Una prenda de vestir como último vestigio para reconocer un cadáver
La Fiscalía exhibe la ropa de peruanos asesinados por los militares entre 1980 y 2000 para que los identifiquen sus familiares
En Lima, la capital de Perú, la Fiscalía exhibe desde el viernes zapatos, pantalones, ponchos y camisas que han sido exhumadas de fosas, para que los familiares de la violencia que azotó al país entre 1980 y 2000 reconozcan al menos las pertenencias de sus familiares. Durante esos 20 años, la violencia desplazó a 500.000 peruanos, que rehicieron sus vidas en otros lugares de la nación andina (de 1.285.216 kilómetros cuadrados, una superficie más de dos veces mayor a la de España), y la exposición se realiza por primera vez fuera de Ayacucho, donde estalló el conflicto. Lo hallado en las fosas alrededor del cuartel Los Cabitos —el principal centro militar de tortura y ejecución extrajudicial ubicado en Ayacucho— ha llegado a una zona limeña de desplazados, San Juan de Lurigancho, el distrito con más asentamiento de ayacuchanos en Lima y el más poblado del país. Hasta ahora las prendas de seis personas han sido identificadas.
La exhibición de prendas, explicó Juan Manuel Borjas, de la Fiscalía Penal Supraprovincial de Huancavelica y Ayacucho, “es una diligencia con un sentido humanitario, para calmar la ansiedad de quienes buscan a sus seres queridos”.
Entre 2005 y 2009 el equipo forense especializado del Ministerio Público encontró 110 cuerpos, aunque solo 53 completos, al lado del cuartel Los Cabitos, en la zona conocida hasta hoy como La Hoyada, un botadero de cadáveres en los años ochenta que más tarde incluyó un horno para incinerar los restos. Desde Los Cabitos, el Ejército dirigía las operaciones contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.
Borjas anunció en San Juan de Lurigancho que en diciembre concluirá la investigación de este “caso complejo, dado que hubo por lo menos 90 eventos”, es decir, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros del Ejército.
La investigación fiscal a cargo de Borjas se conoce como “Cabitos 84 y otros años”, dado que está en curso el juicio “Cabitos 83”, en la Sala Penal Nacional de Lima desde mayo 2011, contra nueve oficiales del Ejército acusados por la fiscalía en 2008.
“El lugar fue encontrado lleno de arbustos. Sembraron cactus, rellenaron con basura, fue en un momento un campo de entrenamiento militar; en otro, un campo de moto-cross”, explicó el arqueólogo Luis Rueda, mientras mostraba imágenes de las excavaciones que hizo su equipo.
Al lado de los tres hornos hallados por Rueda había ladrillos. “El libro del [periodista peruano] Ricardo Uceda Muerte en el Pentagonito aludía a ‘La Ladrillera’ y fue una pista para saber dónde excavar”, añade. ¿Hicieron la ladrillera para simular otro uso del horno? “Es posible”, responde el arqueólogo a este diario.
La investigación de Uceda señala que los primeros muertos en Los Cabitos datan de 1983, “de los días en que se mataba prisioneros sin saber qué preguntarles” y que los jefes militares decidieron en 1986 incinerar los quizá 500 cuerpos enterrados en el cuartel, para evitar problemas en una posible visita del entonces presidente Alan García, luego de dos matanzas masivas de civiles en operaciones del Ejército.
El libro Cuartel Los Cabitos: lugar de horror y muerte, publicado por la Asociación Pro Derechos Humanos, recoge el testimonio de supervivientes de tortura y violación sexual sufrida en esa instalación militar y de testigos de que sus familiares entraron a ese lugar y desaparecieron. La mayoría cuenta que los sacaban a la fuerza de sus casas, por la noche, y les ordenaban llevar una frazada con la que les tapaban la cabeza para que no vieran a dónde eran llevados.
“Este es el distrito donde se encuentra la mayor cantidad de desplazados, por favor acérquense a identificar estas prendas, tu familiar puede estar aquí”, explica Luis Aronés, el presidente de la Coordinadora Nacional de Víctimas de la Violencia. Aronés añade que aún esperan que el ministerio de Justicia envíe al Congreso la ley de búsqueda de personas desaparecidas, pues hay 16.000 desaparecidos en Perú, y no es obligación del Ministerio Público realizar exhumaciones con fines humanitarios, de restitución de restos.
Además de las prendas exhumadas en Los Cabitos, en la casa de ‘Aldeas Infantiles’ de Huáscar, en San Juan de Lurigancho, también muestran las recuperadas en Totos (provincia de Cangallo, Ayacucho), a donde algunos detenidos de Cabitos eran trasladados. De 17 cuerpos exhumados solo siete tenían ropa. La base militar de Totos fue otro centro de tortura, según la Comisión de la Verdad y el periodista Uceda.
Gloria Solís, residente en San Juan de Lurigancho, llegó a la muestra debido a que su primo desapareció de Castrovirreyna (Huancavelica) en aquellos años. “Se llama Valentín Quispe, era quien nos llevaba al colegio. En ese tiempo entraban a tu casa a patadas y se lo llevaron. Cuando yo tenía 14 años vinimos a Lima, nos instalamos en Villa María del Triunfo, pero por mi esposo hemos venido a vivir aquí”.
Las prendas estarán en exhibición hasta este domingo 21 y luego pasarán a Huamanga, la capital de Ayacucho. Del 9 al 16 de septiembre las ropas fueron expuestas en el centro de Lima, y seis personas fueron identificadas por sus familiares, a quienes se les tomó muestras de ADN. “En estos días hemos llenado 16 fichas de identificación de prendas”, precisó la antropóloga de la Fiscalía Betty Gamboa.
El manual ME-41-1 de las fuerzas armadas indicaba que “todo elemento subversivo capturado debía ser sometido a interrogatorios continuos y rigurosos”. Sin embargo, detuvieron en Los Cabitos a cientos de personas no vinculadas con el grupo terrorista.
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