Maduro busca complacer al chavismo radical con la reforma de la policía

El pasado viernes el presidente Nicolás Maduro nombró a Freddy Bernal, diputado oficialista, como presidente de una nueva comisión para reformar los cuerpos de seguridad en Venezuela. La designación completó, de momento, los movimientos en el tablero del poder necesarios para dar inicio a lo que el mandatario venezolano bautizó como la "revolución policial".

La inseguridad es uno de los principales problemas que azotan a Venezuela. De acuerdo a cifras extraoficiales —el Gobierno se reserva las estadísticas para evitar su difusión— se han cometido más de 100.000 homicidios durante la última década en el territorio nacional. Fiel a sus postulados, el proceso bolivariano se ha dicho proclive a combatir el flagelo mediante un enfoque social de prevención, que en cualquier caso no ha arrojado resultados en casi 16 años de régimen revolucionario. En el aspecto represivo tampoco hay logros, en buena medida por culpa de unos cuerpos policiales con frecuencia penetrados por la delincuencia y hechos todavía para prácticas violatorias de los derechos humanos.

En el punto de mira del diagnóstico se encuentra el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC, anteriormente Policía Técnica Judicial), organismo auxiliar de la Fiscalía en la pesquisa de delitos. Tenido por mucho tiempo como un ente profesional, entre los años 2000 a 2009 el CICPC figuró como perpetrador en al menos 109 denuncias de violación de derechos humanos presentadas por las organizaciones no gubernamentales que conforman la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Otra organización, Provea, en 2013 achacó a actuaciones de ese cuerpo policial más de la mitad de las muertes por presuntas ejecuciones extrajudiciales. El CICCPC ha sufrido diversas transformaciones durante el régimen chavista. En una de sus Juntas Interventoras participó el comisario Vladimir Flores, cuñado del presidente Maduro.

Los anuncios presidenciales obedecen más a la necesidad de balancear los intereses de las distintas facciones del oficialismo que a un propósito de atajar la criminalidad en el país

La gota que rebasó el vaso fue la operación de asalto, el pasado 7 de octubre, al edificio Manfredi del centro de Caracas, baluarte del Frente 5 de Marzo, uno de los grupos de base armados para la defensa de la revolución que se conocen como colectivos. En la redada, a cargo de agentes de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) —grupo comando del CICPC—, cayeron abatidos cinco integrantes del Frente 5 de Marzo, incluyendo a su líder, José Odremán, y su lugarteniente, Carmelo González. Según dio a conocer en su programa televisivo de este domingo el periodista José Vicente Rangel —excanciller y exvicepresidente de Chávez, y uno de los mentores políticos de Maduro—, se han librado órdenes de captura contra siete miembros del BAE por lo que Rangel no dudó de calificar como "una masacre".

"El CICPC y la Policía Nacional Bolivariana tienen que ser cuerpos para proteger al pueblo", clamó Maduro en un acto transmitido el 27 de octubre por cadena nacional de radio y TV. "Vayamos profundo a construir el sistema de policías que de verdad merece nuestra patria. (...) Hace falta en Venezuela, y la voy a hacer, una revolución policial".

El nombramiento de Freddy Bernal al frente de la Comisión para la Revolución Policial, que completan otras ocho personalidades, brinda sin embargo una clave para comprender que los anuncios presidenciales obedecen más a la necesidad de balancear los intereses de las distintas facciones que hoy luchan por el control del oficialismo, antes que a un propósito exclusivo de atajar la criminalidad en el país.

El reordenamiento del aparato policial del Estado arrancó el 24 de octubre con la inesperada destitución del general Miguel Rodríguez Torres, hasta entonces poderoso titular de la cartera de Interior y Justicia, sustituido por la ministra de Defensa, Almiranta Carmen Menéndez. En el mismo acto, el presidente Maduro removió de sus cargos a los directivos del CICPC y despidió al comandante general de la Guardia Nacional —una policía militarizada que resguarda el orden público y las fronteras—, general Gabriel Colmenares Oviedo, quien apenas llevaba tres meses al mando.

Rodríguez Torres y su tradicional aliado, Diosdado Cabello, excapitán del Ejército y actual presidente de la Asamblea Nacional, encabezan el ala militar—desarrollista del chavismo, al que su facción más radical llama sin clemencia como la derecha endógena. Rodríguez Torres —que cuando dirigió los servicios de inteligencia del chavismo fue, según la historia oficial, uno de los tres funcionarios que mantuvieron en febrero de 2013 la última reunión de trabajo con el después fallecido presidente Hugo Chávez— aúpa desde hace tiempo su propio proyecto político. Desde el Ministerio del Interior y Justicia promovió el llamado patrullaje inteligente de cuadrantes urbanos y la adquisición de un sofisticado sistema de vigilancia satelital de fabricación china, como parte de un plan de seguridad que, de haber resultado, sin duda le habría redituado en puntos de popularidad.

Freddy Bernal participó en la segunda intentona de 1992 para derrocar al  entonces presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez

Sin embargo, los colectivos, núcleo duro del chavismo civil de base que de antemano aborrece a la derecha endógena, responsabilizaron a Rodríguez Torres de la masacre del edificio Manfredi y exigieron su cabeza como mínima compensación. Que las riendas de la reforma policial hayan quedado en manos de Bernal, exalcalde de Caracas y actual diputado de la Asamblea Nacional por el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), constituye un triunfo adicional de esos colectivos.

Freddy Bernal, de 52 años de edad, es también un chavista de primera hora. En 1992, cuando era miembro de los grupos de comando de la antigua Policía Metropolitana (PM) de Caracas, participó en la segunda intentona de ese año, el 27 de noviembre, para derrocar al entonces presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. Diversas versiones lo pintaban desde 2013 como un crítico interno del Gobierno de Maduro, apuntalado solamente en su posición partidista por su cercanía, casi como cabecilla más que como enlace, a los grupos de defensa de la revolución que hacen guardia en el área metropolitana de Caracas.

Durante su juramentación, el pasado viernes en la ciudad de Barquisimeto (estado de Lara, centroocidente de Venezuela), Bernal aseguró que combatirá "las mafias que se encuentran en los cuerpos policiales".