Petrobras reduce su tamaño en plena sangría bursátil

Ya es oficial. Petrobras, el gigante petrolero que enorgulleció en el pasado a los brasileños y representaba el “futuro” de la séptima economía del mundo para su Gobierno, va a reducir sus actividades de exploración “al mínimo necesario” durante unos años. Lo confirmó el jueves su cuestionada presidenta, Graça Foster, después de que el Consejo de Administración publicase un balance retrasado e incompleto del tercer trimestre de 2014 por no ponerse de acuerdo sobre el coste real del enorme escándalo de corrupción que ha invadido como un tumor a la que hasta ahora era la mayor empresa pública de América Latina (y hoy es, según Reuters, la petrolera más endeudada y menos rentable del mundo).

En 2010 Petrobras valía 380.200 millones de reales (145.000 millones de dólares). Cuatro años después, vale 2,3 veces menos: 112.000 millones de reales (42.000 millones de dólares). Al recorte de inversiones y la venta de activos (3.000 millones de dólares) anunciados se suma la posibilidad de que la empresa retrase el pago de dividendos para afrontar una reducción de créditos. La agencia Moody’s rebajó hoy, por tercera vez en cuatro meses, el rating global de Petrobras, debido a “preocupaciones sobre investigaciones de corrupción” derivadas de la Operación Lava Jato (lavacoches, en portugués) que impulsa el juez Sergio Moro.

Las acciones de la compañía cotizan a su nivel más bajo desde comienzos del 2003; su valor de mercado ha caído varios miles de millones de dólares solo esta semana. “El lema del Plan de Negocios para 2015 y los años siguientes es el redimensionamiento de Petrobras”, afirmó el jueves Graça Foster (que fue respaldada por la presidenta de la República, Dilma Rousseff, en diciembre), en referencia a hacer inversiones “más selectivas” y poner énfasis en controlar los niveles de deuda.

La compañía dice trabajar sin descanso para recuperar la “credibilidad” y ha creado una nueva Dirección de Gobernanza y dos bufetes para realizar una investigación interna. La confianza del mercado, sin embargo, sigue huidiza y puede resentirse aún más si la empresa no paga en plazo los dividendos correspondientes a 2014, una posibilidad que apuntó el director financiero, Almir Barbassa: “Si una compañía estima que hay estrés financiero, existe la posibilidad de que no haya pago”.

La compañía no ha logrado recaudar el dinero esperado en los mercados internacionales de capital mientras pugna por presentar informes financieros que reflejen su auténtica situación actual y el coste de amortización total de los contratos corruptos: por ejemplo, la compra de la refinería de Pasadena (Texas, Estados Unidos) en 2006, por la que pagó un precio 47 veces superior a la que había desembolsado dos años antes, en 2004, la empresa belga Astra Oil. Foster ha declarado que las pérdidas por corrupción, estimadas inicialmente en 4.000 millones de reales (1.600 millones de dólares), podrían ser más graves y que la investigación podría durar más de tres años. El muy probable retraso de la publicación del balance auditado del cuatro trimestre de 2014, previsto para abril, requeriría la negociación con los acreedores para evitar el impago.

Dilma Rousseff, que presidió el Consejo de Administración de Petrobras entre 2003 y 2010, está “enfurecida” con los cálculos preliminares sobre el impacto de los negocios corruptos sobre la caja de la empresa hechos por Graça Foster (88.600 millones de reales, 34.000 millones de dólares), según revelaciones anónimas de asesores al diario Folha de S. Paulo. Fue precisamente la falta de acuerdo sobre el impacto real de todos los contratos sucios sobre el balance del tercer trimestre el que obligó a presentar, de noche, un documento aún provisional que decepcionó a los inversores e hizo caer al día siguiente un 13% el precio de sus acciones.

El Gobierno de Rousseff, que ve como su segundo mandato comienza marcado por el mismo caso que lastró su campaña electoral, presiona discreta pero firmemente para tratar de salvaguardar la salud económica de las grandes constructoras implicadas en el caso, con independencia de que los responsables sean castigados. Además de las denuncias hechas por algunas de estas empresas contratistas de que el propio Gobierno era el máximo responsable de lo ocurrido entre 2004 y 2012, el Ejecutivo debe lidiar con las consecuencias económicas de la crisis de su empresa más importante: entre ellas, la cancelación de proyectos, como la de las refinerías Premium I, en Maranhão, y la Premium II, en Ceará, que ha provocado indignación en ambos Estados y protestas de sus Gobiernos.