La lacra policial que atenaza Río

Mientras el Gobierno de Río de Janeiro pelea a brazo partido por recuperar la confianza de la sociedad en su Policía Militar e invierte ingentes cantidades de dinero en Unidades de Policía Pacificadora (UPP) con el propósito de ganarse a los vecinos de las favelas, el cáncer de la corrupción parece mantenerse vivo en el corazón de la institución. La detención esta semana del coronel Alexandre Fontenelle Ribeiro de Oliveira, número tres en la pirámide jerárquica de la Policía Militar y máximo responsable del Comando de Operaciones Especiales (COE), que aglutina al Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), al Grupo Aeromarítimo (GAM) y al Batallón de Choque (BPChoq), tres de los cuerpos de élite más incisivos y respetados de Río, viene a confirmar que las mafias continúan campando a sus anchas en las filas de la policía carioca y que el problema está lejos de resolverse.

Fontenelle y otros 24 policías, entre ellos cinco oficiales, fueron capturados durante la operación Amigos S.A. bajo la acusación de formar una banda criminal que cobrara cuantiosas cantidades de dinero a comerciantes, mototaxistas, transportistas y conductores de furgonetas ilegales de pasajeros, a cambio de hacer la vista gorda y permitir que continuaran operando irregularmente. La operación representa un nuevo mazazo a la credibilidad de la policía de Río.

Se da la circunstancia de que Fontenelle integró hace seis años el grupo de 24 policías que intentó prohibir judicialmente la exhibición de la laureada película Tropa de Élite, en la que se narran las vergüenzas de la Policía Militar carioca en toda su crudeza. El ya excomantante del COE adujo que el largometraje dañaba la honra y la dignidad de la institución. La denuncia fue desestimada por una jueza tras considerarla improcedente.

El mismo policía que otrora abanderó con ahínco la decencia y la ética profesional de su gremio salía el pasado lunes por el portal de su residencia del acomodado barrio de Leme escoltado por varios agentes y en medio de una nube de fotógrafos que no perdían detalle de su gesto inexpresivo. La operación Amigos S.A. fue la culminación de meses de investigaciones y pinchazos telefónicos que llevaron a la detención de Fontenelle y 24 comparsas más. En el momento de la captura, el oficial se encontraba en su apartamento acompañado de su madre y su hermana. Según fuentes policiales, en el interior del inmueble no había signos de ostentación. Fontenelle, con camiseta deportiva, portaba en su cartera un grotesco papel garabateado con lo que a todas luces era la contabilidad y el reparto de un botín. "Eu 10.000" (Yo 10.000), rezaba un renglón del documento. La policía también se incautó de una escritura de un inmueble en la turística y glamurosa localidad costera de Buzios cuyo titular era el detenido.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Río, los 25 acusados obstaculizaban la labor policial en el periférico barrio de Bangú "dejando de servir a la población". La fiscalía asegura que el decimocuarto Batallón de la Policía Militar que opera en Bangú se convirtió en un "mostrador de negocios" o en una "verdadera sociedad anónima en la que las ganancias provenían de la recaudación de sobornos por parte de diversos equipos de policías responsables de patrullar la zona". Gran parte de las ganancias iban destinadas a lo que la fiscalía denomina "la Administración", que en román paladino sería la cúpula policial encargada de comandar a la tropa, dar ejemplo y mantener la paz y el orden en el deprimido barrio. Comerciantes, transportistas, mototaxistas y furgonetas piratas pagaban semanal o mensualmente cantidades en metálico que oscilaban entre los 50 reales y los 10.000 reales a cambio de obtener una licencia oficiosa para continuar con las actividades ilegales.

De la operación Amigos S.A se extraen tres conclusiones inmediatas: primero, que la cruzada contra la corrupción policial lanzada hace años por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Río, José Mariano Beltrame, sigue vigente. Con sus luces y sus sombras, la gentión de Beltrame al frente de las policías de Río no deja margen a dudas sobre su determinación de limpiar una imagen históricamente empañada por innumerables episocios de corrupción. En segundo lugar, la detención de Fontenelle y sus secuaces deja un regusto amargo, pues confirma feacientemente que ni el más alto escalafón policial está libre de sospecha. Aun así Beltrame ha declarado que no hará cambios en el comando de la Policía Militar, al menos de momento. Por último, el golpe a la mafia policial de Bangú se produce a poco menos de tres semanas de las elecciones presidenciales y a Gobernador, algo que se puede interpretar como un guiño del actual gobernador, Luiz Fernando Pezao, al electorado carioca, asqueado por los frecuentes casos de corrupción y amedrentado por la inseguridad.

Según el Instituto de Seguridad Pública (ISP) de Río, casi todos los indicadores de criminalidad han empeorado en el Estado fluminense durante los primeros ocho meses del año si se toma como referencia el mismo periodo de 2013. Los aumentos más significativos se produjeron en los siguientes indicadores: homicidios dolosos (11,4 %), tentativas de homicidio (31 %), robos a comercios (23,5 %), robos a transeuntes (40,3%) y robos de vehículos (31 %).