“No acordaremos nada que rebaje los estándares europeos”

Poco después de iniciarse las conversaciones sobre la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión —conocido por sus siglas en inglés, TTIP—, el representante de los intereses europeos, Ignacio García-Bercero (Madrid, 1958), reconoció que no sería un proceso fácil. La Unión Europea y Estados Unidos, dos economías que representan más de la mitad del PIB mundial, llevan año y medio negociando este acuerdo de libre comercio. Tras la toma de posesión de la nueva Comisión, García-Bercero atiende a EL PAÍS por teléfono desde Bruselas. Prefiere no adelantar la fecha en la que el acuerdo podría estar listo, pero indica que el objetivo es lograr el máximo de progresos posibles en 2015 y 2016.

¿Qué avances concretos se han registrado en la negociación?

Ya hemos concluido una primera fase, en la que ambas partes han expuesto sus objetivos. Se están discutiendo más de 20 asuntos. En todos hemos avanzado. Lo más difícil es lo que tenemos aún por delante: reconciliar posiciones y llegar a un acuerdo ambicioso y equilibrado. Aún queda bastante por hacer. Se trata, por ejemplo, de revisar la duplicación innecesaria en temas reglamentarios. La octava ronda se celebrará en febrero en Bruselas, pero antes habrá una reunión [la próxima semana] para asegurar que el nivel político está implicado.

¿Habrá cambios con esta Comisión? El presidente Juncker y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, han discrepado sobre el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados.

No, ambos han dicho que ningún tribunal de arbitraje puede interferir con los procesos de jurisdicción nacional. El mandato de negociación que los Estados miembros entregaron a la Comisión deja claro que la inclusión o no de este instrumento en el acuerdo solo puede decidirse en una fase más avanzada de la negociación.

EE UU no está dispuesto a prescindir de este mecanismo. ¿Cuál es la postura de la UE?

Que se incluya o no en el acuerdo depende de que se cumplan ciertas condiciones.

¿Cuáles?

Es esencial que los procedimientos en materia de arbitraje sean transparentes y en conformidad con los más altos estándares de los Estados miembros. Cuando se habla de que se pretende establecer jurisdicciones secretas, esto se debe desgraciadamente a algunos de los más de 1.000 acuerdos bilaterales de protección de la inversión en los Estados miembros, que incluyen mecanismos de arbitraje. Pero en todos los acuerdos que ha negociado hasta ahora la UE —con Canadá y Singapur— se prevé la transparencia de los procedimientos arbitrales. Y en el acuerdo con Canadá los estándares están definidos de forma muy precisa para evitar que medidas legislativas perfectamente legítimas sean cuestionadas. De cualquier forma, lo que la Comisión y la UE realmente propondrán sobre este instrumento es una cuestión que está aún abierta porque lanzamos una consulta pública debido a lo sensible del tema. Antes de final de año haremos un informe que se discutirá con los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Después diremos cuáles son para nosotros las condiciones aplicables en esta materia.

Una de las críticas al acuerdo es la falta de transparencia. Malmström ha anunciado que los 751 diputados podrán acceder a todos los documentos de la negociación, y que se harán públicas las propuestas formales. ¿A partir de cuándo se producirán ambas cosas?

Nos hemos esforzado por asegurar un máximo de transparencia. Ahora en todos los temas de la negociación la propuesta de la UE será pública. Por supuesto, ciertos asuntos tienen que continuar siendo confidenciales porque debe haber un espacio para que ambas partes vean cómo reconciliar sus posiciones. No puedo dar una fecha, pero se producirá en un espacio de tiempo corto. Y también estamos discutiendo con la Eurocámara cómo definir las modalidades para que los textos que tienen que seguir siendo confidenciales sean en cualquier caso accesibles para todos los eurodiputados.

¿Se conseguirá así reducir la oposición de ciertos sectores sociales al acuerdo?

El hecho de que haya un gran debate sobre política europea es una señal de que existe una democracia activa. No solo la Comisión, sino también los Estados miembros tienen que estar implicados en un debate público para dejar claro qué estamos negociando y qué no. El texto del acuerdo será público mucho antes de que los Estados miembros y el Parlamento Europeo tengan que pronunciarse sobre él. Es cierto que los acuerdos comerciales son muy técnicos y reconozco que hay que hacer un esfuerzo continuo de pedagogía.

