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COLUMNA

Sangre en la frontera sur

Estados miembros de la UE muestran que lo principal es detener las llegadas de inmigrantes

Sangra la frontera sur de Europa, y más tras este lúgubre verano en el Mediterráneo central. Comisión y Estados miembros de la UE muestran su preocupación, pero el mensaje, implícito pero inequívoco, a los países europeos mediterráneos es que lo principal es detener las llegadas. Los países de primera recepción replican apelando a la solidaridad y al reparto de costes. Encuestas en mano (según Eurobarómetro, los que expresan inquietud por la inmigración pasaron del 8% al 21% en apenas 18 meses), y tras el éxito de partidos antiinmigración en las elecciones europeas y en algunas nacionales (locales francesas, generales suecas), los Gobiernos dan muestras de nerviosismo. Se intuye un giro más a la derecha en el control de fronteras, cuyas consecuencias humanitarias pueden ser nefastas.

El nuevo puesto de Comisario de Migración y Asuntos de Interior denota la renovada importancia del tema; la elección para el cargo de Dimitris Avramopoulos, ministro de Defensa griego, es sintomática. Avramopoulos es un fiel aliado político del rimer ministro Samaras, cuyo Gobierno ha aplicado una política encaminada a demostrar a los socios europeos que intenta controlar las entradas, a los ciudadanos griegos que la inmigración simplemente no tiene lugar en Grecia, y a inmigrantes, reales y potenciales, que entrar en la UE por Grecia puede ser un infierno de detención indefinida, abusos policiales e impunes agresiones racistas. Grecia no está sola en sus abusos, ni en sus prácticas ilegales de retornos en caliente en frontera: España y Bulgaria están en el punto de mira de las organizaciones de derechos humanos por ellas.

Se intuye un giro más a la derecha en el control de la inmigración con consecuencias nefastas

Italia, conmocionada tras la muerte de 360 personas cerca de Lampedusa en octubre de 2013, dejó de devolver barcos de inmigrantes al caos libio y de ignorar la suerte de cientos de náufragos. Actualmente lleva a cabo la operación Mare Nostrum, con el rescate como prioridad y más de 100.000 personas salvadas en alta mar, y carga con sus costes. Los socios europeos han aprovechado las demandas italianas de solidaridad para pedir la sustitución de Mare Nostrum por una nueva operación de la agencia europea Frontex, limitada a evitar entradas. Una carta enviada este mismo mes por los ministros de exteriores de España, Polonia, Alemania, Francia y Gran Bretaña a la Comisión omite cualquier referencia a los rescates y pone el acento en el control, y en redoblar la presión sobre los países de tránsito (como Marruecos, Túnez y Libia) y de origen.

La frontera sur de Europa es un espacio de impunidad y suspensión del Estado de derecho. Agobiados por su incapacidad de crear una política de inmigración que resuelva la ecuación entre necesidad económica, derechos individuales y apoyo popular, y de gestionar un sistema de asilo que respete los compromisos europeos, los gobiernos exhiben allí su dureza. El precio de su política, cruel e ineficaz, se cuenta en miles de vidas humanas.

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