, no parece serlo tanto. Mantener un sistema federal tan abigarrado como el nuestro, lleno de peculiaridades y excepciones, tan diferenciado por materias y modos de operación, no parece coadyuvar a la solución de nuestros problemas. Más bien, parece que el mismo es la causa generadora de muchos de ellos. En la actual crisis de sociedad y Estado, es indispensable considerar integralmente a nuestro sistema federal. Mucho de lo mal que van las cosas en muchos aspectos puede explicarse tanto por su pobreza conceptual y operativa.

José Ramón Cossío Díaz es ministro de la Suprema Corte de Justicia de México. Twitter: @JRCossio