Otra de las preocupaciones de los europeos es que se puedan rebajar los estándares de protección.

No habrá nada en esta negociación que implique una rebaja de los estándares de protección en Europa, ya sea en materia de calidad, de protección del consumidor, de protección del medio ambiente, de privacidad o cualquiera de los valores que se encuentran reflejados en la legislación europea. La garantía principal es que cualquier pacto negociado por la Comisión tendrá también que ser acordado por todos los Estados miembros y ser ratificado por el Parlamento Europeo. La Comisión no va a negociar nada que implique una reducción del nivel de protección. Si acaso incluyese algo, no sería jamás aceptable para la Eurocámara.

Para la UE es fundamental que en EE UU se apruebe cuanto antes la Autoridad de Promoción Comercial [autorización por la cual el Congreso puede aprobar o rechazar un acuerdo comercial, pero no incluir enmiendas]. ¿Está retrasando las negociaciones?

Hasta ahora el hecho de que no la tengamos no ha sido un problema. Ahora bien, no se puede entrar en la fase decisiva de la negociación, cuando uno tiene que tomar las decisiones en los temas difíciles, sin saber que su contraparte tiene la plena autoridad para llegar a acuerdos definitivos. Nos parecen positivas las señales que estamos recibiendo que indican que se le va a dar prioridad política. Es importante para la UE: quizás uno de los factores que determine el progreso en esta negociación es que el Congreso de EE UU la otorgue cuanto antes.

¿Será la UE más permisiva en cuanto a los transgénicos?

No vamos a negociar ningún cambio en la legislación europea sobre transgénicos. EE UU tampoco nos lo está pidiendo. Donde han mostrado preocupación es en los casos en los que nuestra legislación no está siendo aplicada de forma eficaz por los retrasos en los procedimientos de aprobación.

¿Qué posibilidad hay de que se liberalicen servicios públicos?

La posición de la UE es clarísima: no negociamos al respecto.

¿Y los contratos públicos?

Uno de los objetivos de la UE es que las empresas europeas sean tratadas en EE UU de la misma manera en que las empresas americanas son tratadas en Europa. Aquí los procesos de licitación se hacen sobre una base transparente y no se discrimina a las empresas americanas. En EE UU existe una legislación —Buy American Act— que establece que una empresa debe estar establecida en EE UU y asegurar que un cierto porcentaje del valor del contrato, en algunos casos hasta el 100%, es americano para poder participar en un procedimiento de licitación. Esta legislación discriminatoria es uno de los problemas importantes de la negociación.

¿Qué ocurrirá con los servicios financieros?

Es uno de los puntos complicados. Para la UE sería paradójico que un sector en el cual la cooperación es tan importante se excluyera del TTIP. No se trata de cambiar los niveles de protección, sino de asegurarse de que los reguladores de ambas partes cooperen de buena fe y que examinen la posibilidad de establecer reconocimientos mutuos de equivalencias en el sector financiero, dejando muy claro que al final depende de la decisión de cada regulador. Este es nuestro objetivo, pero de momento la posición americana continúa siendo bastante reticente.

Hay estudios económicos que apuntan que las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea tras la firma del acuerdo —119.000 millones de euros en beneficios y 400.000 puestos de trabajo— son demasiado optimistas.

Hay muchísimos estudios económicos. Y no todos arrojan la misma cifra. El que presentó la Comisión antes del lanzamiento de la negociación hablaba de que este pacto supondría un aumento anual en el producto interior bruto de la UE de en torno al 0,5% a partir de los diez años de su aplicación. Parece una cifra realista. Eso no quiere decir que no vaya a tener efectos inmediatos; por ejemplo, si conseguimos que los aranceles americanos, en su gran mayoría, se eliminen desde el primer día. Y lo mismo ocurre con el tema reglamentario. Pero en vez de concentrarse tanto en las grandes cifras, hay que ver cuáles son los temas en los que las condiciones para que las empresas europeas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, exporten al mercado americano van a verse favorecidas con este acuerdo. Se abrirán posibilidades para empresas que ahora ni se plantean exportar a EE UU.