Estados Unidos restringe visados a altos cargos del Gobierno venezolano
Washington considera a los sancionados “cómplices” de la represión de las protestas sociales
Cambio de estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela: tras resistirse durante meses a imponer sanciones como le reclamaba el Congreso, el Gobierno de Barack Obama anunció este miércoles la revocación o denegación de visados a “un grupo” de altos funcionarios venezolanos.
Los considera “responsables o cómplices” de la violación de derechos humanos durante las protestas contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro que comenzaron en febrero, al haber tenido algún tipo de responsabilidad en las “detenciones arbitrarias”, el “uso excesivo de la fuerza” o en los “esfuerzos por reprimir la expresión legítima del disenso”.
Desde Washington no se ha revelado la identidad ni número de los sancionados, a los que la portavoz del Departamento de Estado Marie Harf simplemente se refirió como “individuos en varios niveles del Gobierno, desde ministros a asesores presidenciales y funcionarios judiciales, además de militares y agentes de la ley”.
Según Harf, esto no cambia el “claro mensaje” que se desea enviar con esta medida: “Aquellos que cometan este tipo de abusos no serán bienvenidos en Estados Unidos”.
Pero el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destacó la necesidad de “transparencia” en estos casos. “De lo contrario, puede ser distorsionado a nivel local como una sanción arbitraria”, advirtió.
La revocación de los visados a funcionarios se queda corta frente a las demandas del Congreso, que lleva meses reclamando una respuesta contundente de Washington a Caracas que incluya congelar los bienes de altos funcionarios en territorio estadounidense.
Pero aun así constituye un cambio de rumbo, puesto que hasta ahora el Gobierno se había resistido a aprobar sanciones u otro tipo de medidas de presión, argumentando que son contraproducentes porque Caracas podría usarlas como una “distracción”.
Senadores tanto demócratas como republicanos que el martes habían escrito al secretario de Estado, John Kerry, urgiéndole a que enviara una “señal fuerte” a Venezuela por el incesante “deterioro de la democracia” en ese país, saludaron la medida como un “importante primer paso”. Pero como dijo el republicano Marco Rubio, a ella “le debería seguir la congelación de bienes” de funcionarios venezolanos en EE UU.
Los que violan los derechos de los manifestantes “pasan sus fines de semana en EE UU. Viajan a EE UU en jets privados que compraron con dinero robado para quedarse en sus modernos apartamentos o mansiones. Compran en nuestras tiendas. Se pasean por nuestras calles. Y el lunes por la mañana, vuelven a trabajar a tiempo completo violando los derechos humanos”, denunció Rubio en junio en el Senado.
El senador por Florida había identificado un mes antes a un total de 23 altos miembros del gobierno y de las fuerzas del orden a las que considera responsables de la represión de las protestas.
Entre ellas figura el exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal, quien tras ser detenido en Aruba a petición de Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico, fue liberado por sorpresa el domingo.
La decisión de Holanda —de cuya política exterior depende la isla caribeña— fue criticada por el Departamento de Estado, que dijo estar “profundamente decepcionado” porque Carvajal, que fue recibido en Venezuela como un héroe, es un “narcotraficante con orden de búsqueda” en Estados Unidos. Washington afirma que Carvajal usó su puesto como jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGIM) para proporcionar “ayuda material” a las actividades narcotraficantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Gobierno de Obama ha rechazado que la restricción de visados a funcionarios de Venezuela con este caso. “No está relacionado”, aseguró la portavoz Harf.
Michael Shifter, presidente del presidente think tank Diálogo Interamericano, apunta que más allá del revés de Carvajal, la decisión viene tras “crecientes” presiones del Congreso y la “frustración” del propio gobierno por la “falta de avances” en el diálogo entre oposición y gobierno en Venezuela.
“EE UU parece pensar ahora que los beneficios de actuar pesan más que la posibilidad de reforzar a Maduro y unificar la opinión antiestadounidense en América Latina”, dijo a EL PAÍS. “Pero los efectos de esta decisión sobre la crisis en Venezuela con suerte serán mínimos, y podrían llegar a ser contraproducentes”.
“La mejor opción para presionar al gobierno de Venezuela sigue siendo la diplomacia multilateral, que democracias de la región, especialmente aquellas con más peso como Brasil, presionen al gobierno de Maduro”, coincidió Vivanco.
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