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La tensión en Michoacán: “Es mi comandante, por él damos la vida”

El Gobierno limita las facultades de las autodefensas legalizadas

Hipólito Mora, a un día de la muerte de su hijo en un enfrentamiento. Ampliar foto
Hipólito Mora, a un día de la muerte de su hijo en un enfrentamiento.

Para entrar este miércoles al poblado de La Ruana, en Michoacán, era necesario identificarse. La comunidad, de unos 10.000 habitantes y dedicada al cultivo del limón, amaneció sitiada por el Ejército y las policías federal y estatal mexicanas en una estampa que recordaba a la de un año antes, cuando los enfrentamientos entre civiles y el crimen organizado eran diarios. Trece camionetas y varios convoyes militares tapaban la entrada principal a un pueblo consternado por la muerte de 11 personas en una refriega entre bandos rivales el día anterior. Hipólito Mora, fundador de los grupos de autodefensa en 2013, ejercía como líder de uno de ellos, y José Luis Torres, El Americano, comandaba el otro. Aunque la versión de cada quién difiere, ambos dispararon con armas entregadas en mayo por la Secretaría de Seguridad Pública. Ambos, legitimados oficialmente para combatir al cartel de los Caballeros Templarios y proteger su municipio como miembros de la Fuerza Rural, un colectivo creado para legalizar a los civiles que tomaron las armas contra el narcotráfico. Al menos hasta el domingo pasado.

En una conferencia de prensa, el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, dio a conocer el miércoles que los permisos para Torres vencieron el día 15. En una reunión con autodefensas el lunes, el enviado de Peña Nieto para pacificar el Estado cerró un acuerdo de nueve puntos, entre ellos, la desintegración del grupo operativo especial G250, un cuerpo de élite dentro de la Fuerza Rural con movilidad por todos los municipios de la región de Tierra Caliente que tenía como principal misión perseguir a los cabecillas de los Templarios. José Luis Torres formaba parte de esta cuadrilla, por lo que, según la versión oficial, no tendría facultades para seguir ejerciendo. Hace ya casi un año que el Gobierno puso en marcha un ambicioso operativo de seguridad en Michoacán para terminar con la escalada de violencia provocada por los narcotraficantes y evitar que los ciudadanos siguieran combatiendo el crimen por su cuenta. Desde entonces, ha caído una buena parte de la cúpula de los Templarios, pero su líder, Servando Gómez Martínez, La Tuta, continúa prófugo, los homicidios no han disminuido y las reyertas locales por el control del territorio se agudizan.

Tras lo sucedido el martes, contemplo la posibilidad de que me quieran volver a meter en la cárcel

Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en 2013

Al caer la noche del miércoles, El Americano continuaba esperando a declarar por los hechos del martes. “Fue en defensa, nos habrían acribillado si no hubiéramos peleado”, comentó a la prensa protegido por unas veinte personas sin uniforme provistas de fusiles AR-15 que impedían acercarse a él.

“Es mi comandante, por él damos la vida”, asegura en la escena Ruperto Anaya, de 43 años, extraficante de heroína que cumplió una condena de ocho años en la cárcel. Muestra su identificación como Fuerza Rural en categoría de operaciones especiales, lleva los brazos tatuados y cuenta que participó en el enfrentamiento del día antes. Según su relato, se acercaron al cobertizo donde estaba atrincherado el grupo de Hipólito Mora, y estos empezaron a agredirles. “Llevábamos palos y tuvimos que sacar los rifles, los oficiales de la Gendarmería también nos tiraron y mataron a cinco de los nuestros”. Ruperto no se sabe los nombres de las víctimas, sólo sus apodos: “La Potarga, El Gringo, El Pasteles, El Meño y El Nan”. Todos menos dos tenían poco más de veinte años. Entre los muertos de Mora se encuentra su hijo mayor, Manuel, de 33.

Ruperto Anaya, miembro de la Fuerza Rural, muestra una cicatriz del enfrentamiento del día anterior.
Ruperto Anaya, miembro de la Fuerza Rural, muestra una cicatriz del enfrentamiento del día anterior.

