Brasil, acusado de incumplir un fallo contra la dictadura militar

Brasil fue acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) de incumplir una sentencia que ese tribunal le impuso en 2010 por la violenta represión que la dictadura militar lanzó de 1972 a 1975 contra la Guerrilla del Araguaia, en la zona amazónica del sector central de esa nación, con 70 campesinos y rebeldes detenidos arbitrariamente, torturados y desaparecidos a la fuerza.

Las secuelas de la dictadura que gobernó a Brasil de 1964 a 1985 revivieron este miércoles en el estrado de la Corte, máximo tribunal de protección a los derechos humanos de América, en una audiencia privada a la que acudieron siete familiares de las víctimas y sus representantes y delegados del gobierno brasileño a nombre del Estado. La Corte, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en San José, escuchó a las partes y se pronunciará en unos tres meses.

Pese a que en 2010 fue condenado por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de las 70 personas—entre militantes del Partido Comunista y campesinos—que ordenó para combatir a la Guerrilla del Araguaia, los parientes aseguraron que el Estado brasileño ha incumplido con gran parte del fallo.

“El Estado no cumple porque no hay voluntad política de cumplir”, aseguró la brasileña Victoria Grabois, de 70 años, al salir de la audiencia, y tras relatar que perdió a tres familiares en los hechos de Araguaia: Mauricio, su padre y quien tenía 61 años, André, su hermano y de 27, y Gilberto Olimpio, su esposo y de 31.

“Si hubiera voluntad política la cumpliría. Lo más importante de todo es que para saber lo que realmente aconteció en este episodio de la Guerrilla del Araguaia es necesario que se abran los archivos de las Fuerzas Armadas en la época de la dictadura militar en Brasil. Si se abrieran esos archivos, nosotros, la sociedad y los familiares, sabríamos todo lo que ha ocurrido”, advirtió, al mostrar una camiseta blanca que tiene impresas las fotografías de sus parientes desaparecidos.

Ataviada con otra camiseta blanca con la gráfica de André, su esposo y también hermano de Victoria, la brasileña Crimea Almeida, de 68, contó que acudió a la cita porque en la guerrilla “perdí a mi compañero” y alertó que la sentencia está pendiente de total cumplimiento porque “nuestra democracia, a pesar de que hemos tenido avances inmensos, es muy frágil”.

“No tenemos una democracia participativa, solo representativa. Si hubiera una democracia participativa el Estado habría cumplido, porque los estados solo cumplen lo que exigen los pueblos que les eligieron”, describió, tras el cierre de la audiencia.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), instancia jurídica de Washington que es representante legal de los familiares, aseguró que los culpables de las “graves violaciones” a los derechos humanos cometidos por la dictadura brasileña siguen sin ser juzgados, porque una Ley de Amnistía, emitida en 1979 en Brasil y refrendada en 2010 por el Tribunal Supremo de esa nación, está vigente y perdonó a los responsables de las atrocidades.

Pero la embajadora de Brasil en Costa Rica y agente del Estado brasileño ante la Corte, María Dulce Silva Barros, declaró a El País al final de la comparecencia que “hay voluntad política total” de cumplir, aunque admitió que el acatamiento ha sido parcial.

“El Estado considera que ha cumplido, aunque parcialmente, algunas de las demandas pero todavía eso no se concluyó”, afirmó, al explicar que se esperarán “las observaciones” de la Corte. “Hoy se puede discutir todo, de que si cumplimos algunos puntos y de que no cumplimos otros, y de que no cumplimos tal vez mucho, pero hay una disposición del Estado brasileño. Cambió la mentalidad y hay un entendimiento consensual, no solamente del Estado, sino de la sociedad y de las autoridades brasileñas, que eso tiene que ser una página a la que hay que darle vuelta”, adujo.

“En este momento que tenemos un gobierno que tiene una presidenta (Dilma Rousseff) que sufrió en su propia piel algunos de estos dramas terribles por los cuales pasaron las familias, y a las cuales quiero dar toda mi solidaridad, porque soy una brasileña que sufrió la dictadura en Brasil, pero no se puede dudar de la intención política de llevar adelante estas soluciones”, recalcó.

En un veredicto emitido el 24 de noviembre de 2010, la Corte-IDH declaró culpable al Estado brasileño de desaparición forzada, de las violaciones a los derechos a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad y a la libertad personal, a las garantías y la protección judiciales, y a la libertad de pensamiento y expresión, y de incumplir con sus obligaciones de adecuar su derecho interno a la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada en 1969 en Costa Rica y conocido como Pacto de San José.

La Corte-IDH condenó al Estado brasileño a indemnizar a los parientes, así como a “conducir eficazmente” una investigación de los hechos para aclararlos, determinar responsabilidades penales, sancionar a los culpables e impartir cursos y programas obligatorios de respeto a los derechos humanos a “todos los niveles jerárquicos” de las Fuerzas Armadas de Brasil.

También le sentenció a esforzarse por determinar “el paradero de las víctimas desaparecidas”, identificar y entregar los restos a sus familiares, suministrarles tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, tipificar el delito de desaparición forzada de personas e investigar, buscar y sistematizar toda la información acerca de la “Guerrilla del Araguaia” y de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar. La condena ordenó al Estado a realizar un acto público de “reconocimiento de responsabilidad internacional” por los sucesos en Araguaia.

Amnistía: pieza clave

Consultada por este diario al salir de la audiencia, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, explicó que “el Poder Judicial de Brasil plantea que la amnistía impide investigar los hechos, porque se limitan las responsabilidades de aquellos que estuvieron vinculados al conflicto armado. Otros dentro de ese Poder plantean que los delitos prescribieron, porque se cometieron hace muchísimo tiempo y se carece de información”.

Al detallar los incumplimientos, subrayó que “el Estado no avanza en la búsqueda de los restos de los 70 ni en temas de justicia. La desaparición forzada no ha sido tipificada como delito y esto es muy grave, porque impide que avancen las investigaciones penales. No hay avance porque el Poder Judicial todavía no acoge la sentencia de la Corte en el caso de Araguaia de eliminar la interpretación errónea de la amnistía que señaló la Corte”.

“El Gobierno brasileño, al más alto nivel, necesita enviar un mensaje fuerte acerca de su voluntad de que haya un castigo razonable para aquellos que estuvieron vinculados a los crímenes contra la humanidad que se cometieron contra la dictadura”, advirtió.

“Sin avances, solo se investigó a dos militares responsables de la desaparición forzada de seis de las víctimas. Las partes esenciales de la sentencia siguen sin ser cumplidas. Si no está tipificada la desaparición forzada y el Poder Judicial no escucha la sentencia de la Corte, no va a haber justicia y no se van a encontrar los restos de los desaparecidos”, arguyó. Otro desacato a la sentencia, señaló, es la falta investigación para hallar y sancionar a todos los culpables de lo sucedido en Araguaia.