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Rebelión contra el gas de esquisto en el Sáhara argelino

La protesta paraliza durante 40 días un pueblo del desierto

Javier Casqueiro
Said Shanoun, el máximo responsable de Sonatrach, el pasado domingo en Argel.
Said Shanoun, el máximo responsable de Sonatrach, el pasado domingo en Argel.FAROUK BATICHE (AFP)

La ciudad oasis de In Salah, en el epicentro del inmenso desierto argelino del Sáhara, lleva 40 días paralizada y con protestas callejeras continuas ante el proyecto del Gobierno de impulsar las prospecciones del polémico gas esquisto en la zona. En Argelia, que vive gracias a sus reservas de hidrocarburos, las manifestaciones están prohibidas y el país está muy controlado policial y militarmente. La presión gubernamental es tremenda, por la necesidad, ante la caída del precio del petróleo y el estancamiento de su producción. Pero los vecinos rebeldes de In Salah mantienen su lucha, anuncian una huelga de hambre, una gran manifestación y claman ante el presidente Buteflika.

La situación interior de Argelia siempre es un enigma. Su gobierno es muy hermético. Pero el momento debe ser lo suficientemente crítico como para que el presidente, el veterano Abdelaziz Buteflika, de 77 años y medio paralizado por la enfermedad, lo calificara de “muy grave” el 31 de diciembre en un consejo de ministros extraordinario y aprobara rápidamente la primera exploración piloto de gas esquisto en más de 200 pozos en la cuenca de Ahnet, en la provincia de Tamanraset, a casi 2.000 kilómetros al sur de Argel.

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Al día siguiente, el 1 de enero, los vecinos de In Salah (buen manantial, en árabe), respaldados por la ONG ambientalista Sun Power, convocaron su primera protesta pacífica. Primero fueron unos cientos. Luego las concentraciones se extendieron a otras ciudades vecinas y a partir del 4 de enero se multiplicaron como rechazo a la muerte durante una acción de represalia policial de un estudiante activista, el joven Mohamed El Noui. El problema se desbocó. Las últimas concentraciones en In Salah, que tiene unos 32.000 habitantes, han congregado a miles de personas.

El Gobierno se quiere mostrar firme en su decisión, por muchas razones. Porque en Argelia no se permiten (aunque a veces se toleran) este tipo de quejas colectivas. Pero sobre todo porque el país vive una encrucijada ante la caída del precio del petróleo (45 o 46 dólares el barril cuando hace un año era el doble), el estancamiento en su capacidad de producción de hidrocarburos (especialmente de petróleo en torno a un millón de barriles diarios) y el aumento del consumo interno, con una tendencia imparable. El 26% del Producto Interior Bruto y el 97% de las exportaciones argelinas dependen de los hidrocarburos (el 55% del gas importado español).

Hidrocarburos

El 26% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 97% de las exportaciones de Argelia dependen de los hidrocarburos.

El precio y la producción de petróleo están a la baja, pasando de 1,2 millones de barriles diarios en 2013 a un millón en 2014.

El país necesitará 55.000 millones de metros cúbicos de gas en 2025 frente a los 35.000 millones actuales.

Como los expertos y las propias autoridades entienden que ese panorama energético mundial no va a cambiar a mejor, el Gobierno impulsó el año pasado una enmienda parlamentaria para permitir las prospecciones de gas esquisto (Argelia es el tercer país del mundo en estas reservas) y en clave interna acaba de congelar las contrataciones y todas las inversiones no urgentes. También se han bajado salarios.

El futuro de este enorme país pasa, para los responsables gubernamentales, por llevar su producción también con ese tipo de gas esquisto hasta 151 millones de metros cúbicos en 2019. El primer ministro, Abdelmalek Selal, y el ministro de Energía, Youcef Yousfi, han viajado estos días a la región más afectada para convencer a los detractores pero con más de 3.000 agentes del orden protegiéndoles. Sin ningún éxito. Al revés. Han enervado aún más sus ánimos. “Han aparecido muy soberbios y para salir ante la televisión pero no se han mostrado dispuestos a ningún diálogo”, se quejan Abdelkader Bouhafs y Mohamed Djouan, los líderes vecinales, frente a la “explanada de la resistencia”, la plaza que da a la Daïa (una especie de mancomunidad de varios ayuntamientos).

Están en juego 62.000 millones en inversiones y 8.000 puestos de trabajo

Las protestas, acampadas y el cierre de todos los servicios, colegios e instituciones públicas duran ya 40 días en In Salah. Este pasado domingo, Said Shanoun, el máximo responsable de Sonatrach, la empresa estatal de hidrocarburos, advirtió en rueda de prensa de que nada ni nadie frenará sus intenciones de seguir con el proyecto y desglosó algunas cifras de lo que está en juego: 70.000 millones de dólares de inversión y 8.000 puestos de trabajo. No comprende los contraargumentos medioambientales. Aseguró que solo usarán para este fracking (fractura hidráulica con una mezcla de agua a presión y productos químicos) 7.000 metros cúbicos de agua reutilizable más veces.

Los vecinos, la mayoría de ellos pobres campesinos, tampoco se creen nada, temen la contaminación de las capas freáticas y recuerdan que In Salah es un corredor de vientos de arena que transmite muy bien cualquier emisión.

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Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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