Bolivia solo quiere ver el mar

El 2014 ha retratado Bolivia como un país ansioso de alcanzar ya el centenario sueño de volver al mar y, a la vez, de consolidar el cambio liderado por el reelecto presidente Evo Morales en un contexto contradictorio: una floreciente economía y un drama social de violencia que compromete el futuro de sus jóvenes generaciones.

El juicio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya por la causa marítima, el inobjetable triunfo en las urnas del reelecto Evo Morales, el informe sobre filicidio en Bolivia, el juicio político contra tres magistrados del Tribunal Constitucional –nunca antes registrado en la historia del país- y el desbaratamiento de un “narco-puenteaéreo” entre Perú y Bolivia destacan en el acontecer noticioso de 2014.

Bolivia presentó, el 15 de abril, a la CIJ una memoria que sustenta su petición para que Chile acceda a “negociar de buena fe” una solución al encierro geográfico de 135 años, que pasa por obtener una salida soberana al Océano Pacífico. Tras la presentación del documento en La Haya, el asunto marítimo ha ocupado primeras planas y espacios en radio y televisión para informar de las controvertidas posiciones y de la guerra verbal entre las autoridades de ambas naciones, seguida con expectación por los bolivianos.

No es para menos. El mar es uno de los asuntos que toca a fondo el sentimiento ciudadano porque, a pesar de los 135 años transcurridos desde la pérdida de su litoral sobre el Pacífico –a raíz de la invasión de tropas chilenas a territorio boliviano en febrero de 1879- el ansia por volver al mar se ha convertido en una herida abierta en el espíritu ciudadano por generaciones.

El portavoz de la causa marítima, el expresidente Carlos D. Mesa, ha explicado públicamente que la petición boliviana apela a las ocho ocasiones en las que las autoridades chilenas comprometieron la buena fe de su Estado con propuestas formales para el acceso boliviano al Pacífico, como fue el caso de la negociación de Charaña, entre 1975 y 1978, a partir de una reunión en ese punto fronterizo entre los presidentes Augusto Pinochet y Hugo Banzer.

“Si un Estado se compromete con otro Estado a alguna acción, a darle algo o a cumplir una obligación, ésta es jurídicamente exigible”, ha afirmado Mesa. La estrategia desplegada por Morales en el asunto marítimo ha contribuido, sin duda, a consolidar un tercer mandato consecutivo con su triunfo en las elecciones generales del 12 de octubre. Seis de cada diez electores no sólo le ratificaron su confianza sino que le han dado los dos tercios de escaños en la Asamblea Legislativa, necesarios para reformar la Constitución y aprobar leyes sin oposición.

La victoria en las urnas se origina también en el positivo manejo de la economía con un crecimiento superior al 5 por ciento en 2014, que favorece la política de redistribución de la riqueza. La revolución educativa ha bajado a niveles mínimos el analfabetismo e impulsa el acceso a Internet en el área rural y urbana, merced a la dotación de computadoras fabricadas en Bolivia. Esta revolución local ha impulsado a un buen número de ciudadanos a mantener en el poder a Morales.

No todo es color de rosa. El último informe del Defensor del Pueblo desvela graves problemas en el seno de la sociedad boliviana. A la violencia de género –que en los primeros nueve meses cobró la vida de 60 mujeres a manos de su pareja-, se suma ahora el asesinato de padres a hijos.  El estremecedor informe del Defensor afirma que entre enero y noviembre murieron 22 pequeños, -recién nacidos hasta los cuatro años--, víctimas de sus padres que los asfixiaron, estrangularon, golpearon o les dieron a ingerir leche con alcohol o raticida. Otros niños, de entre seis y catorce años, fueron violados, asesinados y algunos incinerados.

El Defensor, Rolando Villena, expresa su preocupación ante “el incremento de los casos de infanticidios y violencia en todas sus formas” así como “la disminución de la edad de imputabilidad penal”. El Gobierno boliviano promulgó el Código de la niñez y la adolescencia que rebaja la edad de imputabilidad penal y admite el trabajo infantil, a partir de los diez años. Los datos no actualizados fijan en 800.000 niños y adolescentes trabajadores. Otros 24.000 menores se encuentran en hogares de acogida en difíciles condiciones de vida, más de 10.000 viven en las calles y cerca de 1.200 están en cárceles junto a sus padres privados de libertad.

El informe sobre derechos humanos alude a las condiciones de vida de personas privadas de libertad y a la incontrolable tendencia al linchamiento, en áreas rurales y urbanas del país, entre otras preocupantes vulneraciones a los derechos de las personas.

El juicio político abierto en el Senado contra tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) viola el derecho a un juicio justo y la independencia del poder judicial, denunciaron representantes de organismos de derechos humanos y de la Comisión Internacional de Juristas, de Ginebra, que objetaron el procedimiento en la Cámara Alta.

El juicio motiva una gran polémica en los círculos políticos y jurídicos. La acusación que pesa sobre los magistrados Gualberto Cusi, Zoraida Chanez y Ligia Velásquez es la de prevaricación, resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes al haber admitió un recurso para revisar la ley del Notario.

Esa resolución ocasionó el enojo de las autoridades del Poder Ejecutivo que reclamaron un juicio político. Según los abogados de las vocales del TC, el proceso judicial encubre una presunta represalia al voto adverso de los tres magistrados a la hora de definir la legalidad de la re elección para un tercer mandato consecutivo del presidente Evo Morales.

El quinto hecho noticioso de 2014 tiene que ver con la cooperación entre Bolivia y Perú para desbaratar el puente aéreo que los traficantes de cocaína habían establecido a fin de llevar el estupefaciente a mercados regionales y otros continentes.

Los bolivianos esperan que en 2015 se concrete la demanda por la causa marítima en La Haya y la visita del Papa Francisco, además de las elecciones de alcaldes, gobernadores y delegados a los concejos edil y departamental en marzo.