El 95% de los ataques a defensores del derecho a la tierra quedan impunes

A la familia de la activista mexicana Claudia Zenteno le pegaron una paliza en agosto de 2010. Tres meses después, su hijo de 20 años fue secuestrado durante nueve días. Cuando lo soltaron, contó que lo habían electrocutado, sedado y casi no le dieron de comer. “Su cuerpo estaba lleno de cortaduras y permaneció con el rostro cubierto durante el cautiverio”, relata su madre. Zenteno comenzó su lucha por la conservación del suelo de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, en el sur de la capital el país, en 1997, cinco años después de que la zona fuera declarada área natural protegida. “Desde un comienzo hubo hostigamientos y amenazas, pero hace cuatro años sufrimos las agresiones más graves cuando las autoridades quisieron derribar nuestra casa. Después llegó la golpiza, que dejó ciego de un ojo a mi esposo, y más tarde, el secuestro”. A su hijo lo liberaron con un mensaje escrito dos veces, sobre la espalda y el vientre: “No debía”.

Desde enero de 2011 el Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos ha documentado 106 casos de hostigamiento contra 282 defensoras y defensores del derecho a la tierra y 19 ONG en todo el mundo. Tan sólo en México, entre 2009 y 2012, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) recoge más de 50 ataques, incluyendo asesinatos, en 17 estados del país. La mayoría estaban vinculados a proyectos de minería (15) y de explotación forestal (15), pero también a proyectos turísticos (3), inmobiliarios (2), hidráulicos (7) y de infraestructura para el tráfico (5). La organización define a los defensores de la tierra como aquellos grupos, personas o instituciones que intentan promover y proteger los derechos humanos relativos a la tierra, especialmente enfrentándose de manera pacífica al impacto negativo de los proyectos de inversión. Eso hacía y sigue haciendo Claudia para evitar que la acción humana termine con las chinampas de Xochimilco.

Su batalla es una de las muchas incluidas en el informe “No tenemos miedo” Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado, hecho público este martes por el Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos, de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura.

El documento pinta un panorama muy negro para los defensores del derecho a la tierra  y asegura que nunca se han visto tan afectados por la represión como en la actualidad

El documento, que destaca a México en varios apartados, pinta un panorama muy negro para los defensores del derecho a la tierra en todo el mundo y asegura que nunca estos se han visto tan afectados por la represión como en la actualidad. El Observatorio concluye de su investigación que “muy frecuentemente los agresores son agentes de policía, militares, agentes de seguridad de empresas privadas o incluso mercenarios, cuyo objetivo es acallar las voces opositoras que podrían frenar un proyecto de inversión”.

Según el informe, los defensores enfrentan múltiples violaciones de derechos humanos, entre las que se encuentran “las amenazas y la violencia, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, las campañas de calumnias, la vigilancia ilegal, el hostigamiento judicial y las detenciones arbitrarias”. El 95% de las vulneraciones queda impune, ya que “los órganos judiciales de los países en los que tienen lugar estas violaciones se caracterizan por la ausencia de independencia, de medios o de pericia. A menudo, cuando es posible presentar demandas contra las empresas para responsabilizarlas, los procesos judiciales son largos, peligrosos, irregulares y costosos”.

En último lugar el Observatorio reclama que se lleven a cabo consultas que “garanticen la participación directa de los afectados por los proyectos y que se reconozca a los defensores de derechos humanos como interlocutores legítimos para prevenir los conflictos y frenar las violaciones”. Recuerda también que se deben reforzar la capacitación y la independencia de los sistemas judiciales nacionales y regionales para que los defensores accedan a la justicia y recomienda reforzar la legislación internacional para poder responsabilizar a las empresas cuando estas cometen delitos, así como garantizar que el derecho a la tierra se proteja de forma adecuada.