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El Senado de California aprueba una resolución de condena por Ayotzinapa

La preocupación entre la comunidad migrante por la violencia en México alcanza el máximo nivel institucional

Pablo Ximénez de Sandoval
Manifestación por Ayotzinapa en la frontera de Ciudad Juárez, el pasado 27 de enero.
Manifestación por Ayotzinapa en la frontera de Ciudad Juárez, el pasado 27 de enero.REUTERS

La preocupación con que la comunidad mexicana en California vive los hechos de Ayotzinapa, Guerrero, alcanzó este lunes el máximo nivel institucional con una resolución del Senado de California que condena la desaparición y muerte de 43 estudiantes de magisterio de una escuela rural. La resolución, presentada por el senador Ricardo Lara y aprobada por unanimidad, coincide con las audiencias en el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre un caso que ha conmocionado México y ha puesto la violencia de ese país en el foco internacional.

“California se une a la comunidad internacional en expresar su preocupación por las violaciones de derechos humanos en México y en todo el mundo”, dijo Lara en un comunicado. “Al menos 43 jóvenes vidas se han perdido por defender aquello en lo que creían y sigue habiendo muchas preguntas sobre cómo desaparecieron. Urjo al Gobierno mexicano a apoyar un diálogo entre la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos para hacer reformas en derechos humanos que protejan la libertad de expresión y elimine cualquier tipo de represión contra personas por expresar sus opiniones”.

La resolución fue presentada el pasado 1 de diciembre, tras la rueda de prensa en la que el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dio por muertos a los estudiantes y reveló escalofriantes detalles de cómo habían sido ejecutados, quemados, y arrojados a un basurero, según su investigación.

Los puntos básicos de la resolución, como fue presentada, condena la desaparición y muerte de los estudiantes como "una violación de los derechos humanos", ofrece su apoyo "a todos aquellos que en México alzan la voz por los derechos humanos y por la justicia contra la corrupción y la violencia" y urge al Gobierno de México a "apoyar un mayor diálogo entre la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, (...) sobre reformas en materia de derechos humanos".

La resolución cita a José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para Latinoamérica, quien dijo que la matanza de Iguala era "la mayor atrocidad que he visto en México en años, pero no son hechos aislados". HRW ha puesto en duda la versión oficial de la matanza.

La tragedia de Ayotzinapa, ocurrida el pasado 26 de septiembre, ha dado lugar a una tensión política sin precedentes entre la comunidad migrante del sur de California que se traduce en pequeñas pero constantes manifestaciones coordinadas con México y una intensa movilización en redes sociales en solidaridad con los padres de los estudiantes desaparecidos. El senador Lara es uno de los políticos de más alto rango de California que ha puesto voz a esta cuestión. “Declaro mi solidaridad con las familias de los 43 estudiantes y alabo su coraje para alzar la voz y presionar para que haya más rendición de cuentas en México y en todo el mundo”, dijo el lunes.

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En California viven alrededor de 12 millones de personas nacidas en México o de origen mexicano. Es el segundo Estado con más mexicanos después del Estado de México y el área metropolitana de Los Ángeles es de facto la segunda ciudad más grande de México después del DF. Un tercio de todos los latinos de EE UU, de los que se estima que el 80% son mexicanos, vive en California. En ciudades como Los Ángeles, la segunda más grande del país, suponen un tercio de la población. Las remesas de los emigrantes mexicanos son la segunda fuente de divisas de México después del petróleo. La conexión de estas comunidades con sus pueblos de origen hace que las situaciones de tensión en México tengan un eco inmediato en California.

La nota del senador Lara recuerda que ha habido entre 25.000 y 26.000 desapariciones forzadas en México desde el año 2006. Sobre las explicaciones del Gobierno mexicano ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el senador Lara opina que “es prometedor ver a responsables mexicanos tomar nota de este problema y reconocer que se necesitan medidas proactivas para implementar un cambio positivo”.

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Sobre la firma

Pablo Ximénez de Sandoval
Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

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