El padre Toño, en prisión por colaborar con las maras en El Salvador
Dos tribunales antimafias lo procesan por introducir objetos ilícitos en los penales y ayudar a líderes de las violentas pandillas en sus extorsiones
El sacerdote manchego Antonio Rodríguez Tercero ya no duerme en su habitación que está al lado de la parroquia de San Francisco, en la ciudad de Mejicanos, en el nororiente de la capital salvadoreña, enclavada en una zona de fuerte presencia pandilleril. Hoy el conocido como padre Toño, de 38 años de edad, tiene por morada una celda en la División Central de Investigaciones (DCI) de la policía después que el martes pasado el tribunal especial antimafia B le impusiera prisión provisional y su caso pasara a la etapa de instrucción, por su presunta colaboración con las pandillas o maras.
El padre Toño, también director del Servicio Social Pasionista (SSP), una organización religiosa dedicada a la prevención de la violencia y a la rehabilitación de jóvenes pandilleros, se encuentra en un verdadero aprieto. Luego de dos maratónicas audiencias iniciales de procesos penales, celebradas este lunes y martes, los juzgados antimafias A y B de El Salvador, lo enviaron a la cárcel acusándolo de introducir a prisión objetos ilícitos, como teléfonos y de colaborar con líderes presos de la mara Barrio 18.
Durante la primera audiencia, el sacerdote también fue procesado por asociación ilícita y tráfico de influencias, según especificó la Fiscalía General de la República (FGR). El juzgado especial antimafia consideró que el caso debía pasar a instrucción y decretó libertad provisional al español, que no pudo gozar porque ese mismo día se le inició otro proceso, esta vez por el delito de extorsiones.
El juzgado especializado B ordenó prisión provisional y envió el caso a instrucción para que se ahonden las investigaciones que servirían para una posible condena de varios años de cárcel para el sacerdote español.
Durante las dos largas audiencias también fueron procesados unos 75 presuntos pandilleros, que fueron enviados a distintas cárceles salvadoreñas. Los abogados del padre Toño rechazaron las acusaciones de la fiscalía y las medidas tomadas por el juzgado antimafia. Alegaron irregularidades como la no competencia del tribunal para procesar a Toño y aseguraron que apelarán ante la Cámara contra el Crimen Organizado de San Salvador. La decisión del tribunal de no permitir que la prensa nacional pudiera escuchar los alegatos de la fiscalía también fue muy criticada.
El juzgado antimafia B basó su fallo en cinco llamadas telefónicas interceptadas al líder de la mara Barrio 18, Carlos Mojica Lechuga, conocido como Viejo Lin, en las que supuestamente el padre Toño, hace gestiones en favor de la banda criminal. El religioso y sus abogados desmienten la versión. El sacerdote ha aceptado que ha tenido contactos con las pandillas, pero que lo hace en función de un diálogo para evitar la violencia. La fiscalía alega, no obstante, que los contactos evidencian comisiones de delito, como el ingreso de objetos ilícitos a los penales y abogar por el traslado de reos en cárceles de máxima seguridad a penales más flexibles.
Los acusadores apuntan que las llamadas entre Toño y el Viejo Lin involucran a funcionarios del Gabinete de Seguridad, a quienes el sacerdote habría pedido regular la intensidad de los bloqueadores de señales telefónicas en las cárceles. Todo esto, según las pesquisas, con el fin de que los delincuentes pudieran tener una mejor comunicación con sus cómplices que están en libertad y así seguir delinquiendo.
La captura y el proceso contra el padre Toño se realiza cuando hay un incremento de la violencia pandilleril. Las cifras oficiales indican que durante los dos meses de gestión del presente Gobierno, junio y julio, el promedio de homicidios se ha colocado en 11 diarios, cuando anteriormente, era de nueve.
En el anterior Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) se implementó una cuestionada tregua entre pandillas, que tuvo muchos mediadores, entre ellos el padre Toño. La tregua logró disminuir los homicidios diarios de 15 a 6. En septiembre de 2013 el Gobierno desconoció el proceso de la tregua entre las pandillas y los crímenes comenzaron a ascender, hasta el actual momento. El Salvador es catalogado como el cuarto país más peligroso del mundo, según Naciones Unidas (ONU), por sus tasas de homicidios mayores de 40 por cada 100.000 habitantes.
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