Las industrias contaminantes financiarán el tren de alta velocidad de California

Si finalmente sale adelante será el primer tren de alta velocidad de EE.UU y unirá las dos principales ciudades del oeste: San Francisco y Los Ángeles. Y parece que esta vez, tras las muchas polémicas que ha tenido que sortear el proyecto, va a lograrlo. Acaba de recibir un fuerte impulso en la aprobación del presupuesto estatal, que entrará en vigor a primeros de julio.

Hacer realidad el llamado bullet train costará 250.000 millones de dólares y, tal y como le han luz verde los legisladores en Sacramento, parte de ese coste será financiado con el dinero que generan los programas de reducción de los gases de efecto invernadero. Se estima que los denominados en inglés cap-and-trade programs van a costear unos 68.000 millones de dólares, provenientes de las empresas que contaminan el medio ambiente con gases de efecto invernadero y tienen que pagar por hacerlo.

“Los programas cap-and-trade suponen la mayor fuente de financiación para nuestro presupuesto”, ha expresado públicamente el senador demócrata por Santa Mónica, Richard Bloom. Un dinero que por ley es obligatorio invertir en proyectos que reducen los gases de efecto invernadero, tal y como es el caso del tren de alta velocidad, que contribuirá a disminuir la contaminación generada por el flujo de vehículos en los 600 kilómetros que separan Los Ángeles de San Francisco. El resto de los ingresos se dedicarán a iniciativas que utilicen energías limpias y eficientes y a construir casas a precios abordables.

Se trata del mayor esfuerzo realizado hasta ahora por California para combatir el cambio climático, con ingresos provenientes de las empresas que tienen que pagar cuando sus emisiones contaminantes exceden los límites permitidos.

La financiación del tren de alta velocidad se enmarca dentro del presupuesto de 156.000 millones de dólares aprobado en Sacramento, en un ambiente de optimismo por el resurgir económico de California tras años de déficit y recorte en los gastos.

Ello se traduce en que habrá más dinero para las escuelas, con especial incidencia en la extensión de preescolar para los hijos de las familias con menos recursos, las universidades públicas y los gobiernos locales.

El capítulo de gastos se incrementa en 7.300 millones de dólares, ascendiendo a 108.000 millones. También aumenta el llamado rainy-day fund, un fondo estatal para cubrir emergencias, a 1.600 millones de dólares y se reduce el costo de las pensiones para los trabajadores públicos, uno de los grandes agujeros presupuestarios que tratan de amortiguar.

El presupuesto abre también el camino para que los inmigrantes indocumentados puedan obtener el permiso de conducir, al eliminar el requerimiento de alegar una residencia legal en los formularios para obtenerlo.