Los franceses tendrán ayudas por acudir al trabajo en bici

El Gobierno de François Hollande ha recibido este martes la luz verde de la Asamblea Nacional a su ambicioso proyecto de Transición Energética. A las grandes líneas de la ley, que prevé reducir a la mitad el consumo de energía en 2050 y convertir Francia en la campeona europea de la ecología, se han añadido medidas novedosas de gran simbolismo. Entre ellas, las de facilitar a las empresas que abonen dinero a sus empleados por utilizar la bicicleta para acudir al trabajo, a razón de 25 céntimos el kilómetro, aproximadamente, si bien aún no se ha fijado el precio. A cambio, esas empresas verán reducidas sus cotizaciones sociales. Las compañías de más de cien empleados tendrán que presentar un plan que promueva el transporte público, el coche compartido o la bicicleta. Las bolsas de plástico de un solo uso estarán prohibidas a partir de enero de 2016, pero también los cubiertos y vajillas de ese mismo material a partir de 2020.

Fomentar el uso de la bicicleta se ha convertido en Francia, y más específicamente en París, en una prioridad. La capital prevé reservar cada vez más espacios para aparcar el vehículo de dos ruedas y las empresas —y los trabajadores— van a obtener ventajas si promocionan su uso. El transporte, responsable del 27% de la emisión de gases de efecto invernadero, va a ser mucho más limpio dentro de unos años en Francia gracias a la Ley de Transición Energética que ha lanzado la ministra de la Ecología Ségolène Royal. Además de los siete millones de enchufes que se van a instalar (ahora solo hay 10.000) de aquí a 2030, los particulares se beneficiarán de una prima (que puede llegar a los 10.000 euros) si cambian su coche de diésel por uno eléctrico. La flota estatal debe ir renovándose con este tipo de vehículos en una proporción de uno de cada dos nuevos que compre y las empresas de transportes, en uno de cada diez.

La ley, que ha sido aprobada por amplia mayoría en la Asamblea (314 votos contra 219), prevé aumentar las fuentes renovables hasta que supongan el 40% del total, reducir el uso de combustibles fósiles en un 30% en quince años, renovar los edificios para ahorrar energía y reducir a la mitad los deshechos para 2025. Dentro de este último capítulo se enmarca la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso y, atendiendo a la demanda de los ecologistas de la Asamblea, se ha añadido también el veto a las vajillas y cubiertos del mismo material. Royal, que no era partidaria, lo ha aceptado siempre que entre en vigor en 2020. También con la vista puesta en la reducción de los deshechos, Francia prevé penalizar con hasta 300.000 euros y dos años de prisión la obsolescencia programada. La mayoría de los productos deberán avisar al consumidor acerca de su vida activa. Todo ello, eso sí, convivirá con la gran potencia nuclear francesa, que quedará limitada al nivel actual.

Tras varios años de trabajo en este asunto, el Gobierno ha comprobado que los hogares franceses gastan demasiado en calentarse. Para reducir la factura que ello conlleva, la ley aprobada prevé también importantes ayudas a los más modestos con el llamado cheque-energía, para renovar los edificios. El proyecto es aumentar la eficiencia de 500.000 edificios cada año a partir de 2017. La intención es que todos los edificios de Francia hayan quedado renovados para 2050. A las ayudas se añadirán beneficios fiscales y préstamos baratos para lograr tal objetivo.

El Senado tiene ahora que validar la ley aprobada, pero lo hará en una sola lectura y después la Asamblea le dará luz verde por procedimiento abreviado. El principal escollo que los críticos ven en este proyecto es su coste: 10.000 millones de euros en tres años. Royal, sin embargo, asegura que la nueva economía verde va a generar 100.000 nuevos empleos, además de reducir la factura energética.