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Venezuela niega la libertad que pide la ONU al opositor López

La defensa del político, preso desde febrero por dirigir una ola de disturbios en contra del Gobierno, acudirá a la Corte de Apelaciones

López en el momento de su detención en febrero.
López en el momento de su detención en febrero. REUTERS

El Gobierno de Venezuela, a través del poder judicial, está decidido a mantener tras las rejas al opositor Leopoldo López. La jueza Susana Barreiros no acató la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que ordenaba la inmediata liberación del político venezolano, preso desde febrero como supuesto autor intelectual de los disturbios contra el Gobierno durante cuatro meses.

La defensa de López llevará ahora la petición ante la Corte de Apelaciones, pero son pocas las esperanzas de que haya un fallo distinto. Recientemente, las reclamaciones contrarias a los intereses del Gobierno en instancias superiores —como la que llevó el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski en 2013 a impugnar ante el Tribunal Supremo de Justicia las elecciones que le dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro— han sido desestimadas. Desde que aumentó el número de magistrados del Supremo de 20 a 32 en 2006, nunca el Gobierno ha sufrido un revés. 

“El fallo es absolutamente censurable y viola abiertamente la Constitución, las leyes venezolanas y los pactos internacionales en materia de derechos humanos, puesto que, a pesar de lo dictaminado por Naciones Unidas, a juicio de la jueza Barreiros no hubo violación de derechos humanos y alega que el dictamen de la ONU no es vinculante”, dijo el abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez. 

La decisión de Barreiros partió de un argumento que el chavismo ha convertido en mantra durante tres lustros de mandato: Venezuela es soberana y no acepta injerencias en sus asuntos internos. Fue el primer fallo del tribunal relacionado con ese caso tras más de un mes.

El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU consideró que López es víctima de una “detención arbitraria” y pidió su liberación, según documento fechado en septiembre y que sus abogados difundieron en octubre. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró posteriormente la reclamación. Similares peticiones han hecho los presidentes Barack Obama y Mariano Rajoy.

López cumplió ayer 270 días en prisión y se enfrenta desde hace más de tres meses a un juicio sin poder presentar pruebas y testigos. Si es declarado culpable, puede ser condenado a hasta 13 años de prisión.

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