Obama ordena retrasar la nueva política de deportaciones

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha retrasado la revisión de la política de deportaciones del país para dar una última oportunidad al Congreso para aprobar la reforma del sistema de inmigración. Obama ha ordenado al secretario de Seguridad Nacional que continúe estudiando todas las posibilidades, pero que no presente sus resultados hasta finales de verano.

Según adelantaron fuentes de la Casa Blanca, la prioridad del presidente es “aprobar una solución definitiva para las personas que viven en las sombras y que solo podrán salir con una reforma migratoria”. Obama considera que el período de sesiones legislativas que se abre ahora hasta finales de agosto constituye “una oportunidad para que la Cámara de Representantes cierre la reforma”.

El proyecto de ley de reforma migratoria se encuentra bloqueado en la Cámara después de que el Senado aprobara su versión en junio del año pasado. El líder republicano John Boehner ha manifestado en numerosas ocasiones su intención de aprobar la legislación, aunque apuesta por plantear su propio texto, en vez de debatir el que ya cerró el Senado con apoyo de los dos partidos.

Obama encargó al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, que revisara las políticas de deportación del Departamento, encargado de regular el sistema de inmigración, para hacerlas “más humanas”. El presidente ha recibido duras críticas de parte de la comunidad hispana, especialmente afectada por las deportaciones, por no actuar en defensa de los indocumentados. En respuesta, la Administración ha dado señales de que podría cancelar las deportaciones de aquellos ‘sin papeles’ que no tengan antecedentes penales y revisaría el programa conocido como Comunidades Seguras”, que otorga a la policía local potestad para entregar a sin papeles a las autoridades de inmigración.

Si la mayoría republicana no actúa antes de agosto, Obama podrá alegar que les ha dado todo el margen del que disponía antes de aprobar medidas unilateralmente

Cualquiera de estos gestos serviría para aliviar la presión sobre la Casa Blanca, pero también podría poner en peligro el apoyo de los republicanos a la reforma migratoria, por lo que Obama ha decidido esperar. Con las elecciones de noviembre en el horizonte, esta estrategia responde a varios factores. Las críticas a la política de deportaciones -la expulsión de más de dos millones de personas durante los últimos cinco año le ha valido a Obama el apodo de ‘deportador en jefe’- aleja el apoyo de la comunidad hispana hacia los candidatos demócratas.

Por otro lado, las palabras de Boehner no se han traducido aún en la presentación de un proyecto de ley concreto en la Cámara. Si la mayoría republicana no actúa antes de agosto, Obama podrá alegar que les ha dado todo el margen del que disponía antes de aprobar medidas unilateralmente. “El presidente quiere dar tiempo al secretario [Johnson] mientras otorga a la Cámara el espacio necesario para arreglar el sistema de inmigración, negando así a los republicanos cualquier excusa para no tomar medidas”, asegura un miembro de la Administración.

Obama puede emplear su potestad para aprobar medidas por medio de acciones ejecutivas y, aunque ha defendido anteriormente que prefiere que las medidas legislativas vengan del Congreso, ya las ha empleado anteriormente en materia de inmigración. Cuando la comunidad hispana también amenazaba con dificultar su reelección en 2012, canceló las deportaciones de jóvenes indocumentados cinco meses antes de las elecciones. La falta de avances en el Congreso este verano puede servir de justificación, una vez más, para tomar medidas desde la Casa Blanca y revisar las políticas de deportación.

El anuncio de la Casa Blanca llegó un día después de que una coalición de organizaciones religiosas y sindicatos a favor de la reforma pidiera a Obama más tiempo para que avance la propuesta republicana en la Cámara. “Solicitamos al presidente que permita que este proceso siga adelante antes de tomar medidas ejecutivas. Consideramos que el presidente debe actuar con cautela”, asegura el comunicado de grupos como el Foro Nacional de Inmigración o el Sindicato Nacional de Empleados de Servicios.

Las organizaciones coinciden en que si la mayoría republicana no aprovecha estos próximos meses, “la Administración se verá obligada a utilizar las herramientas de que disponga legalmente para prevenir la separación y el trauma económico que ya se ha convertido en una rutina para tantas familias”.

Esta apuesta cuenta con el apoyo también de líderes demócratas como el senador Charles Schumer, uno de los artífices de la propuesta bipartidista aprobada el pasado verano. El demócrata defendió la semana pasada que la reforma legislativa es la mejor opción, pero “si los republicanos no sacan adelante un proyecto de ley ahora, el Presidente no tendrá otra opción más que proceder por su cuenta”.