“Iguala es un test para la credibilidad de México”

José Miguel Vivanco es el director para América de Human Rights Watch. Acaba de terminar una gira por Guerrero y el Estado de México para investigar los dos casos que han convulsionado el país: la desaparición de 43 estudiantes en Iguala y la matanza de 22 civiles a manos del Ejército en Tlatlaya.

Pregunta. ¿Está México mejor o peor en materia de derechos humanos que antes de la llegada del presidente Enrique Peña Nieto?

Respuesta. Está igual. Hay una continuidad en las políticas antinarcóticas y siguen los cuerpos de policía mafiosos e incompetentes. Se mantiene un contexto de impunidad, con escasos resultados en las investigaciones, sobre todo, de desapariciones. No es posible sostener que se vaya a mejor.

P. Ha señalado que Iguala sólo es comparable a Tlatelolco como crisis de derechos humanos. ¿Confía en que México salga de esta situación?

R. Depende de si hay voluntad política de lograr resultados. De Tlatelolco nunca se salió, nunca se estableció la verdad completa. Y tampoco en Chiapas o con los abusos en el mandato de Felipe Calderón.

P. ¿Le parece adecuada la reacción gubernamental en el caso de Iguala?

R. Tlatlaya e Iguala son un test para la credibilidad del Gobierno actual. Estos casos deben ser resueltos sobre la base de pruebas sólidas y confiables. No sobre soluciones políticas ni atajos.

P. ¿Cree que hay una responsabilidad de Estado en lo ocurrido en Iguala?

R. Hay una responsabilidad de Estado. Aunque detrás esté el narco, son funcionarios públicos, policías de Iguala los que atacan y secuestran. Y después hay un fallo en la reacción estatal y federal.

P. ¿Cómo sitúa a México en derechos humanos respecto a otros países de América?

R. No hacemos rankings. Hay demasiadas diferencias entre países. Pero en violencia, corrupción e impunidad y violaciones de derechos humanos en la guerra contra las drogas, México está entre los casos más graves desde la época de Calderón.

P. En Tlatlaya hubo ocultamiento, pero finalmente se ha ejercido la acusación contra los militares. ¿No significa esto un paso adelante?

R. En Tlatlaya hay una versión inicial oficial mentirosa en la que se habló de un enfrentamiento y que fue ratificada por las máximas autoridades de la Secretaria de Defensa Nacional y del Estado de México. Si no fuera por la declaración de un testigo a un medio de comunicación, aún estarían defendiendo esta versión. Ahora, la investigación abierta hace responsables de las muertes a siete soldados rasos y culpa a un teniente por encubrimiento. Eso no es creíble. Tienen que seguir investigando para dar con todos los responsables de la masacre y también con quienes les encubrieron.

P. De sus palabras se deduce que el gran problema mexicano es la impunidad.

R. Es la impunidad, la falta de rendición de cuentas. Los poderosos no pagan. Hay permanentes atajos, no hay investigaciones serias; los casos se resuelven mediante presiones y abusos. Impunidad, por ejemplo, es que desde 2006 no se haya registrado ninguna condena por desaparición forzada en México. Y ese es el contexto que permite a policías como los de Iguala disparar sin rendir cuentas a nadie.