Holanda recorta servicios sociales y los transfiere a los municipios

Tras casi medio siglo de funcionamiento intensivo, el Estado de bienestar cambia de nombre en Holanda y pasa a llamarse “sociedad participativa”. El paso entraña recortes presupuestarios y grandes cambios para la ciudadanía. Desde el pasado 1 de enero, la ayuda a los ancianos y las personas dependientes, incluidos los niños discapacitados, se convierte en una “obligación moral” para familias, amigos y vecinos. El incumplimiento de este nuevo deber no está penalizado, al menos por el momento.

Solo cuando la situación sea insostenible, las personas que no se valen por sí mismas podrán acceder a un centro subvencionado. La recién estrenada Ley de Cuidados de Larga Duración establece que los Ayuntamientos serán los encargados de proporcionar la atención, para lo que recibirán financiación estatal.

El primer discurso de la Corona del nuevo rey holandés, Guillermo Alejandro, introdujo en septiembre de 2013 la idea de sociedad participativa en forma de advertencia, y también de reto. Por un lado, mostraba lo insostenible de mantener, con la crisis, un sistema de cuidado que en 2010 costó 23.500 millones de euros al erario público —con ese presupuesto se atendió a 250.000 dependientes en instituciones públicas y a otras 350.000 con ayuda pagada a domicilio—. Dado el envejecimiento creciente en este país de 16,7 millones de habitantes, el desafío consiste en convencer a los ciudadanos de que deben apoyarse y ser responsables de quienes les rodean. La pregunta es si lo harán espontáneamente. Porque a partir de ahora el derecho histórico a recibir atención pública solo se podrá ejercer cuando la persona no pueda valerse por sí misma y carezca de una red de apoyo informal. Con este cambio, el Estado pretende ahorrar 2.300 millones de euros este año.

Actiz, una empresa dedicada a proporcionar ayuda a ancianos y dependientes de cualquier edad, y con unos dos millones de clientes, teme que puedan perderse cerca de 55.000 empleos con la reforma. En conjunto, trabajan en el sector 1,1 millones de personas, y los sindicatos generalistas prevén la pérdida de hasta 100.000 empleos.

Los primeros cambios empezaron a notarse ya a finales del año pasado, antes de la entrada en vigor de la ley de cuidados. Los ancianos “que conservan su vitalidad y pueden valerse” —según definición de la norma— han ido abandonando las residencias, donde eran atendidos en gran medida a costa del erario público. Tras una evaluación de sus necesidades, su nuevo domicilio es una casa de renta baja. Antes, ellos pagaban la residencia en función de sus pensiones y el Estado ponía el resto. Ahora se espera que les ayuden, gratuitamente, sus parientes, conocidos o vecinos. También pueden acudir en su auxilio voluntarios que recibirán un pago simbólico por hacerles la compra, limpiar, cocinar, bañarles o recordarles que deben tomar su medicación.

“Nuestro centro cuida pacientes de Alzheimer y contaba también con un hogar de ancianos, que ha desaparecido. Hay gente de 80 y 90 años que ha tenido que marcharse a un piso a depender de su familia. No sé. Hay familias entregadas, claro. Pero la sociedad está acostumbrada a abonar impuestos para resolver la atención a los mayores. Piense que los parientes no siempre viven cerca”, dice una enfermera de La Haya que pide anonimato.

Los pacientes de Alzheimer no entran en el cupo de los que serán enviados a casas de renta baja. Tampoco se moverán las 200.000 personas (más otros 10.000 niños y adultos discapacitados con asistencia permanente en sus hogares) ingresadas en instituciones especializadas.

Los candidatos al traslado por la nueva ley tienen muy claro lo que quieren. Según una encuesta de la Unión General Holandesa para los Mayores, un 65% prefiere pagar a profesionales para recibir atención. “Tienen la sensación de que si viene un familiar o un amigo deberán estarle muy agradecido. Si pagan, serán más libres de pedir lo que necesiten. Pero, claro, todo depende de sus pensiones”, señala la directora de este sindicato, Liane den Haan.

Evelien Tonkens, catedrática experta en la materia, plantea: “¿Quién quiere que le duche el vecino?”. En su opinión, el desmantelamiento del Estado de Bienestar pretende crear una especie de “ciudadanía afectiva donde los voluntarios son vistos como héroes”. Entre los riesgos que apunta aparece una sobrecarga de trabajo para las mujeres.

Ben Paulides, concejal del partido Demócratas Liberales, de Wassenaar, municipio contiguo a La Haya, se pregunta: “Habrá menos presupuesto municipal para pagar a las organizaciones de asistencia. Si ofrecen servicios a bajo precio ¿estarán cualificados quienes atiendan a los ancianos?”.