Incoherencias en do mayor

Nunca termina un observador extranjero de sorprenderse de lo que pasa en Colombia. Esta fue la semana de elevar el valor de las multas por contravenciones menores y la de los perdones anticipados a los peores criminales.

Se presenta al Congreso un nuevo código de policía que pone fuertes sanciones económicas a conductas que afecten la convivencia cómo poner música a alto volumen, saltarse la fila de Transmilenio, comprar un celular robado y maltratar a una mascota, sea propia o ajena.

Simultáneamente el fiscal general, el responsable de la lucha contra el delito, plantea un día que las bandas criminales que reciclaron a los antiguos paramilitares que no se desmovilizaron en el gobierno de Álvaro Uribe, o sea a los reincidentes, sean llamadas a entregarse a la justicia a cambio de beneficios judiciales. Y al día siguiente lanza otra propuesta para que se cierren todos los procesos judiciales de guerrilleros y de militares, en el evento de la firma de la paz. Algo como un punto final judicial o muerte jurídica, y a esta hora no se han dado más detalles, sobre si sería indiscriminado y general.

El ministro de Justicia, un eminente profesor de derecho penal, mostró su sorpresa y no pudo evitar la incomodidad de tener que discrepar del poderoso fiscal general, que la semana anterior había llamado a los jueces y fiscales del país a oponerse al congreso de Colombia que pretendía crear un tribunal de aforados para investigarlos.

El propio expresidente Uribe, quien se ha arrogado la defensa de los militares también criticó la propuesta y llamó a los militares a declararse ofendidos por tener el mismo tratamiento de los terroristas.

La verdad es que el delicado asunto de cómo tratar a quienes participaron de un conflicto que ha alcanzado los más inverosímiles niveles de atrocidad, tiene dividida a esta sociedad como ha ocurrido en casi todas las latitudes que han pasado por procesos similares.

¿Qué tratamiento hay que darle a los máximos responsables de los grupos que cometieron las atrocidades?

¿Qué tratamiento hay que darle a los máximos responsables de los grupos que cometieron las atrocidades? ¿Debe imperar siempre el principio vertebral a todas las instituciones militares de la obediencia debida? ¿Caben leyes de punto final en estos años en los que se han acogido tratados que ponen claros límites a los perdones judiciales para quienes han cometido delitos de lesa humanidad? ¿Tiene sentido dar un tratamiento paralelo a militares y a guerrilleros? ¿Puede sancionarse con justicia transicional a los máximos responsables de los hechos violentos en el lado de la guerrilla, o sea para los jefes de las FARC, y no hacer un paralelo para los agentes del Estado, o sea para los jefes de Estado, ministros y comandantes militares?

Pero más allá de las respuestas, que siempre serán discutibles y que hacen parte de agudas controversias ideológicas, estas propuestas del fiscal caen en una sociedad profundamente dividida y precisamente por las valoraciones sobre el actual proceso de paz que adelanta el presidente Santos con las FARC en La Habana. Y que sin siquiera vislumbrar el final de este proceso, la sociedad y sus líderes y autoridades cada día profundizan más esta ruptura.

Respetables senadores, ministros, expresidentes, fiscales y procuradores, todos trenzados unos contra otros, en controversias y acusaciones mutuas, denunciándose por todo tipo de delitos y todos pidiendo investigaciones exhaustivas. Difícil explicar a los hijos, a las nuevas generaciones, que la paz traerá un país mejor.

Los mensajes cruzados son desconcertantes para todos pero en especial para los niños colombianos que hoy se educan viendo por los medios contrastes morales. Subir y subir penas y multas monetarias a muchas conductas, graves claro está, como poner música a alto volumen o conducir habiendo tomado dos cervezas, pero menos graves que el terrorismo, que el homicidio fuera de combate, el secuestro o la desaparición forzada.

El mensaje es que quienes más atroces hechos han propiciado mejor tratamiento tendrán, pero que debemos recuperar la cultura ciudadana para usar el transporte público. ¿Tendrá multa mandarlos a callar a todos?