El retraso de la reforma migratoria aumenta los riesgos en la frontera

Edgar Torres está decepcionado. Luego de un largo camino que lo ha llevado a México y luego de regreso a Estados Unidos donde ahora espera por la decisión sobre un posible asilo político, cree que las decisiones que vienen de Washington simplemente están truncando sus sueños por cálculos políticos.

“Creía que la revisión podría ayudar en mi caso y en el de muchos jóvenes que viven en Texas, sobre todo porque acá en noviembre probablemente serán elegidos muchos republicanos que se oponen a la inmigración. Esperaba que el presidente nos ayudara a obtener licencias, trabajar, pero sobre todo a no vivir con miedo”, insistió.

Torres se fue de Estados Unidos en 2010 después de que un juez determinara una salida voluntaria en su caso. Fue en México donde se enteró que el gobierno estadounidense dejaría de deportar a jóvenes como él que habían llegado indocumentados al país antes de cumplir 16 años, a través de una medida conocida como "acción diferida".

Era tarde pero eso no lo detuvo y regresó al país, se presentó en la frontera y pidió asilo político por problemas de seguridad. El nuevo anuncio realizado por la Casa Blanca supone ahora una gran desilusión.

Su disguto no es único y también se puede percibir en la voz de Gregory Chen, director de abogacía de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA). En su opinión un potencial retraso en la revisión de deportaciones hasta fin de este verano, es decir agosto, implica mantener una situación que perpetúa la ausencia de responsabilidades frente abusos del actual sistema de inmigración, sobre todo en regiones fronterizas.

“La Patrulla Fronteriza (CBP) ha ampliado enormemente su esfera de acción y ahora va mucho más allá, incluso 100 millas hacia el interior del país. Están usando tácticas increíblemente agresivas y están operando en un marco que carece de responsabilidades”.

“Un retraso como el que decidió la Casa Blanca implica que problemas como este continúen”, agregó. “Es un tiempo extremadamente largo para esperar, considerando que la vida de miles de personas está en la línea”.

Aunque su organización reconoce que un una reforma migratoria es una solución e insisten en que se deben realizar los máximos esfuerzos para lograrla, ven que la ventana para concretar legislación se está cerrando.

Para Dina Nuñez, directora del Movimiento del Valle por los Derechos Humanos, quien se dedica a trabajar por los inmigrantes en Texas, el retraso en la revisión del Departamento de Seguridad Nacional no significa nada.

Hace mucho tiempo que perdió las esperanzas respecto a cambios a nivel federal. “Hemos trabajado mucho con otras organizaciones y los esfuerzos no han sido fructíferos ya no le creemos a Obama. Desde hace tiempo que estamos enfocados en enseñarle a la gente cómo defenderse de una deportación”, aseguró.

“Hemos tenido mucho más éxito de esa manera, resultados concretos, en lugar de seguir empujando por cambios administrativos”, concluyó.

Para Satnam Singh Chahal la decisión de la Casa Blanca es una noticia devastadora, después de esfuerzos inútiles por liberar a decenas de detenidos de origen indio que se encuentran recluidos en el Centro de Procesamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de El Paso desde junio.

Varios de ellos lideraron una huelga de hambre en abril por las condiciones en que permanecen recluidos y ahora han expresado innumerables quejas donde aseguran que están siendo acosados en el centro, además de describir el trato de los funcionarios como “doloroso”.

“Ellos están siendo discriminados. Me llaman constantemente y me comentan lo que ocurre. Para ellos el tiempo es esencial y este retraso en una revisión de la política de detención y deportaciones es simplemente muy malo”, comentó Chahal, director ejecutivo de la Asociación Punjabi de Norteamérica (NAPA).

“Se supone que Estados Unidos es el protector de los derechos humanos y aquí se están violando todos los días”, agregó.

La mayoría de los detenidos han aprobado la primera etapa en la petición de asilo defensivo, que consiste en establecer las pruebas de que su vida estará en riesgo si regresan a sus países. Pero la espera ha sido una tortura para ellos y sus familias, quienes tenían la esperanza de cambios inmediatos y ahora deberán seguir esperando.