La indignación por Iguala moviliza a los mexicanos en California

La desaparición a manos de la policía municipal de 43 estudiantes de magisterio en un pueblo de Guerrero, México, ha movilizado a la comunidad mexicana en California, que lleva dos meses de manifestaciones, la mayoría pequeñas, y ávida de información. A principios de octubre, apenas una docena de personas se reunieron de urgencia ante el Consulado General de México en Los Ángeles para protestar por lo que ya entonces consideraban como complicidad de las autoridades con la desaparición de los estudiantes de magisterio. Desde entonces, la tensión no ha hecho más que crecer hasta culminar esta semana con manifestaciones coordinadas por Internet y una declaración oficial de condena sin precedentes en un municipio de Los Ángeles.

La última protesta de la comunidad mexicana en Estados Unidos pudo verse el miércoles en decenas de ciudades. Los manifestantes salieron a las calles de 43 ciudades en pequeñas protestas convocadas por Internet. En Los Ángeles, a pesar de la lluvia se reunió un centenar de personas frente a las oficinas del Gobierno federal, en el centro de la ciudad, donde se oyeron los gritos de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y se responsabilizó al Gobierno mexicano de la masacre. Los convocantes, bajo la novedosa marca de #ustired2 (nosotros también estamos cansados), prometen volver a las calles el día 6 y su objetivo es que Estados Unidos deje de vender armas a México y de financiar la guerra contra el narcotráfico. "El objetivo eran 43 ciudades y hubo acciones en más de 50", decía a EL PAÍS Roberto Lovato, el organizador de Ustired2. "Eso nos indica un interés intenso en lo que estamos haciendo".

La protesta más grande que ha vivido hasta ahora Los Ángeles se vio el pasado día 20, acompañando la que se realizó en el centro de México DF. Más de 2.000 personas salieron a la calle, según los activistas que participaron, una cifra inaudita para un tema político, algo que no sea inmigración. Era el día que Obama anunciaba sus medidas para los inmigrantes, y sin embargo la indignación por la matanza de Iguala sacó más gente a la calle.

Pero más allá de los que puedan llegar a reunirse en las calles, la sed de información de la comunidad mexicana quedó de manifiesto el pasado día 11 de noviembre cuando la sede de la organización Carecen (Central America Resource Center), una de las de más solera de la ciudad, organizó una conferencia sobre Iguala. Los invitados eran Luis Hernández Navarro, director de Opinión de La Jornada, y Miguel Tinker Salas, profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pomona, Los Ángeles. Ante un auditorio a reventar, Hernández hizo un pormenorizado relato de lo conocido hasta entonces en Iguala. “En México vivimos un crimen de Estado, de lesa humanidad”, dijo. La gente habría preguntado toda la noche si hubiera podido: ¿Son responsables todos los partidos? ¿Se prepara otro 68?

Las protestas e iniciativas están en general coordinadas por pequeños grupos de defensa de derechos humanos, habituales en cualquier causa contra el Gobierno de México. Pero en este caso se han sumado organizaciones de inmigrantes y federaciones, especialmente de guerrerenses. “En la conferencia de Pomona, la mitad eran hijos de guerrerenses”, decía Tinker Salas.

La noche del 31 de octubre, unas 50 personas se juntaron para una fiesta de Halloween en casa de Cheto Polanco, un empresario local de la ciudad de Compton, dentro del cinturón mexicano que rodea el sur la ciudad de Los Ángeles. Se sirvieron antojitos caseros, bebidas, y hubo música en directo en el patio de la casa, música de la costa chica de Guerrero, México, cortesía de Noe y su teclado mágico. Pero además, en una mesa de la entrada había un bote con un puñado de dólares y un cartel pegado que decía: “Donaciones para la policía comunitaria de Copala”.

Polanco es el presidente del Club Unidos por Copala, un municipio de la costa de Guerrero, y pertenece a la Federación de Clubes Independientes de Guerrero, uno de los cientos de clubes en los que se organizan los millones de emigrantes mexicanos en California. Los carteles que Polanco había repartido entre sus amigos invitando a la fiesta decían: “Todo lo recaudado en dicho evento será donado en su totalidad a la policía comunitaria de Copala Guererro”.

Las policías comunitarias son organizaciones campesinas alegales que defienden las comunidades frente a la extorsión del narco. En estos eventos se recaudan entre 1.000 y 2.000 dólares y se realizan a menudo en el cinturón mexicano de Los Ángeles. Con este dinero compran “gasolina o una camioneta”. “Estamos aquí para recaudar fondos para los policías de nuestra comunidad. Son nuestros padres y hermanos”, decía Polanco. Se tienen que defender ellos mismos “porque la policía es corrupta, lo hemos visto en Iguala”.

Muchos de estos grupos están vinculados con la izquierda mexicana. Pero la indignación por Iguala ha desbordado ideologías. Laura Padilla, presidenta del Club de Acapulqueños Bahía de Santa Lucía, dice que no pretende acusar ni al PAN ni al PRI, “pero sí al gobernador y al presidente”. “Nuestro único interés es que esta situación se resuelva. Es un ya basta”. la familia de Padilla vive del turismo en Acapulco y la imagen de tremenda violencia del Estado está a punto de dañarles seriamente el negocio. “La corrupción en nuestro país ha llegado a limites que inquietan a la ciudadania. Exigimos que el gobierno federal tome acción”.

La indignación y el espanto por lo ocurrido en Iguala ha pasado de los patios de las casas a las calles, de las organizaciones de inmigrantes a los negocios. Hasta llegar a las instituciones. El martes por la noche, en una votación sin precedentes, el Ayuntamiento de Pomona, una ciudad del Este de Los Ángeles con un 70% de población latina, votó por unanimidad una resolución para pedir una investigación internacional de la matanza de Iguala, en un salón de plenos lleno donde el público rompió a aplaudir. “Es valiente por parte de esta ciudad dar ejemplo a otras comunidades del país”, dijo ante el pleno del Ayuntamiento el activista José Calderón, promotor de la inciativa.

Uno de los dos concejales que pusieron su firma en la iniciativa, John Nolte, decía a EL PAÍS que la violencia en México “afecta a la calidad de vida aquí”. “Tenemos lazos muy fuertes con México”. “Creo que estamos creando (con la votación) el inicio de esto aquí en Pomona. Si la investigación no se hace, esto va a crecer en el Sur de California”. La otra concejal, Cristina Carrizosa, explicaba que ella se dio cuenta de la gravedad del asunto durante un festival en el parque. Hubo una función teatral en la que una actriz era secuestrada por unos policías. Mientras se la llevaba, gritaba al público con la cara desencajada: “¿Ustedes no van a hacer nada?”. “Me pegó en las entrañas”, decía Carrizosa. No van a ser los últimos. La matanza de Iguala parece haber pegado a los mexicanos de Los Ángeles en las entrañas.