La batalla por la reforma sanitaria de Obama sigue dividiendo a los tribunales

Una corte federal de Apelaciones rechazó este lunes uno de los artículos fundamentales de la reforma sanitaria aprobada por el presidente Obama en 2010. La decisión, que será apelada por la Casa Blanca, llegó casi al mismo tiempo que una segunda, de otra corte distinta, que afirmó exactamente lo contrario. Los dos dictámenes son un ejemplo más de cómo la medida legislativa más importante del primer mandato del presidente demócrata, justo cuando da señales de consolidación entre los ciudadanos, sigue dividiendo a la justicia estadounidense cuatro años después de su aprobación.

La primera decisión judicial de este martes puede suponer el encarecimiento de los seguros médicos contratados por más de la mitad de los 8 millones de estadounidenses, al rechazar los subsidios proporcionados por el Gobierno federal a través de la reforma. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró sin embargo en rueda de prensa que la Administración Obama garantizará el coste actual a pesar de la sentencia. Apenas unas horas después, otra corte de Apelaciones, dictaminaba que las subvenciones sí deben estar permitidas.

La reforma sanitaria estableció la creación de un nuevo sistema de salud basado en la obligación de los ciudadanos a contratar una póliza -conocido como ‘mandato individual’ y respaldada por el Tribunal Supremo en 2012-, el deber de las aseguradoras a proporcionar dichas pólizas independientemente de las condiciones médicas previas del ciudadano y, por parte del Gobierno federal, la aportación de subsidios que redujeran el coste de los seguros.

Con la legislación nació el conocido como “mercado” de seguros médicos, una bolsa de pólizas donde los ciudadanos pueden comparar prestaciones y costes. Estos mercados son imprescindibles para el funcionamiento del sistema: 24 Estados han accedido a crearlos pero otros 36 se han negado -siguiendo la iniciativa de gobiernos republicanos en contra de la reforma- por lo que cuentan con un mercado supervisado por el Gobierno federal.

Nuestra decisión puede tener importantes consecuencias para los millones de individuos que reciben subsidios como para las aseguradoras”

Y en esa división surgió la demanda decidida este martes en Washington, la última de una serie de iniciativas (incluidos más de 40 votos en la Cámara de Representantes) para revocar la ley o impedir su funcionamiento tal y como fue concebida. El texto legal dice que los ciudadanos tendrán acceso a subsidios para pagar el seguro médico cuando este sea “proporcionado por el Estado”. Para los demandantes, el Estado se refiere a cada uno de los 50 gobiernos estatales, no el Gobierno federal. Para la Casa Blanca, por el contrario, el Gobierno federal actúa como sustituto en el caso de los 36 Estados que se negaron a participar en el sistema y que, técnicamente, el mercado sigue siendo estatal.

“Al menos hasta que los Estados creen esos mercados de seguros, nuestra decisión puede tener importantes consecuencias tanto para los millones de individuos que reciben subsidios a través del sistema federal como para las aseguradoras”, reconoció el juez Thomas Griffith, autor de la sentencia en contra de la parte fundamental de la reforma. De resultar bloqueados los subsidios, la decisión afectaría a cinco millones de personas.

Harry Edwards, el único de los tres jueces que votó a favor de este artículo de la ley ante la Corte de Apelaciones, argumenta en su texto que las subvenciones son imprescindibles para el funcionamiento de la reforma. Éstas “garantizan que el mandato individual tiene suficiente influencia como para atraer a ciudadanos sanos que entren en el mercado y le doten de estabilidad”.

Una de las claves para el éxito de la reforma, según defendió en numerosas ocasiones la Administración Obama, fue lograr que ciudadanos jóvenes y sanos adquirieran pólizas médicas. Su contribución al “mercado” permitiría sufragar los gastos en los que incurre el sistema al sufragar seguros de la población enferma y mantener el precio estable y más barato que antes en el sistema anterior.

La sentencia emitida este martes en contra de la reforma todavía puede ser apelada por la Administración Obama e incluso terminar su recorrido en el Tribunal Supremo. En el caso de avanzar y si la máxima instancia judicial del país da la razón a los demandantes, la reforma perdería definitivamente uno de los elementos esenciales de su arquitectura y vería amenazado su funcionamiento.