Nueva acusación de ciberespionaje chino en EE UU
La noticia coincide con los intentos de Pekín y Washington por superar la desconfianza mutua
La noticia de que hackers chinos lograron acceder en marzo a los ordenadores de la agencia gubernamental estadounidense que guarda datos personales de todos los funcionarios federales no pasaría quizás de ser una anécdota más en las constantes acusaciones mutuas de ciberespionaje entre Washington y Pekín si no fuera por el momento en que ha salido a la luz: justo cuando el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, se encontraba en China participando en una nueva ronda del Diálogo Estratégico y Económico, uno de los instrumentos de diálogo bilateral más importantes entre ambos países.
Según The New York Times, que destapó la noticia de la que este jueves se hacía ya eco toda la prensa estadounidense, antes de que se detectara y frenara el ataque, los hackers chinos lograron acceder a algunas de las bases de datos en los que la oficina de personal federal almacena la información personal de los funcionarios que solicitan un pase para tener acceso a información de alto secreto.
El Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado a la prensa el ciberataque, pero ha subrayado que no hay constancia de que se haya perdido información comprometedora. Y si bien se ha rastreado la pista de los hackers hasta China, no está claro que los piratas informáticos actuaran en nombre del Gobierno chino.
Pero lo interesante de este caso no es el ataque en sí —ciberataques chinos de este tipo son constantes— sino que tuviera éxito, aunque la información obtenida no sea a primera vista de importancia clave. Y también el hecho de que se conozca justo cuando Washington y Pekín tratan de superar la desconfianza mutua generada precisamente por episodios como este.
En mayo, cinco militares chinos fueron acusados formalmente por el Departamento de Justicia estadounidense de ciberespionaje industrial. Aunque es improbable que el caso llegue jamás a juicio, en vista de que para ello los acusados tendrían que personarse en Estados Unidos, el gesto fue más que simbólico: era la primera vez que EE UU presentaba cargos criminales contra funcionarios de otro país. Y lo hacía contra la poderosa China, a la que Washington ha acusado una y otra vez de ataques informáticos.
Además, este caso podría a su vez llevar a otros países a intentar sentar en el banquillo a funcionarios estadounidenses por cargos similares, todo ello en momentos en que no ha acabado el flujo de revelaciones sobre el alcance del espionaje mundial realizado por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) norteamericana filtradas por Edward Snowden.
De hecho, hace un año era EE UU el que se retorcía incómodo, después de que Snowden asegurara que el Gobierno de Barack Obama —y de sus predecesores— lleva años accediendo a ordenadores de China y Hong Kong y que la NSA tiene incluso una unidad ultrasecreta dedicada exclusivamente a tratar de entrar en los sistemas informáticos del gigante asiático.
Las revelaciones de Snowden, además de enrarecer las relaciones de Washington con algunos de sus más estrechos aliados internacionales, han llevado a intentos de limitar el alcance de la recopilación de información como los metadatos a nivel global.
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