Los porqués de Iguala

El Gobierno mexicano es responsable de la desaparición de al menos 512 personas entre 1969 y 1985 en Guerrero, el epicentro de la crisis social desatada por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (a 192 kilómetros al sur de la capital de México) el 26 de septiembre pasado. De aquellas 512 personas, a día de hoy, se desconoce su paradero y la orden judicial por las que se les detuvo, según el informe elaborado por la Comisión de La Verdad de Guerrero, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento prueba que a lo largo de 14 años la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) echó mano de policías y militares para realizar ejecuciones extrajudiciales, abusos policiales, violaciones e incluso vuelos de la muerte.

La conclusión del informe revela los antecedentes de una de las mayores crisis sociales del país en los últimos años: la masacre de Iguala. La investigación recopila centenares de testimonios y documentos que prueban que la extinta DFS, que operaba bajo las órdenes del Partido Revolucionario Institucional (PRI, que ejerció el poder hegemónico del país entre 1929 y 2000), desplegó 360 efectivos policiales y militares de élite para la “localización, captura y exterminio” de grupos “subversivos” en los años setenta sin ningún tipo de orden judicial. La Comisión pone nombre, foto y apellido a, por lo menos, 512 de esas víctimas, detenidas en Guerrero. Con un ínfimo presupuesto aprobado por el Congreso guerrerense (que ha incumplido en los últimos seis meses), un equipo de académicos independientes realizó un exhaustivo trabajo que comenzó oficialmente en 2012 —pero cuyo germen se remonta a 2006— por petición de los familiares de las víctimas. Durante su trabajo sufrieron ataques de sicarios, el último en enero de este año.

“La gente aún tiene mucho miedo a hablar. De ninguna manera lo recabado representa el 100% de las desapariciones forzadas. Muchas personas todavía tienen temor. Otros consideran que ya ocurrió hace mucho tiempo y prefieren resignarse”, explica Nicomedes Fuentes, uno de los miembros de la Comisión. “Todo lo que ocurrió en la guerra sucia [durante los años sesenta y setenta] está vinculado con lo de Ayotzinapa. No se resolvió el problema de los años setenta. Nunca se ha buscado resarcir el daño. No hay una cultura democrática que traiga paz. El peor delincuente tiene derecho a un juicio. No tienen por qué desaparecerlos. Tienen que juzgarlos y castigarlos de acuerdo con el Estado de derecho de México”. La Comisión asistió en 2012 a la exhumación de dos cadáveres de personas ejecutadas extrajudicialmente, pero aún no han sido devueltas a sus familias.

Gustavo Tarín, miembro de la policía militar, afirma que los habitantes de Guerrero eran detenidos e interrogados bajo tortura para que “confesaran” delitos sin orden judicial. Si no aceptaban, los llevaban atados y vendados a una silla a la que llamaban el banquito de los acusados. Les decían que los iban a fotografiar, cuenta Tarín. “Entonces los mataban con un disparo en la nuca. Siempre se usó la misma pistola, por lo que la bautizaron como la espada justiciera. Se colocaban dentro de costales, se le ponían unas piedras y se cosían”. Los cuerpos eran arrojados desde aviones militares. En una noche podía haber hasta tres o cuatro vuelos. Tarín calcula que al menos 1.500 personas murieron así durante ese periodo. La Comisión ha podido comprobar al menos esas 512 muertes. Uno de los militares que participó en estas operaciones pidió asilo político en Canadá en 1988, horrorizado por lo que había visto.

Margarito Monroy Candía, mecánico de aviones, respalda la versión. Participó en 15 viajes. Su testimonio: “Señala que las personas que transportó eran de todos los lugares, también de buena situación económica, ingenieros, doctores del pueblo, licenciados, de todo tipo. Cuando eran mujeres les ofrecían que si tenían sexo [con los militares], al llegar a Guerrero las dejarían en libertad y en su caso [las devolverían] a sus esposos. En algunas ocasiones aceptaron, pero nunca, que él viera, las liberaron”, explica el informe.

Monroy cuenta que todos los viajes en que participó eran encabezados por el general Mario Arturo Acosta Chaparro, denunciado en 2001 por 120 familias por la desaparición de sus seres queridos y formalmente acusado en 2004 —poco después fue absuelto— de lanzar al mar a 22 campesinos desde un avión. Se retiró, condecorado, en 2008, pese a que también fue señalado por supuestos vínculos con el narcotráfico. Murió en 2012 en uno de los barrios más adinerados de la capital mexicana en un ataque con el sello del narco: un desconocido lo mató de un tiro en la cabeza a plena luz del día.

Las poblaciones y testimonios mencionados en la Comisión hacen imposible no vincular lo ocurrido hace 40 años con la tragedia de Iguala de 2014. Las cifras de pobreza de Guerrero son idénticas: de 70% de la población en 1962 a 69,7% en 2013, pese a que el Gobierno mexicano ha dedicado millonarios programas oficiales para atajarla. Las protestas que iniciaron el movimiento subversivo contra el Gobierno mexicano eran, en inicio, pacíficas, hasta que una serie de matanzas en los años sesenta y un fraude electoral en 1962 provocaron que la Asociación Cívica Guerrerense (ACG, fundada, entre otros, por Genaro Vázquez) eligiera la clandestinidad y apareciera la figura de Lucio Cabañas, un maestro rural convertido en guerrillero que se convirtió en una de las cabezas más visibles del movimiento. Los tiroteos y las matanzas eran habituales. Vázquez y Cabañas egresaron de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la misma a la que pertenecen los 43 desaparecidos del pasado septiembre.

En 1974, el Partido de los Pobres, ya convertido en guerrilla, secuestró al senador Rubén Figueroa Figueroa, un hombre que se enorgullecía tanto de su red de cacicazgo que se hacía llamar el tigre de Huitzuco y que hacía campaña por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el cargo de gobernador. Liberado a los dos meses, ya en el cargo de gobernador los zarpazos del tigre de Huitzuco fueron implacables. Muchos de los detenidos datan de su mandato, entre 1975 y 1981.

Las víctimas tienen rostros e historias. Algunas son familias enteras. Como los Castro Molina. El padre, Petronilo, y los tres hijos, Guadalupe, Fabiola y Eleazar, desaparecidos desde 1972. O Carlos Díaz Frías, que se ahorcó en 1978 en su celda porque no aguantó más las torturas. Sus familiares aún esperan una respuesta.