La resistencia civil y la democracia en México

México vive hoy una crisis política tan grave como la que experimentó en los años 1994-95 (zapatismo, lucha por la democracia, guerra interna en el PRI, macrodevaluación). Veinte años después se han agotado los potenciales estabilizadores de un tímido ciclo democratizador limitado al terreno electoral y la implantación de un proyecto neoliberal a medias, que protegió los intereses de toda clase de monopolios, públicos y privados.

El país ha sufrido un prolongado estancamiento que ha profundizado la desigualdad y la pobreza; la democracia electoral no condujo a la transformación del régimen. México experimenta hoy una nueva simultaneidad de crisis: económica, de seguridad, de legitimidad y de representación, en el contexto de una brutal oleada de violencia, cuya cúspide ha sido la desaparición forzada y probable masacre de 43 estudiantes de Guerrero.

La reacción de la sociedad ha sido una gran movilización de protesta que desde octubre de 2014 abarca a casi todos los sectores de la sociedad y a la mayor parte del país. La credibilidad de las instituciones ha caído a mínimos históricos, al igual que la popularidad del presidente Peña Nieto. Paradójicamente, el descrédito de todos los partidos políticos, la radicalidad de la resistencia antisistémica y la ausencia tanto de una sociedad civil densa como de medios de comunicación críticos crea una oportunidad única para que el PRI gane la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en las elecciones de junio de este año. Semejante escenario sería dramático para el país.

La incapacidad del Estado para resolver judicial y políticamente el caso de los 43 estudiantes desaparecidos favoreció la radicalización del movimiento de los padres de los estudiantes y de los maestros de la disidencia magisterial de Guerrero, quienes recurrieron a acciones directas que implicaron algún tipo de violencia entre octubre y diciembre de 2014.

Esta estrategia condujo a cierto distanciamiento entre este sector radicalizado y el movimiento de solidaridad nacional, centrado en el movimiento estudiantil, pero con composición heterogénea, la mayoría del cual parece no compartir las prácticas ni la orientación anti-sistémica del movimiento local. Esta situación plantea un reto estratégico, puesto que sin el apoyo solidario de la sociedad civil urbana, el movimiento popular en Guerrero, aun cuando sea apoyado en Oaxaca y Chiapas por otras secciones del sindicalismo magisterial disidente, podría quedar aislado, facilitando su represión por el Estado.

El movimiento popular de resistencia tiene el reto de moderar su radicalización, si quiere construir un amplio frente en favor de la transformación política de México. Su dirección actual considera necesario continuar la acción directa, sin embargo, con el propósito de impedir las elecciones de 2015 y bloquear el funcionamiento normal de las instituciones del gobierno de Guerrero. Esperan generar ingobernabilidad local, que después debería extenderse a otros estados. No obstante, esta estrategia no tiene por ahora viabilidad política fuera de algunas zonas de Guerrero y de Oaxaca.

Por otra parte, destacados activistas sociales están iniciando un movimiento en favor de la anulación del voto en las elecciones federales y locales de 2015. El efecto principal de este movimiento sería inhibir la votación por los partidos de oposición. Dado que el PRI tiene una base de votos dura e inamovible, el partido oficial sería el menos afectado, aumentando la probabilidad de su triunfo por mayoría absoluta en las elecciones.

Así, lo que el PRI no consiguió en 2012 gracias a la resistencia del movimiento estudiantil (#YoSoy132), ahora lo lograría, paradójicamente, gracias a la acción conjunta del movimiento anti-sistémico y de la opción anulista. Este escenario tendría una consecuencia devastadora: la recuperación del control presidencial sobre el poder legislativo e, indirectamente, sobre el judicial. El régimen político que hoy rige en los gobiernos estatales -especie de dictaduras unipersonales de los gobernadores- se replicaría a nivel federal, avanzando así la restauración autoritaria.

Ciertamente, quien no comparta las posiciones anti- sistémicas se enfrenta a un dilema terrible: votar en las elecciones del 2015 por cualquiera de los partidos de oposición es una opción agónica, pues no hay una alternativa digna, dada la autodestrucción de los partidos después del malhadado Pacto por México, que finalmente no ha servido para nada.

Paradójicamente, el PRI, el PRD y el PAN están poniendo en bandeja de plata a Andrés Manuel Lopez Obrador, el viejo líder de la izquierda populista-nacionalista, las mejores condiciones para la construcción de su partido (Morena) y su conversión en la única alternativa viable en las elecciones presidenciales del 2018. Y este regreso del líder puede revestir la forma de un populismo antipolítico con amplio apoyo social.

Sólo la consolidación de movimientos sociales articulados en torno a un proyecto de creación de un verdadero Estado de Derecho puede evitar el doble desenlace de la restauración autoritaria y la reemergencia del populismo.

Alberto J. Olvera es profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.