Abusos y violencia en la prisión de Rikers Island

Ann Griffin, de 61 años, cree que la vida de su hijo vale lo mismo que la de los periodistas decapitados en Irak o la de las miles de víctimas de los terroristas islamistas a los que Barack Obama ha prometido destruir. Y quiere justicia. Su hijo, Bradley Ballard, de 39 años, no murió en Irak o en Siria, sino abandonado en una celda para enfermos mentales de la prisión de Rikers Island, en pleno Nueva York, desnudo en el suelo, cubierto con sus propias heces, sin recibir medicación para su esquizofrenia y diabetes y con una goma anudada en los genitales que le provocó una isquemia. Durante días de laceraciones y autolesiones, nadie le atendió. Dos días después de su fallecimiento, su madre recibió una llamada en Houston (Texas), donde vive. “Su hijo ha fallecido de un ataque al corazón”, le dijeron.

Griffin demandó el miércoles ante un tribunal federal de Manhattan a los responsables de la prisión, a la empresa que gestiona sus servicios sanitarios (Corizon), a los médicos encargados y a los funcionarios implicados por lo que un oficial consideró un “homicidio”. El argumento de la acción judicial es muy simple: mientras su hijo agonizaba quienes debían atenderle se limitaron a mirar. “Ustedes están para rehabilitar a mi hijo, no para destruirle”, exclamó Griffin entre lágrimas durante una comparecencia ante la prensa.

El caso llega poco después de que las siniestras prácticas de Rikers Island salieran a la luz. En julio de este año, The New York Times publicó una investigación en que la se detallaba más de un centenar de casos de violencia contra presos de dicho establecimiento, muchos de ellos con problemas mentales. Preet Bharara, fiscal del distrito sur de Nueva York, publicó poco después un informe que constataba la “profundamente instalada cultura de la violencia” entre los funcionarios de Rikers Island a la hora de tratar a sus internos más jóvenes.

Bradley Ballard fue detenido en junio de 2003 por no informar de un cambio de domicilio cuando estaba en libertad condicional, según el informe obtenido por el periódico de Nueva York tras hacer un requerimiento judicial. En julio de ese año, fue trasladado a la unidad de psiquiatría del hospital Bellevue, donde estuvo 38 días. De allí pasó a la unidad mental de Rikers. El 4 de septiembre fue encerrado en su celda después de que se quitara la ropa y se pusiera a bailar de forma provocativa, continúa el informe obtenido por The New York Times. Estuvo encerrado una semana. Durante dos días no se le ofrecieron alimentos. Supuestamente, el personal médico debía visitarle dos veces cada jornada para administrarle medicación. No recibió ninguna.

El 10 de septiembre, Ballard vomitó y defecó sobre sí mismo. “Su cuerpo comenzó a fallar”, añade el informe. Durante horas, los guardias se limitaron a mirar de vez en cuando desde fuera de la celda. Finalmente llamaron al personal médico, que tampoco quiso entrar en el habitáculo. En lugar de eso, obligaron a entrar a otros dos internos con guantes y unas mantas. Cuando le sacaron en camilla, descubrieron que había anudado sus testículos con una gomas, lo que había degenerados los tejidos.

“El señor Ballard estaba a punto de morir tumbado en una camilla y un médico y una enfermera se quedaron de brazos cruzados y sin atreverse a tocar su cuerpo”, afirma la demanda. El interno murió unas horas después de ser trasladado a un hospital. El examen médico determinó que había muerto por una complicación diabética grave y una isquemia genital agravadas por un cuadro esquizofrénico.

El caso de Ballard es la punta de un terrible iceberg. “Rikers Island no funciona para los internos adolescentes. Es un lugar donde la fuerza bruta es el primer impulso en lugar del último recurso, un lugar donde los insultos verbales se pagan con lesiones físicas, un lugar donde las palizas son rutina y las rendiciones de cuentas, una excepción”, declaró el fiscal. Aunque su informe se centró en las condiciones de los internos de 16 a 18 años de tres cárceles del recinto, Bharara aseguró que los problemas eran extensibles a los otros siete edificios de adultos y mujeres. Rikers Island, con 12.000 presos, en el segundo recinto penitenciario de Estados Unidos (Los Ángeles ocupa el primera lugar, con 18.000 internos). Según la fiscalía, el 44% de la población reclusa adolescente ha sufrido trato violento con lesiones en alguna ocasión por parte de los funcionarios desde 2012.

La investigación de The New York Times detalló 129 casos en los que los presos sufrieron “lesiones graves” en altercados con los vigilantes a lo largo de 11 meses en 2013. Muchos de ellos requirieron atención médica fuera del recinto, ya que los servicios médicos de la prisión no disponían del material necesario para tratarlos. El dato más preocupante es que el 77% de los lesionados había recibido algún tipo de diagnóstico por enfermedad mental. En cinco casos, las lesiones fueron el preludio de un intento de suicidio. Ninguno de los funcionarios implicados fue investigado, procesado o sancionado. En su informe al alcalde Bill de Blasio, el fiscal Bharara habla de un impenetrable “código de silencio” entre los trabajadores de Rikers Island.

Los casos de depresión, esquizofrenia o desorden bipolar aparecen relacionados con muchos de los episodios violentos. Rikers tiene en estos momentos similar número de enfermos mentales (unos 4.000) que los 24 hospitales psiquiátricos del Estado de Nueva York. Esos enfermos representan casi el 35% de la población reclusa de la isla. Hace ocho años sólo representaban el 20%. Pero este no es un problema limitado a Rikers. Según algunos estudios, el 95% de los enfermos mentales registrados en Estados Unidos están en alguna institución penitenciaria. Y son estos los que cometen dos tercios de las violaciones de las normas de los centros y la mayoría de los incidentes violentos.

La violencia en Rikers no ha hecho más que crecer. Según los datos del ayuntamiento de Nueva York, los funcionarios han utilizado la fuerza contra internos en 1.927 ocasiones en los seis primeros meses de este año. Es un tercio más de lo sucedido el año anterior. Pese a que la población reclusa se ha reducido, en los últimos cinco años el uso de la fuerza por parte de funcionarios se ha incrementado un 90%.