Un alcalde, supuesto cerebro del asesinato de un periodista mexicano

El periodismo se escribe en México con sangre. La muerte aguarda a veces en la redacción, a sus puertas o en la propia casa. Poco importa. Al anochecer del pasado 2 de enero, un grupo de nueve hombres armados y encapuchados irrumpió en el domicilio de Moisés Sánchez Cerezo, editor del pequeño semanario comunitario La Unión, en Medellín Bravo (Veracruz). Tras sacarle de la cama, delante de su mujer e hijos, le arrebataron el ordenador, su cámara de fotos y el teléfono móvil; luego le arrastraron hasta el infierno. Lo último que se le oyó decir es que no hicieran nada a su familia. Ese mismo día, según ha revelado la procuraduría estatal, fue degollado. La policía tardó horas en llegar a la vivienda. 

Durante casi un mes, Moisés Sánchez engrosó la lista de desaparecidos mexicanos. Más de 23.000 espectros cuya búsqueda, en muchos casos imposible, se mantiene sólo por el deseo de sus parientes. Pero el sábado pasado, guiados por la confesión de su sicario, la fiscalía dio con el cuerpo mutilado del informador. Estaba oculto en una bolsa de basura en un páramo cercano. La investigación apunta como autor intelectual al alcalde de la localidad, Bravo Omar Cruz, del Partido de Acción Nacional (PAN), con quien el periodista mantenía un largo pulso. Desde su minúscula publicación, un gratuito de circulación comunitaria, Moisés Sánchez, de 49 años, denunciaba constantemente los supuestos abusos y las connivencias del político con el tráfico de drogas y la violencia.

El periodista convocó manifestaciones, la última en diciembre pasado por la muerte de un comerciante

Este maridaje entre crimen y autoridad, y su bárbara venganza contra un modesto informador local que, para llegar a fin de mes, tenía que trabajar de taxista, ha desatado una profunda conmoción en México. Asqueada por tragedias como Iguala, en la sociedad mexicana ha florecido con inusitada fuerza la semilla de la desconfianza. Y casos como el de Moisés Sánchez, donde no solo hubo una venganza política sino que, a tenor de la reconstrucción de la fiscalía, la propia policía fue partícipe del crimen, no hacen sino aumentar la brecha.

Las acusaciones se basan en el testimonio de Clemente Noé Rodríguez Martínez, un expolicía y traficante de drogas. En su confesión, sostiene que el asesinato fue un encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal, chófer y escolta personal del alcalde. Meneses les pidió que acabaran con el periodista porque “alborotaba el panal”. El crimen fue cometido junto con otros matones, entre ellos cuatro expolicías. En el ataque participaron tres coches que supuestamente contaron con la protección de la Policía Municipal, que no intervino pese a detectar los movimientos sospechosos. La procuraduría estatal ha anunciado que pedirá que se retire el fuero que protege al regidor. Señalado desde el inicio del caso por la familia, el alcalde siempre ha defendido su inocencia. Este domingo seguía libre. Trece policías municipales han sido detenidos.

La muerte de Moisés Sánchez saca a la luz la enorme desprotección de los periodistas en México. Pese a sus problemas económicos, Sánchez mantenía semana tras semana un frente crítico contra el alcalde. Facilitaba datos a medios de la capital, acudía a las protestas vecinales, denunciaba los abusos cometidos en su comunidad por cargos municipales. Figura muy conocida en Medellín de Bravo (2.500 habitantes), el periodista llegó a convocar manifestaciones, la última en diciembre pasado por la muerte de un comerciante. Su permanente activismo, como recuerda su familia, se había vuelto molesto. Y las amenazas habían empezado llegar. Tres días antes de morir, un desconocido se acercó a su casa, en la modesta barriada de El Tejar, y le dijo que “le iban a dar un susto”.

Con este asesinato, se vuelve a confirmar el diagnóstico de Reporteros Sin Fronteras: México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión; y Veracruz, uno de sus puntos negros. Carcomido por una sangrienta guerra entre cárteles, 11 informadores han caído violentamente en el estado desde julio de 2010, fecha en que el gobernador Javier Duarte de Ochoa se hizo con el poder. En todo el país, según el especialista Javier Garza, han matado en los últimos dos años a 15 informadores y otros cuatro permanecen desaparecidos. Un 90% de los ataques a la prensa queda impune. En algunos casos, más que la muerte, los matones prefieren el escarmiento público, como en el caso de la reportera Karla Silva, de El Heraldo de Guanajuato, apaleada en su propia redacción por sus notas críticas. La cifra de extorsiones o amenazas a periodistas se desconoce.