Doce muertos por un derrumbe en una mina ilegal en Colombia

Sin descanso continúan los trabajos de rescate en una mina ilegal de oro en la vereda San Antonio, del municipio caucano de Santander de Quilichao (oeste de Colombia), en donde el miércoles pasado toneladas de tierra y barro sepultaron a por lo menos 16 mineros artesanales de los cuales, cuatro siguen sin aparecer, por lo que la tragedia deja hasta ahora un saldo de 12 muertos que ya fueron rescatados, tres de ellos el mismo día del derrumbe, ocho más el sábado y uno este domingo.

Ha sido tal la desesperación de los familiares, que algunos de ellos han pedido participar en la remoción de escombros que realizan más de 70 bomberos de dos departamentos, unidades de rescatistas del ejército, la policía, Defensa Civil y Cruz Roja, que suman un total de 400 socorristas. Estos se han valido de las retroexcavadoras que se usan para la explotación del oro en la zona aledaña a la ribera del río Quinamayó, que atraviesa toda esta región al suroccidente de Colombia.

En la larga espera, cientos de personas se agolpan en el filo de la montaña que da acceso a la mina ilegal de unos 100 metros de largo, con la esperanza de que los que continúan sepultados puedan estar con vida, algo que parece remoto, ya que los cuerpos hallados hasta ahora estaban a una profundidad de 20 metros.

Una familia ha perdido dos hijos: quedan nueve niños huérfanos

Familiares de los desaparecidos han reconocido que muchas personas de la región que se dedicaban al campo, se aventuraron a trabajar por pura necesidad en este tipo de minas en las que sin ninguna medida de seguridad se construyen socavones en las riberas del río. Las retroexcavadoras abren los socavones formando a lado y lado montañas de tierra y es ahí cuando los improvisados mineros, llamados barequeros, entran a buscar el oro. Hasta ahora, nadie da razón de quiénes son los dueños de estas máquinas, que pueden costar unos 150.000 dólares cada una.

Esto fue lo que le ocurrió a la familia Carabalí, que ha denunciado que tiene cinco desaparecidos, tres hombres y dos mujeres. “Les rogué hasta el cansancio que no fueran a la mina de noche, que era peligroso, pero de necios se fueron y ahora no los voy a poder tener más en la casa”, relató a medios locales la madre de los hermanos Joiner y Meller de 36 y 39 años. En total, en esta familia quedan nueve niños huérfanos.

El derrumbe en San Antonio ha reactivado el debate en torno a la falta de control por parte del Estado a la minería ilegal en el país que en su gran mayoría es controlada por grupos armados ilegales. Según los reportes de los medios locales, solo en la región del río Quinamayó, puede haber cerca de 50 minas a cielo abierto sin ningún permiso de funcionamiento. “No podemos seguir llorando sobre tragedias anunciadas”, dijo este domingo el vicepresidente Angelino Garzón haciendo un llamado a que se coordine la erradicación de este tipo de minas entre el gobierno, la policía y los territorios.

Precisamente, el alcalde de Santander de Quilichao ha explicado que en el pasado intentaron cerrar la mina de San Antonio decomisando la maquinaria, pero los mineros artesanales no lo permitieron, ya que el rebusque del oro representa su único ingreso. Esto, a pesar de que se han registrado más muertes en otras ocasiones –se habla de cerca de 40–, cuyos cuerpos siguen enterrados. El ministro de Minas, Amylkar Acosta, no niega la responsabilidad del gobierno y ha dicho hay “mafias que usan a la gente humilde como escudos humanos para impedir los operativos policiales”.

Se estima que solo en esta región de Colombia, unas dos mil personas extraen oro de manera ilegal. Y según un reportaje del diario El País, de Cali, a diferencia de lo que afirman algunas autoridades locales, en el sentido de que la guerrilla está detrás de este negocio, “lo que dicen los lugareños es que hay una mafia organizada a la que muchos miran con beneplácito y agradecen la generación de empleo en la zona”. Esto a pesar de que el daño ambiental es evidente y poco queda de aquellas tierras donde hasta hace poco se vivía de la agricultura.

Según cifras oficiales, en lo corrido del año se han registrado 43 muertes de mineros, de los cuales, 30 trabajaban en minas ilegales.