Corrupción, impunidad y pobreza

Continuando lo que ya se ha convertido en costumbre, el Gobierno argentino ha redoblado su presión sobre los jueces. En el enésimo episodio de este tipo, ha atacado al Juez Federal Claudio Bonadío, quien interviene en uno de los casos que toca mas de cerca a la familia presidencial: los hoteles del Sur. Con una excusa baladí, ha usado todo su poder en el Consejo de la Magistratura para exhumar viejos casos polémicos y, a falta de votos para destituirlo, le ha rebajado su sueldo un 30%.

Las pruebas sobre la corrupción sistémica del Gobierno kirchnerista ya no dejan dudas y prometen duros tiempos a sus funcionarios. Pero la cuestión tiene muchas otras aristas, además de las morales e institucionales. Una de las más reprochables es el perjuicio directo que la corrupción tiene sobre la vida de los pobres. El caso emblemático es el del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien por su connivencia directa con empresarios a quienes debía controlar, aparece como responsable de 52 muertes en el accidente de la Estación de Once. Trenes desvencijados —a pesar de millonarios subsidios— causaron este y otros accidentes mortales.

Pero hasta que se produjo este terrible episodio, los más pobres que usan estos servicios perdieron millones de horas de su vida viajando en condiciones inhumanas. Baste pensar cuantas horas de cercanía con los hijos se evaporaron en transportarse en un sistema injusto en el que un Gobierno pseudo progresista no invirtió dinero ni poder para asegurarles condiciones más humanas de desplazamiento.

Existe infinita evidencia que demuestra cual es el impacto del mal transporte sobre la vida de las familias y por tanto sobre las necesidades de afecto cotidiano de sus hijos. En lugar de escuchar esa evidencia, el apetito por el dinero mal habido llevó a Jaime y sus aún ocultos socios políticos a permitir que todo siguiese para peor. Los conurbanos de las grandes ciudades están inundados de viviendas inhabitables, pavimentos intransitables y servicios públicos que no funcionan, en las que no resulta difícil ver la mano de la corrupción en perjuicio de los excluidos.

El apetito por el dinero mal habido llevó a Jaime y sus aún ocultos socios políticos a permitir que todo siguiese para peor

Pero la otra dimensión de esta sinrazón, es la imposibilidad absoluta de ejercer controles judiciales sobre la manera que se administran los bienes públicos. En la Argentina no hay ningún programa social cuyo impacto se evalúe con métodos rigurosos; las rendiciones al Congreso son inexistentes y el despilfarro es la norma. Un caso que pasará a la historia es el de Aerolíneas Argentinas, la empresa de bandera que bate todos los records de mala administración y consecuente derroche de recursos escasos. Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación mostró pérdidas anuales cercanas a los 1000 millones de dólares. Con esa cifra se podrían haber construido 250 escuelas de última generación u hospitales en zonas en las que la mortalidad infantil triplica el promedio nacional. Se dilapidan fondos que cambiarían la vida a los pobres para que se beneficien los sectores medios y altos. Ese es el “progresismo” de los gobiernos Kirchner.

Pero la presión política sobre el sistema judicial hace que los administradores de este dislate se burlen —literalmente— de estos informes pues están seguros de su impunidad. Un Congreso con mayoría cómoda y justicia sumisa es un reaseguro para el despilfarro sin sanción. Es por estas razones- además de las obviamente morales y de convivencia- que es vital que los partidos de la oposición vayan convergiendo en sus propuestas para crear un verdadero sistema de control de honestidad pero también de eficiencia del Estado.

En muchos países, la obligación de evaluar todos los programas sociales con auditores independientes ha cambiado de raíz las políticas sociales. El funcionamiento democrático de las comisiones legislativas de control vincula lo escrito en el Presupuesto con la eficiencia del gasto. Un cerrojo implacable sobre los actos de corrupción será además un mensaje claro para un país demasiado acostumbrado a la violación cotidiana de las leyes.

El trimestre posterior a la asunción del nuevo Presidente debería ser un tiempo histórico de transformación de los modos en los que el poder administra los bienes públicos. Aunque no aparezca como muy evidente, los mas pobres serán directamente beneficiarios de este desafío que la política argentina aún tiene con la gente.