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Las obligaciones pendientes de Perú con las víctimas

Los afectados por la violencia terrorista entre 1980 y 2000 no han recibido la indemnización completa

Un hombre escribe en un memorial a las víctimas en Perú.
Un hombre escribe en un memorial a las víctimas en Perú. AFP

Las víctimas de la violencia del terrorismo en Perú de los años 1980 a 2000 que sufrieron una violación sexual o quedaron con alguna discapacidad, y los familiares directos de los muertos o desaparecidos, tienen derecho a recibir una reparación de 3.500 dólares. En total, son 82.700 personas con derecho a indemnización. De todas las víctimas, 5.324 son afectadas por dos delitos, y, en teoría, deben recibir una doble indemnización. Sin embargo, y a pesar de lo establecido por la norma, reciben solamente el monto correspondiente a una reparación. Por ello, exigen al Estado cobrar lo que les corresponde.


“No hay peor lucha que la que se abandona”, dice Margarita Patiño, viuda del periodista Hugo Bustíos, asesinado en 1988 por miembros del Ejército en Ayacucho, departamento de la sierra sur donde la organización terrorista Sendero Luminoso inició su lucha armada. Forma parte del grupo de representantes de las víctimas civiles y familiares de las fuerzas del orden que toman la palabra en la ceremonia en Lima por los 11 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, encargada de la investigación de los años de violencia.

Cada 28 de agosto, una gran cantidad de familias se reúne para recordar a los seres queridos perdidos durante los 20 años de violencia y para hacer un balance de las obligaciones que el Estado peruano tiene hacia ellos.

Un informe de la Defensoría del Pueblo, enviado al Ministerio de Justicia el 28 de agosto, indica que 54.856 personas han recibido reparaciones económicas; los beneficiarios a los que les corresponde más de una indemnización, sin embargo, han recibido solo una. “Por ejemplo, existen víctimas que son beneficiarias directas —por tener una discapacidad o haber sufrido violación sexual— que, a su vez, son familiares de personas fallecidas y/o desaparecidas; o personas con más de un familiar víctima de fallecimiento y/o desaparición forzada”, explica el informe. Las víctimas directas reciben el monto de una indemnización, mientras que los familiares de las personas fallecidas y/o desaparecidas deben repartirlo: un 50% para la esposa o concubina y el 50% restante para los padres e hijos.

La Defensoría ha registrado un total de 88.559 delitos con derecho a reparación. El Estado, sin embargo, aún no ha desembolsado las indemnizaciones correspondientes a 33.703 delitos, el 38% del total de las obligaciones registradas hasta 2011.

“El Gobierno no ha dado respuesta a las principales demandas de las víctimas: muchas familias por desconocimiento no se han registrado hasta el 2011; por ello exigimos que se reabra el Registro Único de Víctimas para reparaciones económicas”, indica Luis Aronés, el presidente de la Coordinadora Nacional de Víctimas de la Violencia Política (Conavip), a la que pertenecen decenas de organizaciones regionales y provinciales.

El Registro Único de Víctimas es un padrón oficial destinado a reconocer a las víctimas de violaciones de derechos humanos y, aunque la ley establece que es permanente, un acuerdo de la Comisión de Alto Nivel que coordina las reparaciones, planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas, dispuso que en diciembre de 2011 se cerrara el plazo para reconocer a nuevos beneficiarios.

Al pie del monumento dedicado a las víctimas llamado ‘el Ojo que llora’, en Lima, Aronés comenta que desde 2011 el Congreso no pone en agenda el proyecto de ley del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. “Hoy no nos quiso recibir la presidenta del Congreso”, lamenta. Producto de la violencia entre 1980 y 2000, hay 16.000 desaparecidos en el país andino, y los restos de menos de 800 han sido encontrados y entregados a sus familiares. “La atención en salud mental no se está aplicando, ha quedado en promesas”, añade.

En el campo de la justicia también quedan asuntos pendientes. “El terrorismo no lo elegimos los peruanos. No se tiene los nombres de las personas que pertenecieron al Estado y cometieron excesos”, recuerda entre sollozos Sandra García, viuda del policía Roberto Morales, emboscado por Sendero Luminoso en 1993. Es una de las 7.000 viudas de miembros de las fuerzas de seguridad.

“No cederemos ante la petición cínica de pasar la página: no encontramos a nuestros desaparecidos y mucho menos hallamos justicia”, añade la viuda del periodista Bustíos.
Si bien comparten su agotamiento y dolor, los familiares de las víctimas confían en sus fuerzas. “Estamos aquí, cargados de esperanza de que a la impunidad también la venceremos. Con el compromiso de no olvidar, ni dejar que nuestro país lo haga”, advierte Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes de la Universidad La Cantuta asesinados por el grupo Colina, un escuadrón de muerte del Gobierno de Alberto Fujimori.

El Gobierno del presidente Ollanta Humala destinó cerca de 68 millones de dólares al pago de las reparaciones económicas, pero aún no responde sobre las que faltan.