El Gobierno chileno rechaza un gigante eléctrico en la Patagonia

Después de seis años de trámites y de una fuerte controversia política y social, el Gobierno de Michelle Bachelet ha decidido cerrar la puerta al megaproyecto eléctrico HidroAysén en la Patagonia chilena. La solución era previsible: la propia presidenta socialista, en su campaña, había adelantado en 2013 que se trataba de un plan “inviable”. Y en estos tres primeros meses de mandato lo habían reiterado los secretarios de Energía y Medio Ambiente. Pero la determinación de un comité de ministros institucionalizó el término de la tramitación administrativa de este proyecto a cargo de las generadoras Endesa Chile y Colbún, el mayor plan de energía en la historia de este país que tiene los precios de electricidad más caros de Latinoamérica.

El proyecto contemplaba la construcción de cinco presas en la región de Aysén, con una inversión de 3.200 millones de dólares (2.363 millones de euros). El complejo hidroeléctrico aportaría 2.750 megavatios al sistema que abastece de electricidad al centro y sur de Chile y un área de inundación estimada en 5.910 hectáreas. El consorcio había realizado una inversión de 320 millones de dólares en estudios (236 millones de euros) y en mayo de 2012, en pleno Gobierno de Sebastián Piñera, había detenido la tramitación ambiental del tendido eléctrico a la espera de mayores consensos políticos.

La determinación del Gobierno deja sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de HidroAysén de 2011, que había sido respaldada por los máximos tribunales de justicia chilenos, y deja poco espacio para hacer viable el plan. La decisión unánime se basó, sobre todo, en el estudio de 34 reclamaciones de la comunidad y de grupos ambientalistas en contra del megaproyecto. Y los seis ministros determinaron tres razones para parar la construcción de las presas: la inexistencia de un plan de relocalización de 39 familias, la falta de evaluación del impacto hidrológico y la carencia de estudios sobre los efectos en la fauna terrestre.

"No creo que respetar la institucionalidad sea una amenaza para alguien"

“Era la hora de tomar decisiones y, esta vez, con la necesaria legitimidad social […] Estamos convencidos de que si los nuevos proyectos de energía son sustentables, serán viables en cualquier región del país […] La resolución del comité de ministros es simbólica, pues cierra un ciclo de controversias para Aysén y también para la discusión energética nacional”, señaló el ministro de Energía, Máximo Pacheco, en una columna de opinión publicada por el periódico chileno La Tercera.

El proyecto HidroAysén no era popular en la ciudadanía y se había convertido en un símbolo de la lucha ambientalista, sobre todo después de las protestas sociales de 2011. En Chile, la frase “Patagonia sin represas” suele estar presente en toda clase de manifestaciones, en las redes sociales y no es extraño leer el eslogan en las pegatinas de los coches y en las camisetas de los jóvenes. En los principales lugares turísticos del país, como la ciudad portuaria de Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago, se ofrecen productos con la consigna “Chao HidroAysén”. Y por ello, cuando se conoció la resolución del Gobierno, cientos de personas salieron a las calles a festejar en la ciudad sureña de Coyhaique y en la capital.

El Gobierno se ha esmerado en mostrar señales de tranquilidad: “No se están cambiando las reglas del juego. No creo que respetar la institucionalidad sea una amenaza para alguien”, indicó el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en respuesta a las críticas de los principales gremios empresariales. El sector privado está convencido de que el rechazo a HidroAysén generará incertidumbre en el desarrollo de proyectos y en el costo de la energía para Chile. “La señal que se está entregando es que se opta por energía menos limpia y más cara, en circunstancias que Chile tiene la energía más costosa de América Latina”, indicó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz. Lo secundó el líder de la Sociedad de Fomento Fabril, Hermann Von Mühlenbrock: “Es un riesgo para otros proyectos. Los ambientalistas podrían decir ‘Si paramos este proyecto, paramos todos los que tengan que ver con agua’. No es una buena decisión cerrarle las puertas a un proyecto hidráulico”.

El consorcio formado por Endesa Chile y Colbún analiza diferentes caminos para mantener vivo el proyecto y, pese a que el Gobierno lo ha dejado prácticamente muerto, la empresa no descarta acudir a la justicia, reformular el plan e, incluso, pedir compensaciones al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El expresidente Piñera, en cuyo Gobierno también se dilataron las decisiones institucionales sobre las represas, señaló: “Que los dos actores más importantes del sector eléctrico fueran los dos accionistas principales de este proyecto —Endesa Chile y Colbún— fue políticamente una decisión que no favoreció su viabilidad”.