El largo camino del perdón

Una noche de hace ocho años, Gloria Janeth Salamanca emprendió un viaje que no ha logrado terminar. Llevaba una semana sin saber nada de su hijo de 20 años y cruzó el país para buscarlo en su lugar de trabajo en un pueblo a varios días de Bogotá. Apenas sabía nada de las FARC, y ahora nombra frentes y líderes con sus nombres y sus alias. Allí le dijeron que la guerrilla lo había asesinado y llegó incluso hasta el campamento donde se suponía que estaba o había estado. No sirvió de nada. La última noticia fiable llegó un año después, y era que las FARC lo habían trasladado a otro lugar. Cada día desde entonces, esta mujer cálida y expresiva de 54 años se pregunta si está vivo o muerto.

Colombia es un país lleno de víctimas. Donde 6,5 millones de personas, de una población de 47 millones, están afectadas por una guerra que dura ya cinco décadas y ha causado 220.000 muertos. El diálogo de paz con la guerrilla que el Gobierno mantiene en La Habana empieza ahora a negociar el punto más doloroso y arriesgado de la agenda, el de cómo se va a resarcir a quienes el conflicto les ha partido la vida. No se hará sin ellos: a Cuba viajarán grupos de víctimas. Se trata de concretar qué verdad, qué justicia y qué reparación van a tener. De cómo las FARC, por ejemplo, van a ayudar a indemnizar a las víctimas. Cómo van a pedir perdón. Si habrá penas de cárcel para alguien y qué otro tipo de medidas se pueden tomar. Todo eso está por pactarse, en un momento en el que el futuro de la negociación de paz está en el aire, convertida en el eje de la campaña electoral y atravesada por una política emocional y polarizada.

“A mí ya me repararon, pero todavía no sé la verdad”, afirma, mientras rebusca en su bolso en una cafetería del centro de Bogotá. “Le voy a presentar”, y saca una chapa con la foto de un chico en camiseta. “Este es John Jairo”. Salamanca está de acuerdo con el proceso de paz. Es su oportunidad, dice, de saber qué ocurrió. “La verdad duele, enferma, pero yo ya estoy preparada para conocerla”, cuenta. Ella recibió unos 2.000 euros, igual que el padre de su hijo, y el hermano, 4.000. Con eso se compró unos aparatos de masaje y trabaja, entre otros, para funcionarios de la Unidad de Víctimas, el organismo creado hace dos años y medio para gestionar la tarea de indemnizar y reparar.

Paula Gaviria está al frente de esa oficina donde todas las cifras son descomunales. “Lo que se está haciendo es inédito, reparamos a víctimas mientras siguen llegando más. En este tiempo las hemos estado buscando, porque muchas no estaban registradas como tales”, cuenta. La enorme mayoría son desplazados —5,5 millones— que tuvieron que huir de sus casas para salvar la vida. El resto, un millón, son afectados por numerosas variedades del horror: mutilados por minas, secuestrados, familiares de asesinados, de desaparecidos. En este tiempo han llegado a 385.000 personas, a las que han indemnizado por 905 millones de euros. “También tenemos planes individuales de atención psicológica, social, de viviendas, de ayuda para que sepan cómo administrar o poner a rendir la indemnización”, cuenta. Calcula que, para los diez años que tiene mandato la unidad, se necesitarán 21.600 millones de euros, y ahí entra también la restitución de tierras a los campesinos despojados.

Salamanca recuerda cada detalle del viaje al campamento guerrillero, el atravesar zonas con selva, controles de la guerrilla, pueblos abandonados, carteles de desaparecidos. Al principio le cayó encima toda la soledad. “Los odié mucho por quitarme a mi hijo. Quería que se murieran, quería morirme yo”, cuenta. “Tardé cuatro años en empezar a perdonar, el odio me estaba enfermando. Pero nunca voy a olvidar, y las víctimas nos merecemos justicia”. Para Salamanca, eso significa que le digan qué pasó con su hijo, quién es el responsable y por qué lo hizo. “Yo a los guerrilleros me los llevaría al campo a cultivar, a que sean productivos, pero ahí en la cárcel andan mejor que uno. Prefiero que aprendan a trabajar la tierra en vez de llenarla de sangre”, opina.

Las voces sobre qué es justicia son tan distintas como las víctimas de esta guerra. “Necesitamos que nos pidan perdón públicamente y un reconocimiento de que se equivocaron”, dice Ricardo Valencia, un representante de Caquetá en un encuentro regional de víctimas en un hotel del centro de la capital. “La reparación administrativa no lo cubre todo, queremos que los que tengan delitos de lesa humanidad vayan a la cárcel, aunque sea menos tiempo”, explica delante de otros compañeros. Debaten junto a los inmensos ventanales del piso 17, desde donde se ven los verdes cerros y la caótica enormidad de Bogotá. A él lo secuestraron los paramilitares. A Bonifacio, las FARC. Heladio tuvo que huir de sus tierras. “Hay que distinguir entre los guerrilleros rasos, que muchas veces son nuestros hijos reclutados como carne de cañón, y los jefes”, apunta él, que evitó que se llevaran al suyo.

El viaje de Gloria Janeth Salamanca no ha terminado y el de los colombianos no ha hecho más que empezar. “Creo que tendremos que ceder y ellos tendrán que pedir perdón, esto es solo el principio, porque lo importante es que no se repita”, comenta Jorge Vásquez, representante de la mesa nacional de las víctimas, con unas 4.000 asociaciones. Ese es el discurso de Clara Rojas, la hoy congresista que estuvo 6 años en la selva secuestrada junto a la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt. “Es desafortunado que las elecciones entren en esto, desdibuja lo que se está haciendo”, lamenta, consciente de que “es la primera vez que un proceso así avanza tanto”, afirma. “Hay que buscar el camino de la reconciliación, y es muy largo, tiene muchos kilómetros”, reflexiona.