Esta noche Hipólito continúa haciendo guardia en el cobertizo a la espera de que traigan el cuerpo de su hijo para velarlo. Está exhausto, admite, mientras se tumba en una hamaca. Su tono ya no refleja la ira del día anterior, solo tristeza. Él insiste en que llegaron a atacarlos y se protegieron. Sobre el techo de uralita que cubre el espacio, se aprecian las marcas de las balas. Hipólito Mora culpa al comisionado de lo ocurrido: “Llevamos un año pidiendo protección para el pueblo y no nos han hecho caso”. Él ha acusado en múltiples ocasiones a Torres de vínculos con el narcotráfico y este a su vez a Mora de asesinar en marzo a dos personas cercanas a su grupo. Por ese motivo, el líder de La Ruana fue enviado a prisión en marzo durante dos meses, aunque lo liberaron por falta de pruebas. “Tras lo sucedido el martes, contemplo la posibilidad de que me quieran volver a meter en la cárcel. No sé cuál es el futuro de la policía rural, ni si seguiremos después de esto. No me siento cómodo”, dice.

Apenas el domingo pasado, varios grupos de autodefensas, entre los que se encontraba Mora, bloquearon las carreteras en once puntos de seis municipios del Estado para exigir al Gobierno federal mayor protección. Unos días antes, una joven enfermera de 19 años fue encontrada con el rostro desollado y lesiones de arma blanca en el pecho en el municipio de Uruapan, también de la región. “El crimen organizado continúa operando y armando a gente”, asegura una periodista local.

En realidad, ya no sabemos quiénes son los buenos y quiénes los malos

Una joven afín a El Americano

“En Tepalcatepec ha mejorado mucho la situación”, dice en entrevista telefónica Beatriz Sandoval, una de las primeras coordinadoras del movimiento de autodefensas en Michoacán. Este pueblo, junto con el de La Ruana, comandó el alzamiento de civiles en febrero de 2013. Hoy el líder de la comunidad, José Manuel Mireles, se encuentra en una prisión de máxima seguridad por posesión de armas y aunque el Congreso ha avanzado en la creación de una ley de amnistía para las autodefensas, su votación deberá esperar hasta el próximo febrero por falta de un acuerdo entre partidos. Durante meses, y como castigo, los Caballeros Templarios cercaron estas poblaciones matando a los vecinos e impidiendo la llegada de víveres. A un año de aquello, las carreteras están despejadas gracias a la acción federal, pero la violencia no ha cesado.

En todo 2013 se registraron en el Estado 902 asesinatos, de los cuales 475 fueron por arma de fuego. Las cifras de la Secretaría de Gobernación revelan que a finales de octubre de este año se habían cometido en Michoacán 823 homicidios dolosos, 398 por arma de fuego. En poblaciones como La Ruana, la polarización revela que lo único que ha cambiado es el enemigo. Guadalupe, una muchacha de 25 años afín al Americano duda: “La situación de inseguridad lleva aquí muchos años, primero La Familia Michoacana, después Los Templarios y ahora esto. En realidad, ya no sabemos quiénes son los buenos y quiénes los malos”. Con una parte de la población civil enfrentada y armada desde mayo la tensión podría volver a estallar en cualquier momento.

Los nueve acuerdos entre el comisionado y las autodefensas

1.- Los grupos civiles organizados (autodefensas) se abstendrán de movilizarse fuera de los municipios que habitan.

2.- El grupo operativo denominado G250 que incorporaba a elementos de Fuerza Rural y que tenían movilidad en todos los municipios de la región de Tierra Caliente se desintegra.

3.- Los miembros de este grupo operativo especial retornaran las armas que les hayan sido proporcionadas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

4.- Los líderes de este Grupo Especial mantendrán un cuerpo de seguridad personal para garantizar su integridad física.

5.- Los procesos de evaluación continuarán para aquellas personas que se hacían llamar autodefensas, para lo cual la Secretaría de Seguridad Pública se compromete en un plazo no mayor a 48 horas a programar día y hora para la evaluación de las personas propuestas para formar parte de los cuerpos de seguridad pública.

6.- Las denuncias que realicen los líderes de las entonces autodefensas en donde se imputen actos de corrupción o hechos ilícitos serán atendidas directamente por los subprocuradores regionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

7.- Los puntos de revisión en torno a la ciudad de Apatzingán estarán a cargo de la Secretaria de la Defensa Nacional.

8.- Se mantendrán cada diez días reuniones periódicas del Comisionado, el Procurador General de Justicia y el Secretario de Seguridad Pública, autoridades militares y federales, con líderes de las entonces autodefensas y hoy miembros de la Fuerza Rural para evaluar las acciones emprendidas. 

9.- Las Delegaciones Federales del Gobierno de la República continuarán la gestión de apoyos sociales y obras en la región para impulsar la economía.