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Todos bajo sospecha en Iguala

La policía de Peña Nieto toma el control de la ciudad tras la desaparición de los estudiantes

Policías federales desplegados por el Gobierno central en Iguala.
Policías federales desplegados por el Gobierno central en Iguala.

La Policía Municipal de Iguala era severa a la hora de aplicar las reglas de circulación. A los coches aparcados en la zona roja o en doble fila les quitaba la matrícula y no se la devolvía al conductor hasta que pagara el último céntimo de la multa. Los agentes empleaban la misma lógica con los vecinos que tenían ahorros. Una semana antes de la masacre de los estudiantes que ha puesto a Iguala en la mira internacional, raptaron a un chófer de autobuses y no lo liberaron hasta que su familia pagó los 600 dólares que exigían por el rescate. En esta tierra donde se secuestraba indistintamente la placa de un vehículo o a un ciudadano de a pie, las autoridades son sospechosas de haber vivido durante años al servicio del crimen organizado.

El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, prófugo desde que el viernes 26 de septiembre desaparecieran en su ciudad 43 alumnos de magisterio y fueran encontradas días después seis fosas clandestinas con 28 cadáveres pendientes de identificar, tiene vínculos con los Beltrán Leyva, un cartel familiar con muchos años en el negocio. Los dos hermanos de su mujer, muertos en 2009, fueron operadores en esa organización, el máximo rango tras la cúpula. El partido de Abarca, el PRD —la izquierda mexicana—, tiene denuncias internas que le acusan de haber asesinado a tres oponentes de su propia formación. Esta información la manejaba desde hace un año el Cisen, el servicio secreto del Gobierno. Tras la masacre, todos los políticos de los alrededores están bajo sospecha.

Ángel Aguirre, el gobernador de Guerrero, un Estado sin control y con una de las tasas más pobres del país, anunció este martes que los 81 alcaldes de la región y sus respectivas policías serán investigados a fondo y las conclusiones serán enviadas al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. “Sabemos de la infiltración de la delincuencia en varios municipios […] Desde ahora estamos exigiendo que, con el apoyo del Gobierno federal, en aquellos casos que podamos acreditar que hay policías como en Iguala podamos actuar pronto y de manera resuelta”, dijo el gobernador. El propio Aguirre, también del PRD, está siendo muy cuestionado y son muchas las voces que piden su dimisión. En un momento de arrebato amagó con hacerlo, pero no lo concretó: “Si eso resolviese la situación, no tengo ningún inconveniente en irme”.

Detenidos 22 policías de Iguala y el resto de la plantilla suspendido de empleo y sueldo por sus nexos con los Guerreros Unidos, un cartel local, el control de la ciudad lo ha tomado la gendarmería y la policía federal llegada desde la Ciudad de México. Fuertemente armados, los agentes se desplegaron por todo el municipio y por la noche se hospedaron en los hoteles del centro. “Nos avisaron de repente y nos dijeron que vamos a estar por acá unos dos meses”, dijo una oficial que descargaba de un camión una impresora y unos ordenadores. Más que una intervención puntual parece una mudanza.

Los Guerreros Unidos amenazan con desvelar los nombres de los políticos que los apoyan 

Los policías, sin pasamontañas y más cordiales que los adustos militares que han combatido años atrás a los carteles, se hicieron selfies con los vecinos y hablaron con normalidad a las señoras que iban a la compra o los abuelos que echaban la tarde en la plaza. Es la nueva cara que pretenden dar las policías de Peña Nieto tras años de muy mala imagen. Los Guerreros Unidos no fueron tan amables en su bienvenida y colocaron en las calles una narcomanta que sonaba a toque de corneta: “Gobierno federal y estatal y a todos los que nos apoyaban, se les exige que liberen a los 22 policías que están detenidos. Les damos 24 horas para que los suelten, si no aténganse a las consecuencias. Empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoyaba del gobierno… ya empezó la guerra atte: GU”.

En tiempos de incertidumbre como este, los vecinos se informan a través de páginas ciudadanas de Facebook. Miembros de grupos como Solo Chilpo o Solo Iguala informan en tiempo real de lo que está ocurriendo en ese momento frente a sus ojos. “Ahí está todo el chismerío. El viernes pasado leí que había una balacera cerca de aquí y bajé las persianas de mi local. Después resulta que habían matado a dos al ladito”, cuenta Carlos, el propietario de un cibercafé. Solo Chilpo ha recibido 200.000 visitas diarias en los últimos días. A cada rato la página se vuelve inaccesible por el exceso de tráfico.

Los cadáveres encontrados en el cerro siguen sin identificar

Los cadáveres encontrados en el cerro siguen sin identificar. Las fosas han sido abandonados tras la exhumación del servicio forense y solo quedan algunos restos de las víctimas como pantalones, cinturones y sombreros. Se tarda en llegar una hora a pie a lo alto del cerro. La hipótesis principal que manejan los investigadores es que la policía de Iguala detuvo al grueso de los estudiantes —a dos de ellos los mató a balazos, a un tercero lo desollaron y le sacaron los ojos— y los trasladó a la comisaría, donde fueron entregados a los sicarios del cartel. Los criminales estaban muy molestos porque los alumnos, habituales protagonistas de las protestas en reivindicación de los derechos de los profesores y contra el sistema en general, hubieran venido a su territorio a armar jaleo.

De la comisaría los jóvenes fueron llevados a un monte a las afueras de Iguala, donde fueron ejecutados y enterrados tras ser quemados en una pira. El número de cuerpos encontrados no coincide con el de los desaparecidos: hay una diferencia de 12. El asunto presenta todavía muchas incógnitas. Los alumnos de magisterio de la escuela de Ayotzinapa se niegan a creer que esos huesos calcinados pertenezcan a los de sus compañeros y colocaron fotografías de los suyos en la puerta de la fiscalía. Nadie parece metabolizar un horror como este.

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